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Social o fiscal: así es como la reforma busca plata
Ampliar la base de contribuyentes y eliminar los productos exentos de IVA son algunas de las propuestas planteadas.
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La reforma propuesta por el Gobierno busca cubrir el déficit que aumentó con la implementación de planes para la atención de la pandemia. FOTO Carlos Velásquez
12 de abril de 2021
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La expectativa sobre las metas de la próxima reforma tributaria está puesta en la cifra de $26,1 billones, 2,2 % del Producto Interno Bruto (PIB), que el Ministerio de Hacienda pretende recaudar para ajustar las cuentas del Gobierno, impactadas por la pandemia.
La explicación del jefe de esa cartera, Alberto Carrasquilla, es que el déficit fiscal que en 2019 era de -2,5 % se incrementó el año pasado a -7,8 % por la covid-19 y este año se incrementaría a un -8,6 %, implicando una necesidad de financiamiento 22 % superior a la de 2020.
El pasado miércoles en una presentación que hizo en un foro organizado por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), el ministro sostuvo que con la postura fiscal actual se estima que la sostenibilidad desaparecería en el mediano plazo, por lo que es necesario introducir modificaciones para financiar la dinámica de gasto, lo que se lograría elevando el recaudo tributario y reduciendo la evasión y la elusión (ver Informe).
La fórmula para alcanzar este propósito es llevar al Congreso una iniciativa denominada “Proyecto de Ley Solidaridad Sostenible”, que pese al componente social con el que se presenta, equivale a una reforma tributaria o fiscal, la número 12 desde el año 2000, según un recuento de Anif (ver gráfico).
No obstante, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, aseguró que la propuesta que se llevará al Congreso no es una reforma tributaria. “Una reforma fiscal es imponer impuestos para financiar gastos futuros. Esta no es una reforma tributaria porque el gasto ya lo hicimos, pues para atender la pandemia tuvimos que hacer un gasto excepcional. A través del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) hemos gastado $40 billones y por la caída de ingresos hemos dejado de recibir otros $40 billones”.
En un foro virtual realizado el viernes por ProBogotá, Londoño insistió en que aunque hoy se terminara la pandemia el país debe seguir apoyando a las familias más vulnerables con los programas sociales que cuestan unos 11 billones de pesos.
Además, es necesario pagar el “hueco” que causó la atención de la pandemia que se tradujo en planes de apoyo a las empresas, financiación, garantías, programas de vacunación y fortalecimiento del sector salud. “Todo eso nos deja un hueco de $100 billones que tenemos que pagar y para cubrirlo requerimos una serie de ingresos anuales y hay que buscarlos sin ahogar a las empresas”.
Ejes de acción
Sin radicarse el texto de la iniciativa sobre la que deliberarán y debatirán los congresistas, la columna vertebral del pretendido recaudo de $26,1 billones apunta a que haya un mayor recaudo del IVA mediante la reducción de los tratamientos preferenciales (ver Para saber más).
También ampliar la base gravable, es decir que más personas naturales paguen impuestos y estableciendo, por ejemplo, que personas que tengan ingresos de $31 millones al año ($2,58 millones al mes) tengan una tasa de tributación del 0,2 % o $100.000 al año, aproximadamente.
En el radar, igualmente, están las pensiones de $92 millones al año ($7,66 millones por mes), que se gravarían con una tasa efectiva de 0,01 %.
La propuesta de Carrasquilla contiene una extensión y un aumento de forma general del impuesto al patrimonio, aplicando una tarifa marginal de 1 % sobre patrimonios superiores a $5.000 millones y de 2 % para los que estén por encima de $15.000 millones, lo que estaría vigente hasta 2023.
En el caso de los dividendos se intentará imponer una tasa de 15 % cuando estos sean mayores a 800 Unidades de Valor Tributario (UVT), es decir, más de $29,04 millones.
