Mucho debate ha generado la propuesta del presidente Iván Duque para financiar 14 billones que le hacen falta al Presupuesto General de la Nación, aprobado por 258,9 billones de pesos para 2019 y que pone en jaque la financiación de planes de gobierno sociales tan relevantes como la vivienda o el Plan de Alimentación Escolar (PAE).
EL COLOMBIANO habló con el nuevo director de Fedesarrollo, uno de los tanques de pensamiento más importantes del país, Luis Fernando Mejía, quien sucede a uno de los economistas más relevantes de la historia reciente de Colombia, Leonardo Villar, economista que dejó su cargo para ser miembro principal del directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Mejía aseguró que si bien aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) es una buena opción, el problema principal deviene del impacto que esto pueda tener en el costo de vida de las personas (que se mide a través de la inflación), en el consumo privado, que ha sido la base de recuperación económica del país, así como en los efectos, que no han sido claramente mencionados, más allá del próximo año.
Un aspecto relevante pues se reduce la tarifa de renta para las empresas de manera gradual, y se contemplan exenciones, en sectores específicos como agro, economía naranja y las megainversiones”.
¿Cuáles son las impresiones de la llamada ley de financiamiento o reforma tributaria de Duque?
“El proyecto de la Ley de Financiamiento o reforma tributaria tiene elementos muy positivos y que apuntan en la dirección correcta. Avanza en simplificación administrativa, elimina algunas exenciones importantes, plantea reducir el número de tarifas del IVA, en la línea de aumentar la simplificación de los impuestos y aumentar la eficiencia y productividad de las tarifas de impuestos del estatuto tributario.
Segundo, avanza en progresividad, en elementos como aumentar las tarifas marginales para personas de altos ingresos, se está produciendo un impuesto para las pensiones altas, recordemos (buena parte de subsidios pensionales de transferencias del estado a las pensiones se está yendo al 30 % más rico) y el tercer elemento es la competitividad.
En esa dirección se plantea una reducción de las tarifas estatutarias de renta para personas jurídicas, gradual en el curso de tres años, se introduce un descuento de 100 % de bienes de capital, esto es fundamental, porque buena parte de los países de América Latina y competidores de Colombia ya tienen ese descuento. También destacaría el impuesto simple” (ver Qué sigue?).
¿Qué les preocupa de la reforma?
“No compartimos la eliminación gradual de la renta presuntiva para las empresas; esto ha servido como una talaquera frente a los excesos de planificación tributaria de algunas compañías que generan pérdidas o ganancias muy pequeñas año tras año, que se limita con esta renta presuntiva, y que puede ser una fuente importante de recaudo”.
¿No se extraña una política sobre las rentas de capital?
“No se hizo mucho en rentas de capital. Si estamos pensando en mejorar en progresividad, los hogares más ricos, derivan buena parte de sus ingresos de esto, sería fundamental seguir avanzando en este tema”.
¿En cuánto debería quedar ese impuesto a los dividendos?
“No tengo una cifra correcta, pero lo que sí creo es que hoy la cifra puede estar entre 5 % y 10 %, dependiendo del monto de los dividendos, que si usted lo compara con una tarifa del 33 %, 35 % y 37 % para ingresos laborales más allá de cierto rango, pareciera que hay un espacio adicional para subir esas tarifas; hoy son muy bajas, frente a los ingresos que tributan a tasas más altas”.
Sobre el tema de IVA que ha generado controversia, ¿cuál es la postura?
“Este es un tema interesante, porque ya hay estudios muy serios que demuestran cómo estas exclusiones o exenciones de la tarifa del IVA de la canasta básica benefician a las clases media alta y alta del país. El espíritu es bueno, generar una ampliación de la base gravable devolviendo el costo adicional que se estaría pagando a las clases menos favorecidas. Nos preocupa la magnitud: aumenta en 30 puntos porcentuales los productos que tendrían la tarifa general del 18 %. Un impacto tan grande, en una ampliación en la canasta básica estimamos que podría tener un impacto de una sola vez en la inflación entre 3 puntos y 4 puntos porcentuales, es decir que si la tasa de inflación del Banco de la República es del largo plazo es del 3 %, la inflación subiría de 3 % a 6 % o 7 % una vez entre la reforma”.
¿Por qué preocupa la ampliación a más productos de la canasta familiar?
“Eso puede tener un impacto en la inflación que podría obligar al Banco de la República a subir sus tasas, también podría afectar el consumo privado, la demanda agregada, que es la fuente de crecimiento en el mediano plazo, esto genera preocupaciones”.
¿Qué pasa con el mediano y largo plazo?
