El Gobierno se juega su último año de mandato con una reforma que, según el establecimiento de educación superior, resulta inoportuna, inconveniente e inviable.
A comienzos de este mes, el proyecto de reforma tributaria fue presentado ante el Congreso por parte del ministerio de Hacienda, Germán Ávila.
El objetivo de dicha reforma era reunir $26,3 billones para ajustar el hueco presente en el Presupuesto General de la Nación del año siguiente. De acuerdo con Ávila, la intención prioritaria es avanzar hacia un pacto fiscal que garantice la estabilidad macroeconómica para la siguiente administración.
Desde el Centro de Pensamiento de la Universidad EIA se explicó una serie de efectos que tendría la reforma. “En el impuesto de renta, a pesar del planteamiento del gobierno, sin ningún fundamento, de que la reforma solo sube las tasas marginales de impuestos a partir de los $250 millones mensuales, la iniciativa plantea que habría aumentos en dichas tasas de los distintos rubros de ingresos empezando en los $7 millones mensuales”, se lee en el análisis.
Los investigadores del establecimiento educativo también mencionaron que la reforma propuesta aumenta también la tributación del impuesto al patrimonio dado que se reduce a $2.000 millones el monto necesario para que resulte vigente y la tasa máxima llegaría al 5% del patrimonio.
“Los hogares también enfrentaran cambios en el impuesto a la ganancia ocasional que pasaría del 20% al 30%. Los cambios a este tributo tendrían otras ramificaciones. Así, por ejemplo, el monto libre de pagar impuestos al recibir una vivienda sería menor forzando a una mayor tributación quienes heredan un bien de estas características”, se agregó.
El Centro de Pensamiento de la Universidad EIA, liderado por Saúl Pineda, consideró que la primera versión de la reforma busca hacer permanente el IVA sobre los juegos de suerte y azar que previamente se había impuesto con el fin de reunir fondos para enfrentar la situación en el Catatumbo.
La iniciativa también impondría IVA a eventos de esparcimiento, culturales y deportivos, a partir de un monto específico (más de $500.000) y las operaciones de comercio electrónico en plataformas extranjeras, que hoy están exentas cuando se trata de importaciones menores de US$200 por esta vía, en el marco de la cláusula “de minimis” con Estados Unidos.
Otras actividades a las que se les introduciría este impuesto son los servicios de software y procesamiento en la nube, así como las actividades comerciales de las iglesias. Así mismo, la reforma elimina la exención que tienen los turistas extranjeros no residentes a la hora de visitar el país.
La reforma contempla, de igual manera, el aumento al IVA de los licores del 5% hasta el 19% en algunos casos. Los vehículos híbridos, que cuentan con una tarifa preferencial para incentivar su uso frente a los vehículos tradicionales, se encontrarían en una posición similar.
Los investigadores de la Universidad EIA anotaron que en el caso de las sociedades del sector financiero, asegurador y minero, donde se plantea una tarifa impositiva del 50%, la tasa de tributación sociedad-socio se elevaría hasta el 70,5%.
Igualmente, señalaron que de aprobarse la reforma, se fijaría una tarifa especial del 30% para dividendos recibidos por sociedades extranjeras y personas naturales no residentes. “La reforma introduce también un incremento importante en materia del impuesto al carbono. Este impuesto pasará de $27.399 a $42.069 por tonelada de CO2 equivalente”, se añadió.
Uno de los artículos más controversiales de la reforma es el que contempla que diferentes tipos de combustible presentarán distintas tasas de impuestos a través del tiempo. A partir de mediados del 2026 al alcohol carburante con destino a la mezcla de gasolina para vehículos automotores ya se le cobraría la tarifa general. La gasolina y el biocombustible para motores diésel de producción nacional con destino para la mezcla con el ACPM llegarían a ese punto en el 2027. El ACPM es el tipo de combustible que más se demoraría en llegar a la tasa plena haciéndolo un año después. Los consumidores de otros combustibles derivados del petróleo encontrarían que estos pasan a tarifa plena a inicios del 2026.
“A pesar de los esfuerzos del gobierno de caracterizar la reforma como una medida de financiamiento que solo afecta a las personas más ricas de la sociedad colombiana esto resulta contraevidente. El caso de los combustibles resulta ilustrativo. El presidente aseguró que los pobres casi no usan gasolina para defender la medida. Pero lo cierto es que el país depende en gran medida de esta para el transporte de cientos de miles de compatriotas como lo evidencian los 12,9 millones de motocicletas que hacen parte del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt).
Más recientemente, ministro de Hacienda anunció que la reforma tributaria reduciría su meta de recaudación en $10 billones de pesos.
Aunque no se otorgaron estimaciones, se estableció que se ajustaría el IVA a las bebidas alcohólicas, la gasolina, el diésel, los juegos de azar y los vehículos híbridos. A pesar de esto, persisten otras medidas que representan la esencia de la propuesta inicial.
“Es necesario mencionar que el impacto de la reforma en el sector financiero también se refleja en la población general. De acuerdo con un reportaje de Daniel Hernández, el Banco de Bogotá indica tres razones. La primera es que el aumento de la inflación derivado de los incrementos al IVA hace que el Banco de la República deba mantener tasas altas por más tiempo. La segunda de estas es la sobretasa asignada el sector financiero que derivaría en la más alta del mundo y se traduciría en un aumento en los costos de operación que se traducirá en créditos de mayor costo o menor disponibilidad de este. La tercera es que el incremento en los impuestos a la renta, ganancia ocasional y al patrimonio reducirá la liquidez de los hogares, así como su ahorro bancario, lo que induciría desajustes en el sistema financiero”, se indicó en el texto del Centro de Pensamiento de la Universidad EIA.
Regístrate al newsletter 
