En la más reciente reunión se declararon infundados los impedimentos presentados por los magistrados para el estudio de la emergencia económica.
La Corte Constitucional de Colombia declaró infundados los impedimentos presentados por varios magistrados para apartarse del estudio del decreto sobre el impuesto al patrimonio expedido en la emergencia económica.
La Sala Plena continuará mañana, 29 de abril, con el análisis del expediente.
Cabe resaltar que esto se da luego que en la reunión de ayer, seis magistrados de la Corte Constitucional de Colombia se declararon impedidos para estudiar la suspensión de tres decretos expedidos por el Gobierno en el marco de la emergencia económica decretada para atender la crisis invernal en Córdoba.
Esta decisión frenó el avance del análisis en la Sala Plena, que aún no adopta una determinación sobre la exequibilidad de las medidas, entre ellas el impuesto al patrimonio establecido como parte de la respuesta gubernamental a la emergencia.
Por ende, se declaró que no hay una base legal, por lo que mañana se podría tomar una decisión de fondo respecto a este decreto.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi, en cabeza de Bruce Mac Master, envió una carta a la Corte Constitucional para declarara inexequible el decreto de la emergencia económica expedido por el Gobierno para atender la crisis invernal en Córdoba.
Según se lee en el documento, una de las principales razones que argumentan desde la Andi se encuentra que “a través del uso de los estados de emergencia, se ha pretendido erosionar el principio democrático”.
Además de esto, se hizo énfasis en que se “evidencia que el Decreto 0150 de 2026 no satisface el presupuesto fáctico”. Por otro lado, en tercer lugar, la Andi aseguró que el Decreto tampoco supera un juicio valorativo.
Por último señalaron que se demuestra que el Gobierno contaba con mecanismos ordinarios para conjurar los efectos de la emergencia. Por ende, “se le solicita a la Corte que adopte una decisión con efectos retroactivos”. Por último, reiteraron la solicitud de inexequibilidad.
El Consejo Gremial Nacional alertó sobre el impacto del impuesto al patrimonio en el empresariado nacional. Natalia Gutiérrez, presidenta del gremio, señaló que cada día que pasa sin un pronunciamiento que dé claridad sobre su legalidad está consolidando “un daño patrimonial irreversible para miles de empresas y puestos de trabajo”.
La dirigente gremial aseguró que el Gobierno nacional ha reiterado los mismos argumentos que la Corte ya tumbó en la Sentencia C-075 de 2026. “La no aprobación de leyes de financiamiento, las restricciones de la regla fiscal y los pasivos heredados de la pandemia no son hechos sobrevinientes ni extraordinarios”, dijo.
También señaló que el monto de recursos por recaudar y destinar a la emergencia, equivalente a unos $8,3 billones, es discutible. Según Gutiérrez, parte de esa cifra se sustenta en supuestos controvertidos, y la Contraloría ha advertido “alta incertidumbre, falta de trazabilidad y ausencia de sustento técnico detallado”.
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