El sector de las estaciones de servicio atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años. Aunque el consumo de combustibles continúa creciendo, lo hace a un ritmo mucho menor que antes de la pandemia. A ese dolor de cabeza se suman los incrementos en los costos laborales y operativos, que han reducido la rentabilidad de los pequeños empresarios.}
En diálogo con EL COLOMBIANO, David Jiménez, vocero nacional de Somos Uno, aseguró que el incremento de más del 67 % en el precio de la gasolina durante el Gobierno de Gustavo Petro afectó directamente las ventas de combustibles, debido a que muchos conductores redujeron el uso de sus vehículos. Además, advirtió que el sector siente la ausencia de una política pública enfocada en la distribución minorista de combustibles.
El dirigente gremial también alertó sobre los efectos de los aumentos del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral y la creciente participación de grandes distribuidores en el mercado minorista. A su juicio, estos factores están deteriorando la sostenibilidad de las estaciones de servicio independientes y obligando a algunas a dejar de operar las 24 horas.
¿Cómo le fue al sector de las estaciones de servicio durante el Gobierno Petro?
“Desde la pandemia enfrentamos una realidad distinta. Antes de 2020 la demanda de combustibles venía creciendo de manera sostenida. Después hubo una recuperación rápida porque somos un sector que presta un servicio esencial las 24 horas del día, pero esa recuperación no volvió a tener el mismo ritmo.
Hoy seguimos vendiendo más combustible que hace algunos años, pero el crecimiento de la demanda se aplanó. Nuestra principal hipótesis es que cambiaron los hábitos de movilidad. El teletrabajo, la virtualidad y otras formas de trabajo hacen que las personas utilicen menos el vehículo”.
¿Qué impacto tuvo el aumento del precio de la gasolina durante este Gobierno?
“Sí, afectó al sector de manera significativa. El incremento escalonado del precio de la gasolina generó una contracción de la demanda. Cuando aumenta el precio del combustible, las personas piensan dos veces antes de sacar el carro. Nosotros vivimos precisamente de vender combustibles, por lo que ese aumento redujo las ventas durante esos meses.
Frente a la decisión del Gobierno de aumentar el precio, somos respetuosos de la política pública de precios de los combustibles. Esa es una competencia del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Minas y Energía.
Creemos que ese debate incluso debería darse en el Congreso, porque existen argumentos tanto a favor como en contra. Lo cierto es que el aumento del precio tiene efectos inflacionarios. Eso no lo dice el gremio; lo ha señalado el Banco de la República y también se refleja en las mediciones del Dane, porque el costo del transporte influye directamente en la inflación y en el precio de los alimentos”.
¿Cuál considera que fue la principal falencia del Gobierno en materia de combustibles?
“Muchas veces se habla únicamente de la política pública de precios, pero se olvida la política pública de distribución. Son dos asuntos completamente distintos.
Hoy existen cerca de 6.400 estaciones de servicio en Colombia que atienden a más de 20 millones de vehículos registrados en el RUNT. Lo que vemos es que ha faltado una política que garantice que ese servicio pueda prestarse de manera eficiente y sostenible en todo el territorio nacional. Ese es uno de los grandes retos que deja el Gobierno saliente”.
¿Qué postura tiene el gremio frente a un eventual aumento del precio del diésel?
“En Colombia circula cerca de un millón de vehículos dedicados exclusivamente al diésel. Ese parque automotor consume aproximadamente el 50 % de toda la demanda nacional de combustibles líquidos, por lo que cualquier decisión sobre este combustible tiene un enorme impacto económico.
Recordemos que en 2024 el Gobierno intentó aumentar cerca de 2.000 pesos por galón el precio del diésel. Cuatro días después tuvo que reversar la medida debido al paro nacional de transportadores.
Nosotros incluso advertimos que esa decisión también afectaba a los distribuidores minoristas, porque habíamos comprado inventarios a un precio más alto y luego tuvimos que asumir pérdidas cuando el Gobierno dio marcha atrás”.
¿El gremio tiene una posición sobre si el diésel debe subir de precio?
“Nosotros entendemos que esa es una discusión de política pública. Hay argumentos para aumentar el precio y también para mantenerlo.
El Gobierno sostiene que así reduce el déficit del Fondo de Estabilización y libera recursos para otros programas sociales. Pero también es cierto que un incremento del diésel genera efectos inflacionarios importantes y por eso creemos que ese debate debe involucrar a todos los sectores afectados.
