Gobierno suspendió indefinidamente megaobra del canal del Dique

Ejecutivo advierte que hasta que no haya una orden judicial que permita reactivar el proceso, el proyecto queda congelado.

Mintransporte y ANI tomaron la decisión hasta que no haya una orden judicial que permita reactivar el proceso. FOTO: COLPRENSA

El Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) tomaron la decisión de suspender indefinidamente el desarrollo del megaproyecto para intervenir el Canal del Dique hasta tanto no haya una orden judicial que permita reactivar el proceso.

La medida de ambas entidades se deriva por una tutela que frenó el cierre del proceso de esta asociación público – privada (APP), que prevé inversiones por $3,2 billones, y en donde la adjudicación de la concesión estaba prevista para este viernes, 30 de septiembre, pero según el Ministerio de Transporte, esta fecha tampoco se cumplirá.

“Mientras la Corte Constitucional no decida la competencia del juez encargado de resolver la acción de tutela en la que se decretaron medidas cautelares al proyecto, la etapa de adjudicación (...) se suspende de manera indefinida. El caso llegó al alto tribunal, luego de que el juez sexto de Cartagena remitiera el proceso por el conflicto negativo de competencia surgido entre este y el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Sincelejo”, afirmó el ministerio.

Cabe recordar que la tutela fue presentada por el consejo comunitario del corregimiento de Hato Viejo (Bolívar) y admitida por el juez sexto. La querella exige el derecho al proceso de consulta previa, razón por la cual el despacho decretó medidas cautelares.

Así, con la decisión, la ANI y Cormagdalena pidieron remitir el expediente al Juzgado de Sincelejo, ya que el juez de ese despacho habían tramitado múltiples tutelas, pero al final el proceso fue enviado a la Corte Constitucional para que tome una decisión de fondo sobre la medida cautelar presentada.

Sin embargo, mientras se tome una decisión judicial, el Gobierno nacional desarrollará las mesas de diálogo y concertación con poblaciones de Atlántico, Bolívar y Sucre.

En el proceso licitatorio, la única empresa que presentó una oferta fue la multinacional española Sacyr.