Para las personas jurídicas el anuncio es mantener la tarifa de tributación en el 31 % en 2022 y bajarla a 30 % en 2023. Se incorporaría la eliminación de rentas exentas, deducciones, descuentos tributarios y tarifas preferenciales a partir de 2023, respetando los derechos adquiridos, y se mantendría el descuento de IVA de bienes de capital.
La urgencia
Desde la óptica del presidente de Anif, Mauricio Santa María, la reforma que se apruebe en el Congresos debe crear un sistema que recaude más recursos, y además debe ser progresivo, que le facilite la vida a los contribuyentes y que permita un gasto social acorde a las necesidades de Colombia. “La reforma ya no es una alternativa, es una obligación”, enfatizó.
Según el diagnóstico del líder de esa entidad, es imperativo elevar el recaudo, pues este resulta insuficiente con el gasto y las necesidades, e incluso es inferior comparado con otros países más desarrollados y del mismo nivel de ingreso.
También mencionó que al régimen fiscal colombiano le falta progresividad, ya que el impuesto de renta está demasiado concentrado, y los impuestos indirectos (IVA) pesan mucho y tienen un efecto regresivo sobre los individuos de menores ingresos.
Sobre la concentración, explicó que la base de contribuyentes es muy pequeña y los que pagan, pagan mucho, a lo que se suma un alto gasto tributario por la vía exenciones.
La estructura tributaria compleja y enredada hace que sea difícil pagar impuestos y genera espacios para la evasión y la elusión. “La coexistencia con múltiples impuestos regionales y nacionales pequeños genera distorsiones y las necesidades son crecientes, dadas las obligaciones derivadas de la Constitución de 1991, los fallos judiciales y las mayores expectativas de la sociedad, configuran un escenario creciente de necesidades fiscales. Y la pandemia obligó a incrementar la deuda de manera importante para atender las necesidades en salud y en programas para mitigar los efectos de las cuarentenas”, añadió Santa María.
Otras miradas
Desde la perspectiva del decano de la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad Eafit, César Tamayo, resulta pertinente que el Gobierno apueste por aumentar el recaudo tributario para gasto social focalizado y que pretenda que ese recaudo adicional se genere gravando a un mayor número de personas naturales y por la eliminación de exenciones.
Desde ese establecimiento educativo se explicó que la crisis del covid-19 debería ser una magnífica oportunidad para repensarnos como sociedad, para eliminar el complejo entramado de exenciones y excepciones que se ha apoderado del sistema, como consecuencia de la gestión individual de los agentes en un gigantesco juego del sálvese quien pueda ante gravámenes excesivos y mal diseñados.
“Debemos reemplazar el sistema de financiación de la protección social a través de gravámenes a la producción y a los factores productivos, para orientarnos a un sistema de tributos justos y equitativos a quienes, disfrutando de un nivel de bienestar razonable, se beneficiarán también de la prosperidad que se genere”, se lee en el informe “Economía colombiana. Análisis de coyuntura” publicado por Eafit el pasado miércoles.
Por su parte, el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, dijo que la iniciativa del Gobierno está soportada en una falsa motivación, pues se señala que las necesidades son causadas por la pandemia. “Lo que pasa es que Colombia hace rato viene con un déficit estructural, dado que mientras los ingresos han estado alrededor del 14 % del PIB, el gasto alcanza el 19 %, es decir cinco puntos de diferencia”.
Según precisó, la fórmula para resolver este fenómeno no es solo aplicar una reducción del gasto, porque de cada 100 pesos que ingresan a las arcas del estado 85 están comprometidos (Sistema General de Participaciones, gasto pensional y el servicio de la deuda), es decir que el gasto es inflexible.
Rechazó la idea de gravar a quienes tienen ingresos mayores a $2,5 millones por mes y la ampliación del IVA. “Con eso se les estaría dando un duro golpe a la clase media y a los más vulnerables”
$10,5
billones es el recaudo que se pretende obtener por concepto de IVA.
$3
billones sumaría el recaudo de impuestos entre personas jurídicas: MinHacienda.
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