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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos –por presunta cartelización– en contra de seis empresas pertenecientes al encadenamiento de producción, distribución y comercialización de subproductos bovinos.
De acuerdo con la investigación, las empresas implicadas son Prosan, Agrosan, Charry Trading, Frigocentro y Cercaldas. Es de aclarar que Prosan inició su disolución en 2020, y actualmente se encuentra en proceso de liquidación voluntaria.
La SIC detalló que las compañías están domiciliadas en Caldas y replicó la formulación de pliego en contra de 12 personas naturales vinculadas. “Lo anterior, para determinar si habrían colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado los comportamientos investigados”, añadió.
Tres años de investigación
La Resolución 57277 dice que este proceso inició el 24 de octubre de 2019, cuando el Delegado para la Protección de la Competencia ordenó que se iniciara una averiguación preliminar, para determinar si existía mérito para iniciar una investigación formal.
Los levantamientos de información ocurrieron desde entonces en los municipios de Manizales, Chinchiná, Palestina, Neira y Aranzazu, y no solo se limitaron al encadenamiento de subproductos bovinos sino al enclave del cerdo.
La Superintendencia identificó, por ejemplo, que entre el 2014 y 2016 Prosan habría celebrado y ejecutado dos contratos con Surtipiel, mientras que esta última se comprometió a ceder a la primera su mercado de adquisición de pieles, sebo, hueso, sangre y decomiso. Esto, con el fin de restringir el acceso a Surtipiel a proveedores distintos a Prosan, y para garantizar que Surtipiel quedara por fuera del mercado descrito, permitiendo que el porcentaje de participación de Prosan en el mercado se incrementara significativamente.
Algo similar habría ocurrido con Charri Trading (en 2017), a quien Prosan sacó del mercado de adquisición de pieles a cambio de dinero y anticipos, lo que aumentó su participación en el negocio de pieles en Caldas.
Por otra parte, en diciembre de 2016, Agrosan aceptó abstenerse de ampliar su red de proveedores, comprándole únicamente los subproductos a Prosan.
Además, la SIC documentó el control indirecto que ostenta Prosan sobre la central de sacrificio Frigocentro, cuya mayoría accionaria quedó en manos de las empresas de la familia Toro Mejía, propietaria de Prosan, lo que le dio ventajas relacionadas con la información de competidores y la potestad para evitar que otros competidores pudieran acceder a los subproductos.
Así mismo, la Superintendencia describió que la constitución de la sociedad Cercaldas se llevó a cabo en 2020 para que continuará ejecutando las actividades comerciales que realizaba Prosan antes de su disolución, incluyendo las prácticas anticompetitivas. Ambas tienen los mismos dueños y proveedores. La SIC dijo que “fue la sustitución de una compañía por otra”.
En el evento que se pruebe que existió violación de las normas de la libre competencia económica, la SIC podrá imponer a las empresas infractoras sanciones de hasta $90.852 millones, y a las personas naturales de hasta $1.817 millones