El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, reveló los puntos principales que traerá la reforma tributaria o proyecto de ley de ‘Solidaridad Sostenible’ que el Gobierno tramitará ante el Congreso. Explicándola a través de cifras declaró que hoy solo paga renta el 4 % de las personas naturales en el país y con la iniciativa se buscará llegar a 12 %.
En cuanto al IVA acotó que de todo el potencial que hay a través de los diferentes bienes y servicios hoy solo se recauda un 39 % y a través del proyecto se podría ascender al 46 %, lo cual seguiría estando por debajo del promedio de la Ocde en el que llega a 56 %, y de Latinoamérica, donde alcanza el 58 %.
En ese sentido el titular de la cartera de Hacienda, quien se expresó durante el foro ‘Anif - Corficolombiana: Ahora sí llegó el momento de la reforma fiscal’, detalló que hay “una propuesta moderada” en la que se eliminaría la categoría de bienes exentos (gravados con una tarifa del 0 % de IVA) teniendo en cuenta, entre otras cosas, que su costo fiscal es de 51 billones de pesos.
No obstante, el ministro aclaró que la medida no aplicaría para las exportaciones y que un punto adicional es que no se gravarían alimentos que hoy en día no responden por el impuesto.
Esto, en medio de la polémica frente a otra medida, la del posible incremento del 5 % al 19 % del IVA que la reforma traería para alimentos como pastas, harina de maíz, carnes frías y embutidos, entre otros, y sobre la cual el presidente Iván Duque declaró a Red + Noticias que dio la instrucción al Minhacienda de no modificar el impuesto que actualmente tienen cuatro productos en particular: café, azúcar, sal y chocolate.
Esa propuesta, es de recordar, había causado el rechazo desde gremios como la Federación Nacional de Cafeteros, cuyo presidente, Roberto Vélez Vallejo, dijo que malograría los esfuerzos para incrementar el consumo de café, aunque tras las declaraciones del presidente Duque anotó que se recibía con “complacencia” la directriz para no elevar el IVA de ese producto.
Más allá del debate por las modificaciones del IVA, Mauricio Santamaría, director de la Anif, resaltó que es relevante mirar cómo se fortalecerá la estrategia para devolvérselo a la población más vulnerable.
Frente a esto Carrasquilla planteó que hoy en día hay 2 millones de hogares que reciben 35 mil pesos al mes por este concepto y que con la estrategia fiscal se proyecta aumentar la cifra para llegar a 4,7 millones de familias con 45 mil pesos mensuales, lo cual tendría un costo de 1,5 billones por año (0,1 % del PIB).
Sobre la renta
Junto al IVA el otro “plato fuerte” de la tributaria, comentó Carrasquilla, es la renta y principalmente las modificaciones que habría para que más personas naturales paguen. Partiendo de la premisa de escalar del 4 % al 12 % la base de individuos contribuyentes, el funcionario recalcó que el pensamiento es tener una tarifa progresiva.
La novedad es que mostró como quedarían esas escalas para tributar de acuerdo con los ingresos de cada persona. Así, se arrancaría con una tarifa del 0,2 % a quienes ganen 31 millones de pesos al año (unos 2,5 millones al mes), que pagarían 62.000 pesos ($5.167 mensuales).
La tasa subiría a medida que sean más altas las rentas y, por ejemplo, quienes perciban 50 millones anuales tributarían 116.667 pesos al mes, e igualmente los que observen 100 millones tendrían que aportar 741.667 pesos mensuales y sucesivamente hasta llegar a los niveles más elevados (ver Gráfico).
Esa ampliación de la base gravable vendría acompañada por la sustitución de las rentas exentas por una única renta exenta automática, el aumento de la tarifa del impuesto a los dividendos y otras medidas como los tributos que empezarían a pagar las pensiones superiores a los 7 millones de pesos mensuales.
Para ese último punto, por ejemplo, la tarifa efectiva del impuesto de renta sería de 0,01 % a pensiones de 92 millones de pesos al año; de 3,3 % para las de 120 millones; 6,7 % en el caso de las de 150 millones; 9,7 % en las de 180 millones; 11,5 % para las de 200 millones y 17,8 % para las de 300 millones.
