El Consejo Gremial Nacional expresó su solidaridad con los departamentos afectados por la emergencia invernal, pero manifestó su rechazo a que el estado de excepción se utilice para introducir cambios estructurales en materia tributaria, ambiental y regulatoria.
El Consejo Gremial Nacional reiteró su respaldo y solidaridad con los departamentos impactados por la emergencia invernal y con los colombianos que atraviesan dificultades como consecuencia de esta calamidad.
La entidad reconoció la necesidad de adoptar medidas urgentes para atender la crisis y mitigar sus efectos, especialmente frente a fenómenos climáticos y sociales que demandan respuestas inmediatas por parte del Estado.
Sin embargo, la organización expresó su rechazo categórico a la utilización del estado de emergencia invernal como mecanismo para expedir normas que, según señala, no están estrictamente orientadas a conjurar la crisis.
El Consejo Gremial cuestionó que bajo esta figura se estén introduciendo modificaciones estructurales en ámbitos tributarios, ambientales, financieros, operativos y sectoriales, que deberían ser objeto de debate y trámite en el Congreso.
De acuerdo con el ente del sector privado, estas decisiones exceden el carácter transitorio y excepcional que la Constitución, en su artículo 215, asigna a las facultades del Ejecutivo en estados de excepción y desbordan el ámbito propio del proceso legislativo ordinario.
El pronunciamiento enfatiza que principios como la seguridad jurídica, la separación de poderes y la confianza legítima son pilares del orden constitucional y del desarrollo económico.
Entre las preocupaciones señaladas están la posible imposición de cargas sobre ingresos brutos, la creación de tributos extraordinarios, la alteración de compromisos contractuales y la modificación de condiciones regulatorias estructurales, incluyendo reformas como la de la jurisdicción agraria, adoptadas bajo la figura de emergencia.
Según el Consejo Gremial, este tipo de decisiones constituyen un precedente institucional de máxima gravedad y pueden afectar la percepción de riesgo país.
Se insistió en que la inversión en Colombia requiere reglas claras, previsibles y estables. Cuando el marco normativo puede alterarse bajo un estado de excepción con reformas estructurales, el mensaje para el mercado es que el riesgo institucional aumenta y la confianza disminuye.
Por ello, solicitó al Gobierno Nacional que comparta de manera transparente los costos estimados de la emergencia.
Finalmente, el Consejo Gremial Nacional insistió en su llamado al respeto estricto de los límites constitucionales del estado de excepción y a la defensa del equilibrio institucional. A su juicio, la estabilidad jurídica no es un interés sectorial, sino un activo estratégico para el desarrollo económico y la competitividad del país.
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