La financiación del presupuesto de 2026 mediante este mecanismo es incierto, pese a que se redujo en $10 billones el monto que inicialmente era de $556,9 billones. El plazo para definir las cuentas del gobierno expira el 20 de octubre.
Como un “momento dulce de la relación entre el Congreso y el Gobierno” calificó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, el hecho de que el pasado jueves las Comisiones Económicas Conjuntas le dieran luz verde al presupuesto de 2026 por $546,9 billones.
Y es que según la cartera económica con esa decisión se dio un paso clave hacia la aprobación del presupuesto, tras un proceso de concertación que permitió construir acuerdos y consensos en torno al proyecto.
La determinación de las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso se logró luego de que la representante Olga Lucía Velásquez, presentara una ponencia que obtuvo una respuesta positiva.
La representante de la Alianza Verde expresó que su propuesta redujo el presupuesto en $10 billones, para hacerlo más responsable. “También acordamos no incluir facultades extraordinarias que habrían permitido comprometer recursos de años futuros sin debate previo”, añadió.
Por su parte, Ávila subrayó que las modificaciones solicitadas fueron producto de un diálogo abierto con los congresistas y contaron con el acompañamiento del presidente Gustavo Petro, quien estuvo informado de cada ajuste. “El Gobierno estimuló que ese espacio de consenso se diera, y podemos decir que este es un momento dulce de la relación entre el Congreso y el Gobierno”, añadió.
Al igual que el proyecto de presupuesto presentado inicialmente que incorporaba “un monto de $26,3 billones correspondientes a recursos contingentes”, el texto aprobado por las Comisiones contempla esa fuente de financiación adicional, pero de $16,3 billones que será discutida bajo una Ley de Financiamiento, y la cual tendrá su propio espacio de debate en el Congreso.
Tanto el ministro Ávila como la congresista Velásquez coincidieron en señalar que este resultado demuestra que, con acuerdos, es posible avanzar hacia un presupuesto que responda a las prioridades nacionales y no afecte los programas sociales contemplados.
En cuanto a la eliminación de algunos artículos del proyecto inicial, el ministro Ávila explicó que dichas decisiones fueron tomadas en común acuerdo y no comprometen la estabilidad económica ni financiera del país. Es decir, no afectan estructuralmente la operación económica del Gobierno y permiten un margen de trabajo continuo.
No obstante, el representante a la Cámara del Centro Democrático, Óscar Darío Pérez, precisó que además de la reducción de $10 billones del aforo del presupuesto, quedó definida la ley de apropiaciones o de distribución del gasto, también recortada.
¿Dónde está la diferencia? “En que al haberlo aprobado el Congreso, ya el gobierno de Petro no lo puede modificar. Si lo hubiera hecho por decreto podía jugar con el gasto como quisiera”, enfatizó.
Otra de las bondades del trámite adelantado por las Comisiones es que se recortó una serie de facultades que pedía el Gobierno Nacional.
“El Congreso le negó cerca de 10 facultades y le modificó algunos artículos”, comentó Pérez en diálogo con EL COLOMBIANO.
Para el parlamentario las facultades solicitadas eran “infinitas” y tocaban aspectos cruciales como las vigencias futuras que para el caso de Antioquia son fundamentales.
“Así, todas las obras que tuvieran respaldo en vigencias futuras, el gobierno las podía postergar. Ahora no va a poder, aunque lo hacen así la ley no se los permita, pues mire el Túnel del Toyo o las vías al mar, pero todavía conservamos la esperanza porque las vigencias futuras son ley y están comprometidas. Y si tuviéramos un gobierno que respete las normas, tendría que girarle a Antioquia, lo de Pacífico 1, 2 y 3, lo de Mar 1 y 2, lo de las obras del Magdalena y lo del Túnel del Toyo”, añadió el representante paisa.
Definido el monto presupuestal, el próximo miércoles, primero de octubre, deberá estar en las plenarias de Senado y Cámara la ponencia que se tramitará en segundo debate, la cual seguramente sufrirá modificaciones y ajustes.
A juicio de Pérez, será necesario incluir disposiciones generales, como por ejemplo asegurar los pagos a las distribuidoras y generadoras de energía y al sector salud.