Santamaría, de Anif, precisó que en general Colombia está “en un momento inigualable para solucionar los problemas fiscales que tiene desde hace tiempo y se han agravado con la llegada del coronavirus” y que una de esas dificultades es que el sistema nacional es de bajo recaudo comparado con las necesidades de gasto social que existen.
Añadió que de no hacerse nada en este momento podría llegar una nueva crisis después de la pandemia porque en la medida que hay cierto nivel de progreso en el país, las necesidades, principalmente sociales, también crecen.
En suma, el ejecutivo de la Anif refirió que la cantidad de huecos como exenciones tributarias se elevan a cerca de 8 billones de pesos y que la gran cantidad de reformas tributarias que se han hecho –solo en los últimos 20 años ha habido 12– trataron de financiar el gasto mediante diferentes estrategias que finalmente “aprietan un poco más a los mismos que ya pagan” y no han permitido que la base de contribuyentes se expanda.
Los ‘peros’
Más allá de la necesidad de atender las carencias del orden fiscal hay ciertos puntos que se han conocido y siguen sin convencer. Este es principalmente el caso de los gremios, quienes obtuvieron detalles de la reforma en una presentación realizada por el Gobierno.
Por ejemplo, Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), mencionó que aunque hay que esperar el texto que se llevará al Congreso hay preocupación por el impuesto al patrimonio y cómo puede impactar la inversión extranjera y la atracción y relocalización de empresas en Colombia.
Díaz se refiere a la idea de mantener temporalmente ese impuesto, lo cual fue confirmado por el Minhacienda –seguiría por dos años– y que a la tarifa que grava con 1 % el patrimonio superior a los 5 mil millones de pesos se le agregaría una de 2 % a los de 15 mil millones.
De su lado, Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), expresó que preocupa que se adelante una tributaria de ese tamaño en la situación actual, toda vez que “no existen las condiciones económicas, sociales y políticas para aventurarnos a tramitar una reforma impositiva” en un momento de incertidumbre y con restricciones a la movilidad y al funcionamiento de los negocios en buena parte del país.
Entre tanto, otro de los que más ha sentado su voz contra los efectos que tendría la iniciativa es el segmento energético. Todo por cuenta de la modificación del impuesto al carbono en el que se incluiría el carbón a la base gravable, con el objetivo de recaudar 1,2 billones de pesos.
“Se estima que la tarifa (de energía) para usuarios finales aumente en 18 pesos por kilovatio/hora, afectando la competitividad del sector eléctrico y de la industria nacional”, mencionaron en un comunicado conjunto la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía (Asoenergía), entre otros gremios como Acopi y Fenalcarbón, quienes añadieron que, en plata blanca, el impacto sería de 1,3 billones de pesos por año para los consumidores, lo cual se reflejaría en las tarifas cuando los contratos de los comercializadores sean renovados.
Para Jorge Coronel, docente e investigador de temas económicos, otra gran inquietud es la devolución del IVA, teniendo en cuenta que una gran parte de las personas vulnerables e informales no están bancarizadas todavía; también mencionó que se debe analizar la progresividad en el impuesto de renta de las empresas, y que las pymes, cuyas utilidades son menores, tributen menos.
Expectativa
Al final y luego de que surta el debido trámite en el Congreso, el Gobierno proyecta que la tributaria recaude 26,1 billones de pesos (2,2 % del PIB) y la propuesta contempla que el Programa Ingreso Solidario se vuelva permanente, así como las iniciativas sociales que existían antes de la pandemia. Además, el Paef se extendería hasta junio de este año, de forma retroactiva.
En cuanto al empleo se proyectan subsidios para cotizaciones de seguridad social de jóvenes de primer empleo y personas en situación de discapacidad, entre otros, aunque está por verse si todos estos son objetivos alcanzables y qué tanto influirá que una reforma de este tamaño se dé en el marco de una emergencia mundial y que ha golpeado fuertemente a la población.
$18
por kilovatio/hora aumentaría tarifa de energía con impuesto al carbón: gremios.
$2,5
millones mensuales, ingresos desde los que se empezaría a pagar renta: Minhacienda.
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