La reforma laboral logró pasar la prueba de fuego en su último debate en el Senado. Los analistas concluyen que el texto aprobado es muy similar, en sus puntos claves, a la ponencia que salió de la Cámara de Representantes y, de hecho, el texto del Senado será acogido en la conciliación que tendrá lugar mañana.
En el entre tanto, los gremios económicos no están a gusto con la reforma. Acopi, representativo de las mipymes, proyecta un golpe equivalente al pago entre 1 y 3 nóminas salariales para las micro y pequeñas compañías.
Pese a esto, todo parece listo para que la laboral pase a sanción presidencial sin mayores problemas. El Congreso de la República informó que los conciliadores del Senado serán Carlos Abraham Jiménez (Cambio Radical) y Juan Samy Merheg (Partido Conservador), mientras que la Cámara nombró a María Fernanda Carrascal (Pacto Histórico) y Juan Camilo Londoño (Alianza Verde).
“En mi caso particular no estamos de acuerdo con esta reforma. Sabemos que esta iniciativa va a generar más desempleo y, sobre todo, más informalidad. Asumimos este papel solo con una condición: que se aprobara el texto tal como salió de Senado. Si los representantes a la Cámara se vuelven irracionables serán ellos quienes, con el Gobierno, hundirán la reforma laboral”, declaró Carlos Abraham Jiménez.
“Hemos decidido que, teniendo en cuenta que el Senado ha acogido más del 85 % del texto que conciliamos durante más de dos años, y a que se revirtieron artículos que eran muy regresivos, nos vamos a acoger al texto de Senado. Ese texto mejora además algunos de los puntos de la reforma. Esta reforma no es regresiva, sino progresiva”, dijo, entre tanto, María Fernanda Carrascal.
Es así como los empresarios ya están sacando cuentas de cupanto subirían los costos y la forma en que tendrán que apretarse el cinturón a raíz de las nuevas condiciones laborales.
El contrato de aprendizaje
Uno de los puntos más álgidos del debate fue el contrato de aprendizaje. Finalmente, el Pacto Histórico logró un artículo para que las empresas le garanticen un contrato laboral –en lugar de uno de aprendizaje– a los aprendices del Sena.
Para contexto, en el país las empresas privadas de cualquier tipo de actividad económica diferente al sector de la construcción, y que cuenten con quince o más trabajadores, deben realizar un contrato de aprendizaje con un practicante del Sena por cada veinte 20 trabajadores a su cargo, y un contrato adicional por fracción entre 10 y 20 colaboradores.
Las compañías que no cumplan con ello están en la obligación de pagar al Sena una cuota mensual que se conoce como tasa de monetización, en otras palabras, una especie de multa.
Costos por cambios para aprendices
Rodolfo Correa, presidente de Acopi, resumió en conversación con EL COLOMBIANO que esa nueva norma es “un baldado de agua fría para las mipymes”. Según él, “la decisión que acaba de tomar el Congreso bajo la presión del Gobierno se desnaturaliza por completo la relación que se tiene con los aprendices”.
Su argumento se soporta en que los practicantes son personas que van a aprender, y dada esa condición no tienen la función de aumentar la productividad de las compañías. Bajo su óptica, llegan a “extraer conocimiento de las empresas”.}
“El gobierno, de forma unilateral y sin consulta de los gremios, nos lleva a la considerarlos plenos trabajadores y obliga a las empresas a pagarlos como tal, reduciendo el margen de utilidad de las compañías”, manifestó Correa.
El contrato de aprendizaje obedece al artículo 23 del texto avalado en Senado. Con este, Acopi calcula que un estudiante en etapa lectiva pasará de costar aproximadamente $711.750 (50% de un salario mínimo) a $1.245.876 (75% del salario mínimo, incluyendo aportes a salud y ARL).
En la etapa práctica, los costos son más honerosos. Un aprendiz cuesta hoy $1.067.625 (75%), pero con los cambios, subirá a $2.189.326, incluyendo vacaciones, prima de servicios, cesantías, intereses de cesantías, pensión y demás prestaciones, según cálculos del Observatorio Nacional de la Mipyme, de Acopi. El ajuste sería del 105% por trabajador.