Un factor clave de la discusión que no debe perderse de vista es la Ley de Financiamiento, para la que el representante Pérez no tiene buenos presagios. “Si esa ley no pasa, y no va a pasar, entonces en enero habrá que reducir el presupuesto. ¿En cuánto? En $16,3 billones”, enfatizó.
Por lo pronto, las plenarias tendrán plazo para aprobar el presupuesto hasta el 20 de octubre. Y en este punto el congresista del Centro Democrático da una voz de alerta, dado que él considera que si la iniciativa no se aprueba antes de esa fecha, habría riesgo de que quede rigiendo el proyecto de presupuesto presentado por el gobierno.
“En mi criterio debe regir el texto aprobado en la primera ponencia”, dijo, pero consultado sobre la posibilidad de que el presupuesto se fije por decreto, al igual que el año pasado, respondió: “Sí, pero ya el riesgo se disminuye porque tienen que acoger la ponencia aprobada en primer debate”.
Sin que ocurra nada extraordinario, Pérez estima que para el 16 o 17 de octubre las plenarias tendrían la ponencia para segundo debate, la cual se debería estar aprobando el día 18 de octubre y para lograr la conciliación antes del 20 de octubre.
Dado el avance en la discusión del proyecto del presupuesto y el consabido recorte de $10 billones, el presidente Petro celebró y felicitó a las Comisiones Económicas y planteó algunas opciones para ejecutar esa reducción.
En su cuenta de X anotó: “Como la solicitud nueva de recursos financieros disminuye en $10 billones, creo que lo más justo es no solicitar incrementos de impuestos sobre la gasolina y la cerveza. Espero que los productores de cerveza compren toda la materia prima de trigo y cebada de Colombia. Sabrá más rica”.
En esa línea se espera que el “tijeretazo” llegue por la vía de menores impuestos al consumo de licores, aunque quedarían gravados los de más alto costo o importados (whisky, tequila, ginebras) y no habría impuesto a la cerveza y tampoco habría impuesto a la gasolina ni al ACPM.
Entre lo que se mantendría figuran el impuesto al patrimonio, los gravámenes al carbono (que indirectamente afectaría el costo de la gasolina y la canasta familiar), y se mantendría lo que respecta a la ganancia ocasional.
Los interrogantes que abre Pérez son variados, ¿por qué el gobierno solo contempla más impuestos?, ¿por qué no reduce el gasto?
“Ellos dicen que el gasto es inflexible y eso no es verdad. Es inflexible en un alto porcentaje, pero no es inflexible tener casas Colombia en Japón, en Nueva York o en Davos, que demandan gran cantidad de recursos. Tampoco es inflexible crear embajadas en África y en Haití. No es inflexible la burocracia, ni la corrupción”, manifestó.
Así las cosas, el dirigente político antioqueño descartó que la reforma tributaria de $16 billones vaya a ser aprobada.
¿Qué puede sobrevivir? “Derivado de un proyecto aparte que hay en la Cámara, pueden salir unas amnistías o beneficios a aquellos que se pongan al día con la cartera que tienen con la Dian, con los municipios y con los departamentos. Esa cartera para el caso de la Dian vale $60 billones, pues tiene unos intereses y unas sanciones muy altas y posiblemente se pueden reducir hasta un 80%, incluyendo las multas de tránsito para que la gente pague eso y se pueda recaudar una plata”, resaltó Pérez.
Desde otra orilla del Congreso, la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, resaltó que el monto del presupuesto saliera por el Congreso y no por decreto, y que además se lograra bajar el aforo en $10 billones y se eliminaran facultades que se habían solicitado.
“Eliminamos varios artículos que le echaba mano a la plata de las pensiones en cada departamento y eliminamos un pote de mermelada, pues había un artículo que dejaba manos del Ministerio de Hacienda $6 billones que no se sabia para qué eran”, detalló la parlamentaria en un video.
Reconoció que el presupuesto sigue siendo inflado porque son $547 billones que no existen y hace que el gobierno mantenga la expectativa y la idea de aprobar una reforma tributaria que resulta inconveniente. Frente a este idea, Lozano se comprometió a estar trabajando para evitarla.
