El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su estrategia de transición energética al presentar un proyecto de resolución que busca definir las reglas para explorar y explotar hidrógeno blanco en Colombia.
La propuesta fue anunciada durante la quinta edición del Congreso Internacional de Hidrógeno por Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, quien explicó que el objetivo es construir un marco regulatorio para el desarrollo de esta fuente no convencional de energía renovable.
La noticia es histórica. Hay que recordar que en 2025 la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) reportó hallazgos en pozos de Boyacá y la Cordillera Oriental con concentraciones de hasta 36.110 ppm, convirtiendo al país en pionero regional en el trabajo con este energético.
¿Y por qué es importante esto? Los expertos aseguran que explorar y explotar hidrógeno blanco es estratégico porque se trata de un recurso natural que se produce de manera espontánea en la corteza terrestre, lo que lo convierte en una fuente de energía renovable con costos de producción más bajos, un suministro prácticamente ilimitado y una huella de carbono mínima en comparación con los combustibles fósiles.
¿Qué es el hidrógeno blanco y qué busca regular el Gobierno?
La resolución define el hidrógeno blanco como el producido naturalmente mediante procesos geológicos en la corteza terrestre y lo reconoce como una Fuente No Convencional de Energía Renovable (FNCER).
La iniciativa busca regular todo el proceso de evaluación, exploración y explotación de este recurso, además de establecer las condiciones para asignar áreas y autorizar proyectos.
El Gobierno considera que esta regulación es estratégica para impulsar investigaciones, atraer inversiones y desarrollar una nueva industria energética en el país.
Derechos de explotación de 30 años
El documento divide las autorizaciones en varias etapas con plazos específicos. La autorización para estudios de evaluación y exploración tendrá una vigencia total de ocho años. Ese periodo se divide en una fase inicial de evaluación geológica de hasta dos años y una fase de exploración de máximo seis años.
Aunque podrán solicitarse prórrogas, estas no podrán superar el plazo original de ocho años.
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En caso de confirmarse el recurso, las empresas podrán solicitar autorizaciones de explotación por hasta 30 años. Las extensiones permitidas tampoco podrán exceder ese mismo periodo inicial.
Además, el desarrollador tendrá dos años, contados desde que un pozo exploratorio alcance su profundidad objetivo, para confirmar la existencia del recurso y evaluar su potencial comercial.
¿Qué exigencias técnicas tendrán las empresas?
La regulación fija requisitos técnicos, jurídicos y financieros para las compañías interesadas.
Las empresas deberán acreditar experiencia previa en proyectos del subsuelo, como hidrocarburos o geotermia, además de demostrar capacidad financiera y operativa.
El documento también establece límites sobre las áreas de interés. Las zonas nominadas para futuros procesos de asignación no podrán superar los 800 kilómetros cuadrados.
Durante la fase de exploración será obligatorio perforar al menos un pozo exploratorio. La resolución contempla estrictos estándares técnicos para perforación, muestreo geológico y manejo operativo de los pozos.
Por ejemplo, en pozos estratigráficos la extracción de núcleos convencionales deberá representar al menos el 5% del espesor total perforado y los ripios o cortes de pozo tendrán que recolectarse en intervalos máximos de 15 pies.
¿Cómo serán las reglas de seguridad y abandono de pozos?
Uno de los capítulos más detallados de la propuesta se relaciona con la integridad y abandono definitivo de pozos.
El Ministerio exigirá que los tapones de cemento utilizados para el cierre de pozos tengan una longitud mínima efectiva de 100 pies.
También deberán realizarse pruebas de presión de al menos 500 psi por encima de la presión de inyección y no podrá registrarse una caída superior al 10% durante los últimos 15 minutos de la prueba.
Además, las compañías deberán aplicar un peso mínimo de 10.000 libras sobre los tapones para verificar su estabilidad.
La suspensión temporal de actividades en un pozo podrá autorizarse hasta por 12 meses, prorrogables por tres periodos adicionales iguales.
¿Qué obligaciones administrativas deberán cumplir los operadores?
La propuesta también fija obligaciones de seguimiento y control. Las empresas deberán entregar informes anuales de avance dentro de los 60 días hábiles posteriores al cierre de cada año. En casos de coproducción, la entrega de información técnica deberá hacerse semestralmente.
El Ministerio de Minas tendrá un plazo de 90 días hábiles para resolver solicitudes de autorización de explotación.
Además, el plan de desmantelamiento de los proyectos deberá socializarse al menos dos años antes del vencimiento de la autorización de explotación.
En cuanto a los permisos de perforación, estos tendrán una vigencia inicial de seis meses y sus renovaciones deberán solicitarse con mínimo 30 días hábiles de anticipación.
El proyecto establece que durante la fase exploratoria será obligatorio perforar al menos un pozo exploratorio, considerado uno de los compromisos mínimos para validar el potencial del recurso.
Aunque el borrador divulgado no detalla las sanciones específicas por incumplimiento, el esquema de seguimiento técnico y operativo permitiría al Ministerio evaluar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas dentro de la autorización.
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