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En vista de la creciente preocupación que estaban manifestando los productores arroceros en el país por cuenta de los precios del producto, el Gobierno Nacional anunció a través del Ministerio de Agricultura, medidas que buscarán mejorar la situación.
Entre el plan se contemplan apoyos en materia de alivio de deudas, crédito, financiamiento, normalización de cartera a través del Banco Agrario, infraestructura e incentivos al almacenamiento.
Los anuncios hechos por Andrés Valencia, titular de la cartera de Agricultura, contemplan la inyección de 4.500 millones de pesos para la construcción de un molino de prelimpieza, secado y almacenamiento de arroz en Espinal, Tolima, como una de las soluciones a los problemas derivados de la falta de infraestructura.
A través de un comunicado de prensa, Valencia aseguró que “seguiremos apoyando la construcción de logística para la comercialización de los productores del campo, no solamente participaremos de forma activa en los molinos de arroz sino en otro tipo de infraestructura como centrales de beneficio de café o de enfriamiento para el caso de productos lácteos”.
Según el mismo funcionario, esto facilitará una integración vertical en la cadena de producción, permitiendo al agricultor, comercializar su cosecha de paddy seco (producto no perecedero) o arroz blanco, rompiendo la dependencia del canal tradicional. El convenio fue firmado con Fedearroz y la inversión total es de cerca de 8 mil millones de pesos.
Vale la pena recordar que se crearon líneas de crédito subsidiadas, además del beneficio a la prima de seguro, que este año tiene recursos cercanos a los 80.800 millones de pesos (ver Radiografía).
Finalmente, el Gobierno anunció más medidas para evitar la comercialización de arroz de contrabando. En conjunto con la Polfa, la Dian, el ICA y el Invima se ha logrado la aprehensión de 127 toneladas del producto, especialmente en la zona sur de Colombia, alimento que ha sido avaluado en 180 millones de pesos.
Sumado a esto, el pasado 14 de marzo Deyanira Botero, gerente general del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), llamó la atención a través de un comunicado de prensa sobre el impacto que genera la proliferación de las semillas ilegales en el país, problema que pasa factura por 213.000 millones de pesos en pérdidas al sector.
“La situación es preocupante pues afecta el intercambio de semillas hacia otros países y hace que el riesgo fitosanitario sea mayor”, agregó Barrero .