Nuestro margen de comercialización está regulado. Nosotros no ganamos más dinero porque el combustible sea más caro. Al contrario, cuando aumenta el precio del galón también aumenta el costo del inventario y del capital de trabajo, mientras el margen permanece igual. Eso termina reduciendo la rentabilidad del negocio”.
¿Cómo han impactado el aumento del salario mínimo y la reforma laboral al sector?
“Este Gobierno deja un deterioro en la distribución minorista de combustibles, principalmente por el aumento de los costos de operación.
Somos un sector intensivo en mano de obra porque prestamos un servicio permanente, las 24 horas del día. Cada estación de servicio requiere personal para atender a los usuarios y, por eso, el incremento del salario mínimo tuvo un impacto muy fuerte sobre nuestros costos.
Ese mayor costo no pudo trasladarse al consumidor final. Lo absorbieron los distribuidores minoristas, lo que deterioró aún más la rentabilidad de un negocio que ya tiene márgenes muy estrechos.
Si se revisa el margen bruto por cada galón de gasolina corriente que se vende en Colombia, este es inferior al 6 %. Con ese porcentaje debemos cubrir toda la operación de una estación de servicio. Por eso, cualquier incremento en los costos termina afectando directamente la rentabilidad”.
¿Qué otros costos han incrementado la presión sobre las estaciones de servicio?
“Además del aumento de los costos laborales, también crecieron los costos operativos. Cuando sube el precio del combustible aumenta el valor del inventario que debemos comprar y financiar.
A eso se suma que este es un servicio público prestado por particulares. La red de estaciones de servicio del país ha sido construida con inversión privada, pero está altamente regulada por las autoridades nacionales y locales.
Cada regulación implica nuevos costos para quienes operamos las estaciones. Durante los últimos años esos costos crecieron y eso ha reducido aún más la rentabilidad del negocio”.
¿Todas las estaciones de servicio sienten el impacto de la misma manera?
“No. Todo depende del tamaño de la estación. En Colombia existen cerca de 6.400 estaciones de servicio y, si las organizamos por volumen de ventas, encontramos que la mitad vende menos de 30.000 galones al mes.
Eso significa que buena parte del sector está conformado por microempresas y pequeños empresarios ubicados en municipios y regiones del país.
Las estaciones de mayor tamaño pueden absorber mejor algunos incrementos en sus costos, mientras que las más pequeñas enfrentan una carga mucho mayor. No tenemos una cifra exacta del impacto sobre la rentabilidad, pero sí podemos afirmar que son las pequeñas las más afectadas”.
¿Los mayores costos han reducido el empleo en el sector?
“No. Este sigue siendo un sector altamente formalizado. Hoy generamos más de 50.000 empleos directos en todo el país, con un promedio de siete trabajadores por estación de servicio.
Lo que hemos observado no es una reducción del empleo, sino un cambio en la operación de algunas estaciones. En lugar de despedir trabajadores, algunas han dejado de prestar el servicio durante las 24 horas del día para reducir sus costos”.
¿Ya hay estaciones que dejaron de operar las 24 horas?
¿Han identificado cierres definitivos de estaciones de servicio?
“Todavía no tenemos esa información. Lo que ocurre es que estos procesos no son inmediatos. Cuando coinciden una menor demanda con mayores costos laborales y operativos, el deterioro de la rentabilidad termina afectando la sostenibilidad del negocio, pero eso ocurre en el mediano plazo. Aún no hemos medido cuántas estaciones podrían haber salido del mercado.”
¿Cuál es la principal petición del gremio al próximo Gobierno de Abelardo de la Espriella?
“Nuestra principal solicitud es que Colombia construya una verdadera política pública para la distribución de combustibles.
Esa política debe garantizar eficiencia, sostenibilidad y competitividad en la prestación del servicio.
Hoy vemos una industria que poco a poco se va marchitando porque no existen incentivos suficientes para la inversión privada.
También creemos que debe revisarse la remuneración que reciben las estaciones de servicio, teniendo en cuenta el aumento de los costos operativos, y garantizar condiciones de competencia equitativas”.
¿Qué cambios propone el gremio para mejorar la competencia?
“Nos preocupa la creciente integración entre distribuidores mayoristas y estaciones de servicio. Las grandes petroleras y distribuidores mayoristas están adquiriendo más estaciones y participan directamente en la distribución minorista. Eso les permite ofrecer precios con los que una estación independiente difícilmente puede competir.
Esa situación termina desplazando del mercado a los pequeños empresarios.
Nuestra propuesta es prohibir esa integración vertical. Consideramos que la distribución mayorista y la distribución minorista deben mantenerse separadas para garantizar una competencia equilibrada entre todos los actores del mercado”.
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