En Colombia quienes usen Uber, Rappi o Cabify para recibir ingresos son conocidos como socios/colaboradores, más no trabajadores, de estas aplicaciones. La razón: se trata de un disfrute del tiempo libre (según las mismas plataformas).
El auge del debate tuvo su punto más alto a mediados del año pasado a razón de que quienes están vinculados a Rappi en Argentina realizaron la considerada primera gran huelga contra estas plataformas por no recibir el apoyo financiero para hacer aportes a seguridad social.
En Colombia no hay una política clara que siente las bases de entendimiento y que sea la hoja de ruta para que si bien los ciudadanos que explotan económicamente estas empresas se formalicen, el surgimiento y consolidación de aplicaciones de esta índole no vean frenado su crecimiento a razón de tener que hacerse responsables de esa carga financiera.
La tarea es ardua, más si se tiene en cuenta que para entidades regulatorias como la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) este tipo de plataformas no existen al no contar con un marco jurídico claro. “No todas tienen la misma jurisdicción, ni son objeto de regulación y supervisión con una misma autoridad”, le dijo a EL COLOMBIANO el pasado 5 de mayo, Andrés Barreto cabeza de la entidad. Este hecho hace que, entre otros, tanto usuarios como “socios” no tengan un respaldo para hacer valer derechos del estatuto del consumidor.
El Plan Nacional de Desarrollo, aprobado por el Congreso, llama la atención sobre la necesidad de regular ese vacío. El artículo 348 dice: “El Gobierno nacional a través del Ministerio del Trabajo, Ministerios de Salud y Protección Social, Hacienda y de las Tecnologías de la Información, diseñarán y formularán una política pública que permita, entre otros, caracterizar las condiciones de prestación de servicio y las modalidades de protección y seguridad social que se puedan generar del uso de estas aplicaciones y plataformas”.
Manuel Torres, director general de Cabify Colombia, dijo a este diario que “el texto aprobado abre la puerta a una necesidad fundamental que es la de tener una política pública de caracterización del sector, de la cual debe partir el análisis de cualquier aspecto relacionado con el servicio, entre ellos, el tema de la seguridad social”.
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