Análisis
Empresas se lucran y los efectos en la salud los pagamos todos
Diana Guarnizo
Investigadora del centro de estudios de justicia
Cada vez hay más estudios que muestran el efecto de las bebidas azucaradas en el aumento de peso y, en consecuencia, en la incidencia de enfermedades como la diabetes. Para poner un ejemplo, una gaseosa de 600 mililitros tiene 12 cucharaditas (cada cucharadita es de 5 gramos) y un refresco de mango, 14 cucharaditas. Sin exagerar, se puede decir que, son azúcar líquida. Por supuesto que las bebidas azucaradas no son las únicas causantes de la obesidad en Colombia, pero hay que empezar por algún lado. Esto debería ser parte de una política integral: desestimular a través del impuesto otros productos dañinos (comida chatarra y con grasas trans), al tiempo que se reduce los impuestos a alimentos más sanos (productos sin procesar que hacen parte de la canasta familiar).
La salud es un bien público protegido constitucionalmente que, al igual que otros, debe ser protegido por el Estado.
Las compañías tienen como objetivo lucrarse (esa es su razón de ser) y para ello buscan poner en el mercado productos altamente comercializables, sin que necesariamente propendan por la salud de la gente.
Pero las consecuencias en términos de obesidad, diabetes, falla cardiaca, las pagamos todos con nuestras contribuciones al sistema de salud. Las compañías se llevan las ganancias, mientras que los costos sociales se distribuyen entre toda la población.
En ese escenario, me parece lógico que el Estado intente imponer restricciones para la comercialización de alimentos que no son buenos para la salud. De hecho, esto es lo que ya pasa con el tabaco o el licor, como generan un efecto perjudicial en la gente, pues tienen un impuesto que busca contrarrestar ese daño. No creo que un impuesto a las bebidas azucaradas restrinja la libre competencia, siempre que se aplique el impuesto por igual a todas las compañías y entren al mercado en la misma condición.