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Por Viviana Suárez L. | Publicado el 20 de junio de 2019
El proyecto ya fue aprobado en el Senado y solo falta que la Cámara le dé el visto bueno. MinHacienda solicitó revisión.
La intención de otorgar una prima extra para alrededor de 6,4 millones de trabajadores que ganan menos de tres salarios mínimos legales vigentes (2,4 millones de pesos), prendió las alarmas de los gremios empresariales porque el proyecto de ley fue aprobado por el Senado esta semana y solo falta su trámite en la Cámara en el próximo periodo legislativo.
De acuerdo con el senador Álvaro Uribe, uno de los ponentes de la propuesta, la medida cubriría a alrededor del 75 % de los trabajadores colombianos que entran en ese rango de ingresos, y beneficiaría sobre todo al 53 % que ganan el salario mínimo.
“Buscamos aumentar el ingreso de las familias colombianas, con el fin de mantener su capacidad de compra y acceso a los productos de la canasta básica familiar”, dijo el senador Gabriel Velasco, coautor de la iniciativa.
El proyecto, aseguran los ponentes, atiende el clamado general de la clase media trabajadora, quienes han visto mermada su capacidad adquisitiva tras el aumento del IVA del 16 % al 19 % que se dio en el Gobierno de Juan Manuel Santos. Además se aumentaría el consumo un 0,8 %.
El argumento no es de poca monta, pues ya van tres reformas tributarias en los últimos años: dos en el anterior Gobierno y la Ley de Financiamiento tramitada recién Iván Duque inició su periodo.
“Buscamos que esta población cuente con mayores ingresos para un alivio económico, toda vez que a la fecha el salario mínimo mensual vigente solo alcanza a cubrir el 60 % de los gastos de la canasta familiar”, dice el texto aprobado en doble debate en el Senado.
El beneficio se otorgaría mitad en marzo y la otra parte en septiembre. El monto dependerá del tamaño de la empresa. Será de cinco días para empleados de micro y pequeñas empresas (138.019 pesos), de diez días para los de medianas compañías (276.038 pesos) y de 15 días para los que laboran en grandes organizaciones (414.058 pesos).
Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, resaltó que es importante evaluar si es admisible constitucionalmente condicionar el monto por el tamaño de la empresa.
“A un trabajador de una droguería le darían cinco días, pero si es empleado de una empresa grande le dan 15. Ese riesgo no puede transmitirse al trabajador”, puntualizó.
Por otro lado, las cuentas del Ministerio de Hacienda estiman que los empleadores necesitarían alrededor de 1,8 billones de pesos para pagar dicha prima, por lo cual solicitó al Congreso reconsiderar su aprobación (ver Paréntesis).
La respuesta de los gremios
Uno de los primeros sectores en reaccionar fue el de empresarios. El líder de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), Bruce Mac Master, calificó la propuesta como peligrosa y la tildó de populista. “Esta iniciativa afecta la competitividad y las capacidades de las empresas de crear empleo. Aunque en apariencia suene bien, los efectos sobre trabajadores serán negativos”, resaltó.
Adicionalmente, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) destacó que la aprobación de esta prima desestimularía la contratación formal porque “produciría un incremento sobre el salario mínimo de 4,16 % y elevaría los costos no salariales relacionados con la prima a 9,68 %, cifra que hoy se mueve entre el 8,8 % y 9,3 %”.
Lo anterior, dice el gremio empresarial, impactaría los dos grandes desafíos que enfrenta el mercado laboral colombiano: lograr la reducción de la tasa de desempleo estructural (10,3 % a abril), la de informalidad (47,6 %) y aumentar el recaudo fiscal.
“El incremento de los costos salariales en 1 % generan un aumento en la tasa de desempleo del 0,1 %”, señaló un comunicado enviado por Acopi y dirigido al senador Velasco.
Sin embargo, el texto del proyecto argumenta que en cuanto al impacto en las empresas, solo aumenta en promedio 1,7 % el costo laboral anual para los empleadores. “Esta prima no afecta la base salarial, no es constitutiva de salario ni se toma como base para la liquidación de las prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social”, señala el proyecto.
Pese a esto, el Comité Intergremial de Antioquia coincide con Acopi y considera que, sin lugar a dudas, tendrá consecuencias en la formalización, el desempeño y la estabilidad económica y empresarial del país. “Nos sumamos a la solicitud del Gobierno de revisar la conveniencia de adoptar este tipo de medidas”, dijo Nicolás Posada, director del gremio.
Contexto de la Noticia
Paréntesis Minhacienda pidió revisión de los costos
El Proyecto de Ley impulsado por el Centro Democrático fue presentado por primera vez en noviembre del año pasado en medio de la definición del salario mínimo. Sin embargo, hasta ahora logró cursar su trámite en el Senado y su aprobación final implica también el visto bueno del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. “Va a ser complicado”, señaló Iván Jaramillo, del Observatorio Laboral de La Universidad del Rosario, pues la cartera señaló que el efecto inflacionario sería alrededor de 1,6 % y solicitó al Congreso que reconsiderara la propuesta.
Periodista y feminista egresada de la Universidad del Rosario.