Alertó sobre el riesgo de que al hundirse la tributaria, se considere reemplazar el pretendido recaudo de $16 billones con otra fuente del plan financiero que sería nueva deuda, más créditos y altos intereses. En este punto anunció que propondrá un seguro, mediante un artículo nuevo en el texto del presupuesto que garantice que no se pueda reemplazar con crédito nuevo el fracaso de la reforma tributaria.
Camilo Sánchez, presidente de Consejo Gremial Nacional (CGN), consideró que con la propuesta de incluir una reforma tributaria como puntal del presupuesto del año que viene, se está matando a “la gallina de los huevos de oro”.
Recordó que los empresarios generan el 56% de la formalidad del país y cuestionó que el gobierno Petro esté pensando en establecer más impuestos en lo que queda de este año.
“La reforma de $26 billones era una locura, y la aprobada hace poco, rebajada en $10 billones, tengo la seguridad que los congresistas la van a bajar al mínimo monto posible”, dijo Sánchez, quien asistió al congreso anual de Fenalco, que se clausuró el viernes en Medellín.
En el mismo sentido de lo expuesto por el representante Pérez, el presidente del CGN sostuvo que este es un gobierno que no ha entendido que con el gasto de funcionamiento disparado y con los gastos inoficiosos se está poniendo en riesgo la suficiencia de la economía.
“El recorte debe empezar por la nómina, hay unos contratos de prestación de servicios absurdos, y la tarea del próximo gobierno es hacer una recomposición de Ecopetrol para recuperar los ingresos de petróleo, gas y carbón, que suman unos $23 billones”, detalló Sánchez.
Desde su óptica, lo que hicieron las Comisiones Económicas Conjuntas fue evitar el decretazo del presupuesto, que era lo que quería el gobierno. Anticipó que en las próximas sesiones en el Congreso se va a negar la reforma.
Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio de los comerciantes, Fenalco, estimó que la discusión no debe girar en torno a si el impuesto a la gasolina planteado en el proyecto de reforma golpea o no al sector.
“La discusión es de fondo. ¿Cómo es posible que un Congreso de la República, en momentos en que nadie quiere más impuestos, vaya a tramitar una reforma cuando está terminando el actual gobierno y en época electoral?”, criticó.
El dirigente gremial señaló que el Congreso que termina su periodo en 2026, con excepciones valiosas, especialmente en el Senado, quedó en deuda con el país.
Agregó que mientras las regiones producen riqueza con trabajo y productividad, en el Gobierno Nacional esos recursos terminan en burocracia, nóminas paralelas, contratos amañados y corrupción.
Insistió en que “no es justo que los impuestos de los colombianos se conviertan en botín político, mientras alcaldes y gobernadores deben resignarse a hacer fila en las oficinas de los ministerios para pedir lo que legítimamente pertenece a sus regiones”.
El exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, destacó que fuera el Congreso el que tomara la iniciativa para impedirle al gobierno que decretara el presupuesto, que en su texto original tenía artículos inconvenientes y contemplaba atribuciones que no debía tener el Estado.
Celebró que se estén dando mensajes de austeridad frente a un monto no financiable, pero lamentó que el recorte resulte insuficiente, ya que $10 billones es un valor bajo frente a una desfinanciación que él tasa en $55 billones.
“Lo más importante es que el Congreso tome la decisión firme de hundir la reforma tributaria, al hacerlo estaría obligando al gobierno a hacer un recorte de otros $16 billones, lo que sería otro buen mensaje para el país”, manifestó Restrepo.
Por último, expresó su temor porque el Congreso no siga en la senda que se le vio el jueves, porque en ese caso se abriría el camino para una reforma tributaria que resulta inconveniente para la reactivación económica y la dinámica productiva.
El arranque y avance de octubre mostrará si el momento dulce de la relación entre el Congreso y el Gobierno, como lo que describe el ministro de Hacienda se mantiene, o si por el contrario el debate de los proyectos de presupuesto y de reforma tributaria amarga ese sabroso momento.
Regístrate al newsletter 
