Las víctimas tendrán la potestad de emitir un concepto favorable o desfavorable para que sus verdugos accedan o no al beneficio de la libertad condicional o suspensión de la pena. Esta es una de las novedades jurídicas que incluye el proyecto de ley de sometimiento de organizaciones criminales que impulsará en el Congreso el gobierno de Abelardo de la Espriella.
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Así lo explicó el ministro de Justicia, Iván Cancino, en referencia a la iniciativa que cambiará la política de “paz total” del gobierno anterior, por una norma que les ofrecerá a los criminales una alternativa para dejar las armas, pero sin tantas gabelas.
“Para obtener la libertad condicional, aparte de todo lo que exige la ley ordinaria, lo que se incluye es que se necesita el concepto favorable de la víctima. Si no está de acuerdo, no se da la libertad o la suspensión de la pena”, comentó en una entrevista con Semana.
Todavía no es claro si esta eventual ley se aplicará a toda clase de organizaciones armadas ilegales, tanto a las facciones rurales como a las urbanas, o si excluirá alguna según la clasificación oficial. Lo cierto es que parece estar dirigida a los grupos que participaron en los procesos de “paz total” con los delegados de Gustavo Petro y no llegaron a un acuerdo definitivo.
Cancino detalló que “no hay la más mínima posibilidad de que este Gobierno abra espacios para mesas de diálogo, para negociaciones, para un estatus político, que era una de las preocupaciones que uno escuchaba en la oposición. No hay zonas para concentraciones de largo tiempo sin compromiso frente a la ley. Y, sobre todo, jamás habrá apertura de canales para que los grupos ilegales puedan debatir con el Gobierno acerca de este proyecto de ley”.
Frente a los beneficios que recibirían los delincuentes que se sometan a esa norma, está una posible rebaja del 50% de la pena para los integrantes rasos, y hasta del 30% para los cabecillas y máximos responsables. Sin embargo, a diferencia del tratamiento ofrecido en la pasada administración, en este caso no les suspenderán los pedidos de extradición ni las órdenes de captura.
“Si una persona tiene orden de captura con pedido de extradición, que se someta para que, cuando cumpla la extradición, pueda regresar y tener arreglada su situación en Colombia como beneficio. No se suspenderá ninguna extradición porque la persona esté en sometimiento”, dijo.
El ministro agregó en este punto que “quien ya esté bajo el dominio del Estado, es decir, capturado, no entra en esta ley. El Estado no va a servir para limpiar o para desconocer el esfuerzo de la fuerza pública, los jueces y la Fiscalía. El que esté adentro no será beneficiario de esta ley”.
De igual manera, tendrán que entregar todos los bienes obtenidos de forma ilegal, sin la esperanza de conservar algún porcentaje, como se pretendía en las negociaciones con el petrismo.
“No le queda bien al Gobierno decir que les va a devolver el 12%, cuando ese porcentaje puede ser necesario para la reparación. O que les va a dejar el 6% o el 3%. No. La entrega de bienes no implica la devolución de ningún porcentaje. Por el contrario, si la víctima o alguien encuentra que los victimarios escondieron bienes, serán expulsados inmediatamente de la ley y van a la ordinaria”, aclaró.
Quienes deseen participar en estos procesos, deberán nombrar “un interlocutor válido que haga el acercamiento con el Estado”; para Cancino, estos pueden ser abogados que no pertenezcan a los grupos criminales.
“Mientras la Fiscalía realiza el trámite, existe la posibilidad de una pequeña localización temporal por tres meses, no para negociar, sino mientras se define la situación jurídica por parte de un fiscal y un juez”, expresó.
También se termina definitivamente la figura de los voceros de paz que impulsó el gobierno anterior con bajos resultados, pues los criminales terminaron beneficiándose de ese estatus para delinquir con comodidad.
