La Contraloría General de la República advirtió riesgos en el borrador de decreto del Ministerio de Trabajo que busca reglamentar el traslado de recursos pensionales desde fondos privados hacia Colpensiones.
El análisis preliminar del ente de control señala que esta medida podría implicar que recursos destinados al ahorro pensional de largo plazo terminen financiando gasto corriente, específicamente el pago de mesadas.
Según el informe, esta situación genera preocupación por el uso de dineros que originalmente están concebidos para garantizar pensiones futuras.
¿Cuántos recursos y afiliados están involucrados?
Con corte a febrero de este año, ya se han trasladado 119.496 personas desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) hacia el Régimen de Prima Media (RPM), administrado por Colpensiones.
Los recursos asociados a estos traslados ascienden a aproximadamente $24,7 billones. De ese total, 18.507 personas ya tienen derecho a pensión, con ahorros cercanos a $5,1 billones.
Por su parte, 100.989 afiliados aún no han adquirido ese derecho y continúan aportando cerca de $686.642 millones anuales.
¿Por qué el traslado sería jurídicamente inviable?
La Contraloría explicó que, aunque el proyecto de decreto se basa en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, esta misma norma establece que los recursos deben permanecer en las cuentas individuales administradas por las AFP hasta que se consolide el derecho pensional.
En ese sentido, el traslado total de los recursos no sería viable, dado que la mayoría de los afiliados aún no cumple con los requisitos para pensionarse.
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A esto se suma que, incluso en el caso de quienes ya tienen derecho a pensión, las administradoras han señalado dificultades para trasladar los recursos. El Decreto 1225 de 2024 indica que estos deben permanecer en los fondos privados mientras no entre en operación el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo.
Actualmente, dicho fondo no está en funcionamiento, por lo que no existiría un mecanismo institucional para recibir estos recursos, lo que limitaría la aplicación del decreto propuesto.
¿Qué impacto tendría en las finanzas públicas?
El ente de control advirtió que este escenario podría aumentar el pasivo pensional del Estado. Esto ocurriría al sustituir ahorro de largo plazo por un alivio fiscal inmediato, trasladando cargas económicas a futuras generaciones.
En otras palabras, la obligación de pagar pensiones se mantiene, pero se reduce el ahorro disponible para cumplir con ese compromiso.
La Ley 2381 de 2024, que sirve de base para este decreto, se encuentra actualmente suspendida y bajo revisión de la Corte Constitucional.
La Contraloría recordó que, en caso de que la norma sea declarada exequible, los recursos ahorrados deberían trasladarse al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, que sería administrado por el Banco de la República, y no a Colpensiones para el pago de mesadas.
Por ello, concluyó que la implementación del decreto, en las condiciones actuales, no sería viable desde el punto de vista jurídico ni operativo.
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