El devuelto proyecto de PGN 2027 redujo el gasto de funcionamiento, con menores transferencias y compras de bienes y servicios, según el Observatorio Fiscal de Javeriana.
Mientras el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella prepara el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, un análisis del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana encontró que la iniciativa presupuestal presentada por el anterior gobierno de Gustavo Petro —y posteriormente devuelta por el Congreso— planteó una reducción significativa del gasto de funcionamiento.
El ajuste resulta relevante porque, durante los cuatro años de la administración Petro, el Gobierno insistió en las dificultades para contener el gasto público debido a las rigideces e inflexibilidades que caracterizan buena parte del presupuesto nacional.
Sin embargo, el último proyecto de PGN presentado por la cartera de Hacienda mostró que sí era posible reducir el gasto de funcionamiento sin trasladar nuevamente la mayor parte del ajuste a la inversión.
El principal ajuste se produjo en las transferencias. Según el Observatorio Fiscal, estas pasaron de $290,1 billones en 2026 a $277,2 billones en 2027, lo que representa una reducción real de $12,8 billones, equivalente a 4,4%.
Este recorte aportó -3,3 puntos porcentuales a la variación total de la apropiación presupuestal, que fue de -5,2%.
No obstante, el comportamiento no fue uniforme entre los diferentes componentes de las transferencias. Mientras los recursos destinados al Sistema General de Participaciones (SGP) aumentaron en $2,5 billones, las pensiones y asignaciones de retiro crecieron en $1,3 billones.
En contraste, el resto de las transferencias registró una reducción de $16,8 billones, convirtiéndose en el principal foco del ajuste.
El segundo recorte más importante se presentó en la adquisición de bienes y servicios, que pasó de $22 billones a $17,9 billones.
La disminución fue de $4,1 billones, equivalente a una reducción real de 18,7%, y representó un aporte de -1,1 puntos porcentuales a la variación total del componente.
Los gastos de personal también disminuyeron. En este caso, el recorte fue de $3,1 billones, equivalente a 4,3%, con un aporte de -0,8 puntos porcentuales.
Sin embargo, el análisis del Observatorio Fiscal advierte que la reducción del gasto de funcionamiento no obedeció principalmente a una disminución de la nómina estatal. El mayor peso estuvo en los recortes a las transferencias y a la adquisición de bienes y servicios.
En conjunto, el proyecto presentado por el gobierno Petro planteó una disminución real de $13,5 billones en el gasto de funcionamiento frente al PGN 2026 vigente.
El ajuste, sin embargo, no fue generalizado ni afectó de la misma manera a todos los componentes presupuestales. Una parte importante se concentró en otras transferencias, mientras que obligaciones como el SGP y las pensiones continuaron aumentando.
El Observatorio Fiscal aclara que la comparación parte del PGN 2026 vigente a la fecha de corte. Además, todavía estaba pendiente el aplazamiento de gasto necesario para cerrar la diferencia entre los ingresos y los gastos autorizados. Por esta razón, la magnitud definitiva del ajuste podría cambiar una vez se materialice ese aplazamiento.
Para el Observatorio Fiscal, el principal hallazgo no es que las inflexibilidades presupuestales hayan desaparecido, sino que el proyecto demostró que era posible realizar ajustes dentro de un presupuesto que el propio Gobierno había caracterizado como altamente rígido.
La pregunta ahora es si esas reducciones corresponden a cambios estructurales o si se trata de ajustes que podrían revertirse en los siguientes presupuestos.
Desde la Universidad Javeriana se insiste en que el nuevo Gobierno deberá dar prioridad al ajuste del gasto público como parte de una estrategia para recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
De acuerdo con los análisis del Observatorio, el gasto público ha crecido de manera sostenida desde la pandemia. En el escenario fiscal actual, contenerlo será tan importante como fortalecer los ingresos del Estado.
Aunque el proyecto de presupuesto de 2027 presentado por el anterior gobierno no continuará su trámite en el Congreso, deja una señal relevante para la nueva administración: es posible plantear reducciones importantes en el gasto de funcionamiento sin trasladar nuevamente la mayor parte del ajuste a la inversión.
Este antecedente deberá ser revisado cuando el gobierno de Abelardo de la Espriella presente su propio proyecto de Presupuesto General de la Nación, previsto para el 31 de agosto.
La discusión tendrá una relevancia adicional debido al terremoto del 10 de agosto, que aumentará las necesidades de reconstrucción y reactivación económica y, con ellas, las presiones sobre el presupuesto nacional.
En este contexto, uno de los principales retos será reasignar y priorizar el gasto de manera responsable, de forma que se protejan los recursos necesarios para la recuperación sin perder de vista la necesidad de avanzar hacia unas finanzas públicas más sostenibles.
El desafío será encontrar espacio para atender las nuevas necesidades derivadas de la emergencia sin repetir un escenario en el que los ajustes recaigan de manera desproporcionada sobre la inversión pública.
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