Delatar nexos políticos
Uno de los puntos que más ha llamado la atención es que quienes se sometan deberán delatar nexos políticos, según la reforma a la Ley 418. La FM reveló que uno de los puntos de la reforma establece que, para acceder a los beneficios, los integrantes de las organizaciones criminales deberán delatar sus nexos con políticos. La periodista Darcy Quinn contó que en caso de no hacerlo perderán cualquier negociación o rebaja y pasarán a la justicia ordinaria, si se descubren esos nexos.
Durante el gobierno de Iván Duque también se promovió una ley de “mano dura” contra el crimen. El enfoque de este nuevo gobierno, como el propio De la Espriella ha dicho, es someter a los criminales sin margen de negociación entendida en el marco de otros gobiernos que le dieron estatus político a las guerrillas, aunque diversos estudios señalaran que esos grupos mutaron a carteles trasnacionales o bandas criminales con tentáculos en todas las cadenas del crimen.
Jefe criminal de la Costa Caribe dice querer someterse
Digno José Palomino Rodríguez, el jefe de la organización criminal “los Pepes”, de Barranquilla, busca que el gobierno del presidente Abelardo De la Espriella estudie su propuesta de sometimiento a la justicia. El pasado 1 de septiembre envió una carta al mandatario, desde la cárcel La Picota, en la que manifestó su voluntad de abandonar la violencia, aportar a la verdad y reparar a las víctimas.
La Presidencia trasladó su solicitud a la Fiscalía y al Ministerio de Justicia para que, dentro de sus competencias, evalúen el caso. “Los Pepes” son señalados de homicidios, extorsiones y narcotráfico en la Costa Caribe.
¿Y el traslado de políticos detenidos?
El presidente Abelardo de la Espriella pidió revisar los casos de políticos procesados por la justicia que permanecen en instalaciones policiales o guarniciones militares. Su intención es trasladarlos a cárceles ordinarias, donde continúen cumpliendo su proceso judicial.
El primero en la lista fue el exrepresentante a la Cámara Wadith Manzur, quien hasta la semana pasada estuvo detenido en la Escuela de Carabineros de la Policía, ubicada en el norte de Bogotá.
El político conservador está judicializado por presuntos hechos de corrupción relacionados con el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, durante el gobierno Petro. Ahora fue trasladado a la cárcel La Picota.
El segundo en la lista es el exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, quien habría sufrido una supuesta descompensación tras enterarse de que iba a ser trasladado a la cárcel de Villahermosa, en Cali. En ese momento estaba en el pabellón especial de la Escuela de Carabineros de la Policía, en la capital vallecaucana.
“Ordené personalmente su traslado. Simuló un episodio cardíaco y terminó en una clínica; di la orden de sacarlo de allí y llevarlo a una cárcel de verdad”, escribió De la Espriella en su cuenta de X.
Abadía fue condenado en febrero de 2024 por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia a 21 años y 7 meses de prisión por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, agravado por la cuantía.
También fue gobernador del Valle del Cauca durante el periodo 2008-2011, pero fue destituido en 2010 por una sanción disciplinaria de la Procuraduría, luego de que se determinara que había participado indebidamente en política. “Se creía intocable”, recalcó De la Espriella, tras ordenar el traslado.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Cuáles son los beneficios de reducción de pena previstos para quienes se acojan a la norma?
- Se contempla una rebaja de hasta el 50% de la pena para los integrantes rasos, y de hasta el 30% para los cabecillas y máximos responsables.
- ¿Qué sucederá con las órdenes de captura y los pedidos de extradición de los criminales que se sometan?
- A diferencia de administraciones pasadas, no se suspenderán ninguna extradición ni orden de captura; los criminales deberán someterse para arreglar su situación en Colombia una vez cumplan con la extradición.
- ¿Qué condición se exige sobre la entrega de bienes ilegales y la delación de nexos políticos?
- Los involucrados deben entregar todos los bienes obtenidos de forma ilegal sin conservar ningún porcentaje para reparación, y están obligados a delatar sus nexos con políticos o perderán los beneficios y pasarán a la justicia ordinaria.
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