Al escuchar a la nueva ministra de Trabajo, Clara López Obregón, es evidente que los aportes de la cartera al posconflicto y a la paz, así como mejorar los salarios de las colombianas están primero que una reforma pensional.
Más allá de las recomendaciones reiteradas de Asofondos, gremio de las administradoras privadas de fondos de pensiones (AFP); más allá de las propuestas de ajuste planteadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (Ocde) y el Banco Mundial (BM); más allá de la inequidad y baja cobertura del régimen Público de Prima Media (RPM); más allá de que unos 180 mil pensionados reciban el 85 % de recursos anuales para 1,2 millones de jubilados por el Estado. Más allá de todo, eso, la reforma pensional seguirá en el congelador.
La esperanza de los actores del sistema previsional colombiano es que el Gobierno impulsara la reforma pensional, una vez se descongestione este año la agenda legislativa embotellada en leyes de paz y una reforma tributaria.
Pero López ve la discusión de la reforma pensional en 2017 “o años posteriores”, aunque el gobierno Santos ha anunciado y dilatado un ajuste en esta materia desde mediados de 2012.
Por ahora, la ministra concentrará sus esfuerzos en temas como que las mujeres del país no ganen, en promedio, 20 % menos que la fuerza laboral masculina. Y se propone “articular” programas para lograr revertir las precarias condiciones laborales y de seguridad social en el campo.
Así lo expresó ayer en un foro sobre equidad de género, mujer, agro y paz, en el centro de convenciones Plaza Mayor. Allí dialogó con EL COLOMBIANO acerca de prioridades en la cartera que asumió desde el 4 de mayo pasado:
¿Habrá reforma pensional en 2017? ¿qué le ha dicho el presidente Santos?
“Planteó que dejaba abierta la posibilidad de examinar el tema posteriormente, pero no es una de las prioridades inmediatas de Ministerio de Trabajo este año”.
¿Qué quiere decir?
“El tema pensional ha quedado aplazado. El Ministerio está asumiendo el estudio de todas las propuestas que hay sobre la mesa, los empleadores y organismos internacionales. Nos abocamos a realizar un estudio profundo para tomar una posición y poder dar la discusión en 2017 o años posteriores”.
Las recomendaciones de la Ocde y el BM coinciden en ajustes paramétricos al sistema pensional. ¿Está de acuerdo con elevar e igualar la edad de pensión de hombres y mujeres?
“Considero que la equiparación de edades es inconveniente porque la mujer lleva mayor carga de trabajo que el hombre, lo demuestran las estadísticas. Es un tema bastante polémico que se tendrá que discutir más adelante”.
¿Cuál es su postura e impulsará en el congreso el proyecto de ley que cursa para bajar los aportes de salud de 12 a 4% que hacen los pensionados?
“Hay varios proyectos en curso, también el de aumentar las licencias de maternidad, ajustar cotizaciones a seguridad social, el de horas extras. Todos han sido acumulados en el Congreso en un solo proyecto de ley y evaluaremos, en la medida de las posibilidades, su conveniencia. Hay que examinar hasta dónde se puede reducir esa cotización a salud de los pensionados y hasta que monto de la mesada”.
Desde que la nombraron ministra dijo que trabajará por la equidad de género laboral, ¿cómo lo hará?
“En la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales se creó una subcomisión para convenir cómo se hará cumplir normas de equidad de género. Vamos a generar una política pública con indicadores y plan de acción para acercarnos a esa meta de equidad que ordena la ley”.
Frente al tema de paz, ¿cómo aportará el Ministerio en el posconflicto?
“Muchas iniciativas dispersas de protección social en el campo, empezando por zonas focalizadas en el posconflicto, se articularán en una plataforma integral. El desafío es incorporar a habitantes rurales a un piso básico de derechos sociales y laborales. La idea es llegar a un sistema de protección y seguridad social universal”.
¿Qué iniciativas concretas comprende?
“Vamos a potenciar el programa de empleo temporal rural, que ya inició con un piloto de 7.500 personas en 163 municipios, y se acompaña de programas de formación. Se impulsará más el programa de ahorro para la vejez de Beneficios Económicos Periódicos (Beps) que ya tiene 35 mil ahorradores rurales, pero no es suficiente. Además se expandirá la inversión en el campo de las cajas de compensación con subsidios familiares y bonos alimentarios, ya se comenzaron a entregar”.
¿Será la ministra que sí llene la planta de 905 cargos de inspección laboral?
“Faltan unos 80, el objetivo es llenarlos, a pesar de la rotación y la estrechez fiscal. Se han hecho esfuerzos en capacitación, que se reflejan en casos como la apertura de pliego de cargos contra Ecopetrol por presuntos beneficios que limitan la asociación sindical” (ver Para Saber Más).
¿Los empresarios pueden estar tranquilos con usted?
Claro que sí, soy una persona institucional, respetuosa de la Constitución y la ley. Lo que pasa es que hay normas de la Organización Internacional el Trabajo (OIT) que Colombia ha suscrito y tienen fundamento constitucional, pero han sido muy desconocidas. Haremos una revisión seria de todos los compromisos laborales del país, desde luego, siempre abiertos a la concertación y a escuchar a todas las partes”.
