Tras el retroceso que implicó la pandemia en el empleo para Colombia, el Consejo Privado de Competitividad (CPC) lanzó un paquete de recomendaciones para facilitar las contrataciones.
Al hacer la presentación del Informe Nacional de Competitividad 2021-2022, Ana Fernanda Maiguashca, presidenta del CPC, recordó que la crisis pandémica llevó a 3,8 millones de personas a la pobreza monetaria, “minando los avances que se habían logrado en este frente durante la última década”.
Así mismo, hizo hincapié en otros aspectos relevantes. Por ejemplo, que en Colombia hay 2,99 millones de personas entre 14 y 28 años que no trabajan y no estudian. Además, el hecho de que la informalidad laboral llega al 62,7% de la población ocupada.
Teniendo en cuenta esta serie de desafíos, el Consejo sugirió ajustar las normas laborales y de seguridad social para ofrecer empleos formales de calidad.
Así, planteó la creación de un seguro de desempleo, permitir contribuciones a la seguridad social por horas, mejorar el mecanismo para fijar el salario mínimo y reducir los costos laborales no salariales.
Estos últimos, según los cálculos del CPC, ascienden al 53% del salario promedio, dificultando la posibilidad de generar nuevos puestos de trabajo.
Con respecto a estas propuestas, Guillermo Sinisterra, docente de economía de la Universidad Javeriana, consideró que todas las iniciativas encaminadas a reducir el valor de las contrataciones pueden revisarse porque, en últimas, quieren mitigar la informalidad en un país relativamente inflexible en cuanto a regulación laboral.
A su modo de ver, “el salario mínimo en Colombia implica una rigidez muy fuerte y no poder contratar a alguien por media jornada se vuelve un impedimento muy grande para algunos trabajos en particular”.
Ahora, frente al pago de seguridad social por horas, consideró que sería muy difícil justificar como implementarlo sin llegar a perjudicar a los trabajadores. Adicional, en caso de considerarse esta opción, “el Gobierno debe pensar como hacer equivalente contratar por horas y por una jornada completa”.
Una perspectiva similar tiene Raúl Ávila, profesor de economía de la Universidad Nacional, quien expuso que reducir el costo de contratar puede ser beneficioso en el corto plazo. No obstante, “en el mediano plazo generaría unas externalidades bastante negativas porque, al final de su vida laboral, el trabajador tendrá un menor ingreso”.
Las iniciativas del CPC, desde su óptica, son bien intencionadas y buscan un bienestar generalizado, pero requieren un análisis detenido, especialmente por la coyuntura que Colombia y el mundo atraviesan.
Otros llamados
Durante la presentación del informe, el CPC emitió otras recomendaciones con miras a potenciar las condiciones macroeconómicas del país.
Por ejemplo, fomentar la absorción de tecnología y conocimiento en el aparato productivo nacional, sobre todo, a través de la internacionalización. Esto, según se entiende, consiste en sacar provecho de la ola migratoria venezolana.
De otro lado, el documento abogó por una proveeduría “confiable y eficiente” de la energía, pues pese a que en 2020 el precio del kilovatio por hora se redujo 7%, la tarifa todavía es superior al promedio de América Latina; de ahí que sea más costoso el valor en puerta de fábrica de un bien manufacturado en Colombia frente uno producido en Chile, por ejemplo.
En lo que a conectividad respecta, señaló que es necesario llevarle cobertura de internet a las poblaciones rurales. Aquí es necesario recordar que, de acuerdo con cifras oficiales, solo 7 millones de los 14 millones de hogares censados por el Dane cuentan con acceso a la red. Es decir, la brecha digital está por el orden del 50%.
Finalmente, el CPC anotó que se debe lograr un gasto público redistributivo y sostenible: “reformar el sistema pensional para avanzar en cobertura, equidad, sostenibilidad fiscal y financiera; continuar evaluando los subsidios considerando su efectividad y eficiencia y consolidar el Registro Social
2,99
millones de personas en Colombia no estudian ni trabajan actualmente.
