Los bloqueos a operaciones de Ecopetrol en Acacías, Guamal y Castilla La Nueva completan casi 2 meses, afectando producción, empleo, regalías y actividad económica regional.
Ecopetrol rechazó los bloqueos que afectan sus operaciones de subsuelo en los municipios de Acacías, Guamal y Castilla La Nueva, en el departamento del Meta, una situación que ya completa 53 días y que, según la compañía, está generando graves consecuencias para la economía regional y nacional.
La empresa señaló que las restricciones al tránsito de personal y maquinaria tienen origen en conflictos laborales entre trabajadores contratistas dedicados a servicios de workover (reacondionamiento) y sus empleadores, proceso que cuenta con el acompañamiento de la Unión Sindical Obrera (USO) Subdirectiva Meta.
Actualmente, los bloqueos afectan nueve locaciones industriales ubicadas en los tres municipios del departamento, limitando el desarrollo de actividades operativas esenciales para la producción de hidrocarburos.
Entre las principales consecuencias reportadas por Ecopetrol se encuentra la pérdida de producción de más de 800.000 barriles de petróleo en los campos Chichimene, Akacías y Castilla.
La compañía advirtió que esta reducción productiva tiene efectos directos sobre la economía regional y nacional, debido al impacto que genera sobre la cadena de valor del sector de hidrocarburos, así como en los ingresos por regalías e impuestos destinados al Estado.
El consultor energético Sergio Cabrales también alertó sobre la magnitud de las afectaciones, destacando que la cifra de crudo no producido ya supera los 800.000 barriles, de acuerdo con los datos divulgados por Ecopetrol.
Ecopetrol informó además que, como consecuencia de los bloqueos, se han dejado de ejecutar actividades por más de $44.500 millones.
Según la empresa, esta situación afecta directamente a decenas de compañías proveedoras de bienes y servicios petroleros, además de comprometer la continuidad de proyectos asociados a la operación de los campos ubicados en el Meta.
La petrolera agregó que cerca de 1.000 personas, entre trabajadores propios y contratistas, han visto vulnerado su derecho al trabajo debido a las restricciones que impiden el acceso normal a las áreas de operación.
La compañía expresó preocupación por los riesgos que generan las interrupciones prolongadas sobre la infraestructura petrolera.
De acuerdo con Ecopetrol, la imposibilidad de movilizar personal especializado y equipos hacia las instalaciones podría afectar la integridad de las facilidades de transferencia de fluidos, especialmente las líneas de flujo utilizadas en la operación.
Asimismo, explicó que, debido a las restricciones de acceso, no ha sido posible ejecutar las inspecciones operativas contempladas dentro de su estrategia de monitoreo, situación que dificulta la identificación temprana de posibles incidentes y podría derivar en afectaciones ambientales.
En medio de la controversia, Ecopetrol recordó que ha participado en múltiples espacios de diálogo promovidos por autoridades regionales y nacionales para buscar soluciones a la situación.
La empresa señaló que en dichos escenarios las autoridades han reiterado las disposiciones legales relacionadas con la jornada máxima legal, los turnos laborales, los períodos de descanso y el trabajo dominical, aspectos que hacen parte de las reclamaciones planteadas por los trabajadores.
Sin embargo, la petrolera enfatizó que no tiene competencia para intervenir directamente en conflictos laborales entre empresas contratistas y sus empleados, ni ejerce funciones judiciales, de investigación, vigilancia o control sobre esas relaciones laborales.
Por ello, indicó que cualquier reclamación relacionada con esos asuntos debe tramitarse ante las autoridades e instancias judiciales correspondientes.
Ecopetrol reiteró que respeta los derechos de asociación y libertad sindical consagrados en la Constitución y la ley colombiana, pero insistió en que su responsabilidad es garantizar la continuidad de las actividades esenciales para la operación energética del país.
Ante la persistencia de los bloqueos, la compañía rechazó las vías de hecho y realizó un llamado urgente al diálogo constructivo entre las partes involucradas para restablecer la normalidad en la región.
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Finalmente, sostuvo que la protesta pacífica es un derecho constitucional que debe ejercerse sin afectar el derecho al trabajo de otras personas ni comprometer los intereses económicos de las comunidades, del departamento del Meta y del país.
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