En ese orden, Correa estima que una mediana empresa de 100 trabajadores, que está obligada a contratar cinco aprendices para que cumplan tres meses de lectiva y otros tres de práctica, tendría que pagar alrededor de $56.400.000 semestralmente por los cinco aprendices, es decir $112.800.000 anuales.
¿Preferible pagar una multa?
Para algunos expertos consultados por este medio, las empresas podrían buscar eludir el aumento de costos laborales y elegir pagar la cuota de monetización, que tras la reforma se establecería en $2.134.500, equivalentes a 1,5 salarios mínimos mensuales. Es decir, ligeramente por debajo del valor que costaría contratar un aprendiz.
Incluso, el presidente de Acopi sostuvo que los empresarios afiliados al gremio preferirían pagar la tasa de monetización en vez de contratar a los aprendices. “Lo que está en juego aquí es la estabilidad financiera de las compañías, y nadie puede hacer una empresa para dedicarse a perder plata”.
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El profesor e investigador del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, Iván Jiménez, coincidió con esa idea. Manifestó que contratar un aprendiz no solo implica el pago del salario y las prestaciones, sino otros “costos ciegos” como la dotación, las herramientas de trabajo, y el hecho de tener un tutor para él. “Eso es algo que la reforma no miró. Es decir, es más económico desde todo punto de vista, operativo, desde el costo transaccional, desde la misma operación económica, la monetización. Claro, el aprendiz te genera un valor agregado porque es un aprendiz, pero eso si la empresa lo necesita, si no, pues la compañía monetizará “, señaló Jiménez.
Lo anterior puede traer dos efectos. Uno, que las empresas dejen de contratar aprendices, o dos, el incremento de recursos para el Sena por medio de las cuotas de monetización.
Las mipymes sin exenciones
Pero esa no es la única subida de costos que le está sacando “canas” a los empresarios, pues, finalmente los senadores terminaron por aprobar en los recargos dominicales y festivos al 100% y la jornada nocturna a partir de las 7:00p.m., ambas propuestas sin excepciones para las mipymes, que fue una de las peticiones más reiteradas de los empresarios al Congreso.
Así las cosas, Acopi calcula que el impacto de la reforma laboral será de cerca de 157 millones de pesos anuales más para cada pequeña empresa, en promedio, en el país, mientras que las microempresas pagarán 22 millones de pesos adicionales al año a raíz de esos nuevos gastos. “Eso significa que una pequeña firma va a tener que pagar tres nóminas adicionales, sin tener realmente más trabajadores que le presten el servicio; y las microempresas se verán en la obligación de pagar el valor equivalente a una nómina más (...) esto va a poner en entredicho la viabilidad de las micro y pequeñas empresas en Colombia”, sentenció Correa.
Lo que quedaría por fuera
La ponencia que aprobó la Cámara incluía en su artículo 35, una propuesta que reconocía el trabajo familiar y comunitario y, entre otras cosas, definía: “El trabajo familiar, comunitario, campesino, solidario y popular deberá contar con acceso a seguridad social integral en Salud, Protección Social Integral para la Vejez y Riesgos Laborales (...)”. No obstante, este fue eliminado en el articulado que resultó del Senado.
La bancada de Gobierno buscó revivirlo en el debate. Aun así, no se incluyó nuevamente al texto, en la conciliación deberá retomarse la discusión sobre ese numeral, ya que sería una diferencia notable entre senadores y representantes a la Cámara.
Asimismo, el texto aprobado por Cámara proponía en su artículo 49: “La licencia de paternidad en Colombia aumentará de manera progresiva hasta llegar a cuatro (4) semanas en el 2026, así: en el 2025 subirá a tres (3) semanas, en 2026 llegará a cuatro (4) semanas”.
No obstante, esa propuesta fue eliminada del proyecto radicado en el Senado totalmente. Eso, con el argumento de que esa medida implicaría “un costo adicional para el sistema de salud de $1 billón de pesos por cuatrienio”.
Lo cierto es que la reforma laboral está a un día de ver luz verde y está por verse desde cuándo regirá, según la disposición del Congreso de la República.
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