Los usuarios oficiales, como alcaldías, gobernaciones, ministerios, hospitales públicos y colegios oficiales, acumulan $1,5 billones en deudas con empresas de energía eléctrica, una cifra que representa el 34% de la cartera total de estas compañías y que, según la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), alcanzó un máximo histórico.
Ante esta situación, la Procuraduría General de la Nación (PGN) expidió la Directiva 016 del 21 de agosto de 2026, en la que exhortó a las entidades públicas a garantizar los recursos para atender oportunamente sus obligaciones por servicios públicos domiciliarios.
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La medida fue recibida por Asocodis como un llamado oportuno frente al crecimiento de la cartera oficial.
“La directiva se expide en momentos en que el monto de la deuda con las empresas ha alcanzado un máximo histórico, $1,5 billones”, explicó José Camilo Manzur, presidente de Asocodis.
El dirigente señaló que se trata de obligaciones ciertas, correspondientes a servicios efectivamente prestados, pero que en algunos casos han pasado de una vigencia fiscal a otra sin la apropiación presupuestal necesaria para cubrirlas.
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Procuraduría pide recursos para pagar las facturas de energía
La directiva está dirigida a gobernadores, alcaldes municipales y distritales, representantes legales, ordenadores del gasto y responsables de la gestión presupuestal, financiera y administrativa de entidades públicas del orden nacional, territorial y descentralizado.
El organismo de control les pidió apropiar en cada vigencia fiscal los recursos suficientes para atender los servicios públicos domiciliarios, así como tramitar, reconocer, registrar y pagar oportunamente las facturas causadas.
Asocodis invitó a los destinatarios de la directiva a avanzar también en el saneamiento de las deudas acumuladas de vigencias anteriores, con el fin de evitar el incumplimiento de sus deberes como usuarios de los servicios públicos.
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La Procuraduría advirtió que el incumplimiento de estas obligaciones podría derivar en actuaciones disciplinarias y, según el caso, constituir una falta gravísima para los funcionarios públicos responsables. El anuncio fue realizado durante la Mesa Técnica Permanente e Integral para la Seguridad Energética del 26 de agosto.
Mora oficial afecta las finanzas del sector eléctrico
Asocodis advirtió que la cartera oficial en mora afecta el flujo de caja de las empresas distribuidoras y comercializadoras y, por efecto de la cadena de pagos, puede impactar a los actores de generación, transmisión y distribución.
El gremio también señaló que esta situación reduce la capacidad de las compañías para invertir en reposición de redes, calidad y continuidad del servicio.
“Al final, ese costo lo terminan asumiendo los usuarios”, señaló Asocodis, al destacar que el pago oportuno de las entidades oficiales contribuye a la sostenibilidad del servicio y a la confiabilidad del suministro en las diferentes regiones del país.
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Empresas ofrecen acuerdos para normalizar las deudas
Las empresas afiliadas a Asocodis manifestaron su disposición para conciliar la cartera, suscribir acuerdos de pago y establecer mesas de trabajo con las entidades territoriales.
También ofrecieron entregar la información de facturación y consumo necesaria para que las entidades puedan presupuestar con mayor precisión los recursos destinados al pago del servicio de energía eléctrica.
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Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto deben las entidades públicas por el servicio de energía?
- Las entidades públicas deben $1,5 billones a empresas de energía eléctrica en Colombia. La cifra equivale al 34 % de la cartera total de estas compañías y representa un máximo histórico, según Asocodis.
- ¿Qué entidades públicas deben dinero por la energía?
- Entre los usuarios oficiales con obligaciones están alcaldías, gobernaciones, ministerios, hospitales públicos y colegios oficiales. La deuda corresponde a servicios públicos efectivamente prestados.
- ¿Cómo afecta la deuda pública a las empresas de energía?
- La mora reduce el flujo de caja de distribuidoras y comercializadoras y puede afectar la cadena de pagos del sector eléctrico. También puede limitar inversiones en redes, calidad y continuidad del servicio
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