El Gobierno Nacional ha dado sus primeros pasos para hacer serios cambios en el sector minero del país. Radicó ante el Congreso de la República el proyecto de “Ley Minera para la Transición Energética Justa, la Reindustrialización Nacional y la Minería para la Vida”. La cuestión es que varios de los gremios empresariales vaticinaron que si esas reglas entran en juego, las cosas serán más difíciles para la minería legal y más fáciles para la ilegal.
Así lo explicó la Asociación de Profesionales del Sector Minero Colombiano (APMC). Según el gremio, el Gobierno quiere controlar toda la actividad desde Bogotá, limitar el trabajo de las empresas privadas y dar prioridad solo a comunidades o empresas estatales, lo que frenaría la inversión y el empleo.
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Además, dicen que no se ha escuchado al sector minero formal, que la ley no soluciona los problemas reales —como la minería ilegal, el uso del mercurio o las demoras en licencias— y que generará más trámites, incertidumbre y conflictos.
Todo ese marco de incertidumbre local ocurre en medio de un buen momento para la minería mundial. Y es que varios metales preciosos están rompiendo récords en sus precios. Ese es el caso del oro, que ha repuntado más del 5% en lo corrido de esta semana y superó un máximo de US$4.243 la onza.
Ni hablar de la plata, que logró una cotización este 16 de octubre por encima de los 53 dólares por primera vez en la historia. Un incremento que obedece a las tensiones globales. Ese boom podría desaprovecharse en Colombia a raíz de una aprobación del mencionado proyecto que radicó el Ministerio.
Con la nueva ley minera se cambiará el modelo
La mayor inquietud de los gremios extractivistas se centra en que la medida plantea un nuevo modelo con prevalencia pública y comunitaria, en el que la operación en zonas habilitadas se priorizará para comunidades étnicas, mineros tradicionales y empresas estatales, mientras que la participación de privados será excepcional.
De hecho, la Asociación Colombiana de Minería (ACM) señaló que la iniciativa elimina la participación privada en el desarrollo futuro del sector, al establecer que la minería será adelantada principalmente por empresas estatales, permitiendo la participación de terceros solo cuando el Estado no pueda hacerlo directamente.
“Este proyecto establece un modelo estatizado y centralista que limita la libertad de empresa y propicia un monopolio estatal. Si se aprueba, el sector quedará sumido en una parálisis sin precedentes, abriendo espacio a la minería ilegal y a organizaciones criminales”, advirtió Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM.
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Eso no es todo, de aprobarse se establecería la prohibición de nuevos contratos para la exploración y explotación de carbón térmico (Artículo 23), sin ofrecer una hoja de ruta económica o energética que indique cómo se sustituirán los empleos y recursos fiscales que genera esta actividad.
El texto también propone una reclasificación de la minería en tres categorías —artesanal, semitecnificada y tecnificada (de pequeña, mediana y gran escala)—, con mayores flexibilidades para los mineros no formalizados (así se lee entre los artículos 8 y 11).
Incluso, a la APMC le preocupa que el proyecto habla de una nueva fase denominada “alistamiento exploratorio”, que requerirá obtener licencia ambiental previa antes de iniciar los trabajos de campo (Artículo 50).
El propio ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, reconoce que el día es promover un cambio en el enfoque económico: “Con esta ley recuperamos la soberanía del Estado sobre los recursos minerales, aseguramos transparencia en la contratación y articulamos la minería con el desarrollo productivo nacional”, dijo.
Riesgos para la inversión y el empleo en regiones mineras
La Asociación señala que el proyecto amplía de manera indiscriminada las zonas de exclusión y restricción minera, incluso en áreas donde hoy la actividad coexiste con otras formas de producción. Esto, afirma el gremio, equivale a una “expropiación indirecta” sobre los títulos mineros vigentes y afectaría la estabilidad jurídica del sector.
En eso coincide David Londoño, CEO de Mineros, que en conversación con esta redacción valoró que el Ejecutivo busque alinear la minería con la transición energética justa, la reindustralización y la minería para la vida; “sin embargo, la propuesta podría generar gran incertidumbre jurídica, además de una excesiva carga fiscal para las empresas, frenando la inversión e impactando a las compañías formales que hacen minería responsable y sostenible”.
La mayor inquietud del empresario obedece a la redefinición de las reglas de juego para la industria y la ambigüedad sobre la protección de los derechos sobre los títulos mineros vigentes.
Falta de participación y concentración de poder en el Ejecutivo
La ACM advierte que la iniciativa otorga una amplia discrecionalidad a la Autoridad Minera para decidir dónde y bajo qué condiciones se podrá desarrollar la minería, sin criterios claros. Además, el gremio cuestiona que el proyecto traslada competencias del Congreso al Ejecutivo, evitando el debate plural y democrático sobre asuntos clave como la participación ciudadana y la coordinación territorial.
“Una ley de esta trascendencia no puede elaborarse sin escuchar a quienes trabajan legítimamente en el territorio. Hace más de un año presentamos observaciones técnicas y jurídicas que no fueron consideradas ni debatidas en escenarios reales de diálogo”, afirmó el presidente del gremio.
Un problema para el crecimiento
Para la ACM, el texto no promueve el crecimiento del sector, sino que lo debilita, al vulnerar principios como la libertad de empresa, la iniciativa privada y la libre competencia, pilares constitucionales que deben ser respetados.
“El proyecto no es una ley minera, es una ley anti-minera, porque condena a la minería formal y responsable, y pone en riesgo la seguridad energética del país”, aseguró Nariño.
La Asociación hizo un llamado al Congreso de la República para analizar con objetividad los impactos que podría generar esta reforma en la industria, el empleo y las finanzas territoriales.
“El país necesita una política minera moderna, equilibrada y sostenible, que impulse la inversión social, la reindustrialización y la seguridad energética, no una ley que cierre las puertas a la minería responsable”, concluyó la ACM.
Hay que recordar que para aprobarse el proyecto debe cumplir con su trámite en el Congreso antes de convertirse en Ley. La lectura de los gremios es que esta medida empeoraría la informalidad, que ya alcanza más del 75% de la extracción en el país.
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