Este jueves se conoció que la Fiscalía 21 Especializada en delitos contra la administración pública asumió la investigación penal contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y otros altos funcionarios de la estatal petrolera por su presunta participación en un entramado de irregularidades contractuales que habrían favorecido a la empresa Helistar.
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El caso parte de la denuncia presentada por Helicol, en el sentido de que desde 2011 se habría montado un esquema de contratación que impidió la competencia real mediante “pliegos diseñados a la medida de Helistar”.
Entre las supuestas irregularidades, Helicol ha mencionado “exigencias amañadas sobre antigüedad de aeronaves que coincidían con la flota disponible de Helistar”.
Así mismo, se ha referido a requisitos de disponibilidad inmediata que “solo podía cumplir el proveedor favorecido”, y a “procesos de licitación cancelados sin justificación para evitar adjudicación a otros oferentes”.
La polémica central se remonta a agosto de 2024, cuando Ecopetrol adjudicó un contrato por $600.000 millones para el transporte aéreo en zonas estratégicas para la extracción de petróleo.
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El acuerdo dejó a Helicol a cargo de la operación en Paz de Ariporo (Casanare), que significaba el 20,5% del contrato, con el compromiso de adecuar la base e incorporar aeronaves en un plazo de seis meses, hasta el 3 de febrero, para arrancar operaciones el 1 de marzo de 2025. Mientras tanto, Helistar se quedó con las rutas en Cúcuta y Soracá, representativas del 79,5% restante.
El pulso se agravó tras la decisión de la petrolera de terminar anticipadamente el contrato de Helicol (CW215358), un acuerdo clave para el servicio de transporte aéreo de la compañía. Para Helicol, fue un hecho arbitrario por parte de Ecopetrol, que se escudó en supuestos incumplimientos contractuales.
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“Cumplimos con todos los requisitos y estamos sufriendo un perjuicio económico enorme. No solo perdemos la utilidad esperada, sino que además ya hicimos la compra de los helicópteros”, dijo a este medio Juan Pablo Estrada, abogado apoderado de Helicol.
Helicol ha insistido en que los pliegos de condiciones parecían diseñados para beneficiar a Helistar, y por ende busca una indemnización cercana a los $80.000 millones.
Ecopetrol, entre tanto, ha dicho que la cancelación del contrato se dio porque los helicópteros no contaban con licencia y no tenían base de operación antes del 1 de marzo de 2025, y ha descartado que este contrato esté implicado en hechos de corrupción.
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