“La más grande preocupación es que si uno hace un análisis detallado de la Ley de Financiamiento no encuentra ninguna referencia al impacto de la reforma más allá de 2019, no hay cifras del impacto neto en 2020, 2021 y 2022, y esta es una ley que plantea efectos multianuales (reduce la tarifa de renta de manera gradual, del IVA, las exenciones).
Si esto no está, no es claro el cumplimiento de la regla fiscal, que es la carta de navegación de la política fiscal. Si no se aclara el panorama permanecerá la incertidumbre de los inversionistas y de las calificadoras de riesgo. Es fundamental que el Gobierno aclare el impacto esperado de mediano plazo de la reforma para garantizar de nuevo si con esto se va a cumplir la reforma o vamos a estar abocados a otra reforma de aquí a dos años”.
¿Hay que ampliar la base gravable, si no es al 80 % de los productos de la canasta básica, debe hacerse, pero a una proporción menor?
“Comparto la preocupación de lo que podría significar en términos de erosión del recaudo tributario”.
¿Cuáles son las opciones para que el impacto no sea tan fuerte sobre la ampliación de la base gravable del IVA?
“Uno puede pensar en temas más graduales, no tener un porcentaje tan grande de ampliación o ampliar la base gravable pero no la tarifa general y hacerlo más gradual. Aquí estamos en una senda de recuperación económica que es importante, pero que es gradual; y no se puede poner en riesgo el control de la inflación y la recuperación de la economía que está siendo jalonada por el consumo privado. Tener un equilibrio razonable de aumentar la base gravable por el lado de la canasta básica es importante y no deteriorar una recuperación lenta pero gradual que se viene dando en la economía”.
Entonces, ¿Fedesarrollo está de acuerdo con disminuir el IVA, aumentar la base gravable, pero no al 80 % de los productos de la canasta básica?
“Yo diría que estamos de acuerdo con el espíritu de aumentar la base gravable, con la compensación que se le va a dar a las clases menos favorecidas. Hay que explorar alternativas de gradualidad (que no sea subirlo de 0 % a 18 %, sino una tarifa intermedia y a la vuelta de dos años llegar a la tarifa general), ya sea en el aumento de la base o en términos de la tarifa a la cual estarían gravados estos nuevos productos”.
Esta ley de financiamiento surge por la desfinanciación en 14 billones, si no se diera por el lado del IVA, ¿qué se podría tocar para solventar ese escenario (ya hablamos de renta presuntiva, eliminar las exenciones al agro y la economía naranja y los dividendos)?
“No creo que con lo que hablamos se dé todo el recurso, porque las cifras que se están buscando son importantes, 14 billones es 1,4 % del PIB. Hay que poner de presente que con la Ley lo que se plantea es también aumentar el gasto en un punto del PIB, frente a lo observado frente a 2018. Este es el presupuesto más alto aprobado en los últimos cuatro años. Hay que revisar la manera de no aumentar tanto el gasto, sino hacerlo de manera más moderada y una combinación de eso con unas medidas que continúen reduciendo las exenciones y los huecos en la base tributaria, lo que podría implicar no tener que generar todo ese recaudo vía la canasta familiar”.
Todos estamos de acuerdo en que hay un grupo de la población de pensiones altas, pero en el proyecto se empieza a gravar desde 4,8 millones, ¿a quiénes sí se debería gravar?
Reconocer que de acuerdo a los cálculos que tiene el Gobierno, cerca del 95 % son inferiores a esa cifra. Las personas que reciben una cifra que no parece tan alta, realmente, son privilegiados frente al resto de pensionados y el problema es que si bien no suena alta para una familia de cuatro personas, esos ingresos, de casi cinco millones de pesos mensuales, fueron exentos de impuestos cuando se hicieron los aportes para la pensión y hoy en día también cuando se reciben y eso es una asimetría frente a todos los ingresos y especialmente en un contexto en el cual como ya se ha demostrado con las cifras y análisis de incidencias es de las transferencias más regresivas desde el Estado.
Subsidiar las pensiones altas es un problema desde el punto de vista de desigualdad, especialmente en un contexto en el cual solo uno de cada cuatro colombianos accede a pensión, 75 % de los colombianos no tienen acceso a jubilarse y hay unos privilegiados que podrían poner algo de su parte para poder ir aumentando el recaudo tributario” (ver Radiografía).
En todo caso, en esos casi cinco millones de pesos no estarían solo los subsidiados del Estado, sino los del régimen privado...
“Este es un elemento que hay que revisar, ojalá hacia adelante. No sé qué tan fácil se pueda operativizar, pero se debería dar un énfasis en el régimen de prima media (jubilados por Colpensiones), por cuanto quienes están en el régimen de ahorro individual (privados) no están recibiendo ningún subsidio, excepto los del fondo de garantía de pensión mínima” . n
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