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Superindustria impuso millonaria multa a la arrocera Roa Florhuila, ¿por qué?
Las multas, que ascienden a 20.514 millones de pesos, incluyen a tres personas naturales.
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El gerente general de la Organización Roa Florhuila es Hernando Rodríguez. FOTO: ARCHIVO COLPRENSA
25 de julio de 2022
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A $20.514 millones ascienden las sanciones que impuso la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a la Organización Roa Florhuila por “incumplir instrucciones y requerimientos de información”.
La máxima autoridad nacional de competencia señala a la empresa arrocera, cuyo gerente general es Hernando Rodríguez, de “obstruir la visita” de inspección realizada a su planta en Villanueva, Casanare.
La SIC asegura que encontró instrucciones y directrices para “incumplir las órdenes y requerimientos de información efectuados por la autoridad” y que la empresa agroindustrial adujo que “la información no podía ser suministrada sin autorización de sus superiores”. Esto a través de correos electrónicos institucionales.
Concretamente, Roa Florhuila negó la entrega de documentos requeridos por funcionarios de la SIC argumentando que se debía solicitar por escrito. Y según la autoridades, la renuencia de la compañía “provino de instrucciones impartidas por la gerente administrativa y financiera desde la sede administrativa de la empresa en Bogotá. Estas situaciones obstaculizaron injustificadamente el ejercicio de las funciones de la autoridad”.
Las multas incluyen a tres personas naturales: el gerente (Pedro Peña) y el jefe de la planta (Ángel Riveros), y la gerente administrativa y financiera de la organización (Lucy Gallo Losada).
Arroz Florhuila es una empresa colombiana que nació en Campoalegre, Huila, en 1971 con unos inversionistas arroceros. Reconocida por marcas como Arroz Roa, hoy tiene nueve plantas en Campoalegre, Neiva, Espinal, Chicoral, Ibagué, Villavicencio, Granada, Villanueva y Pore, en Casanare.
Previamente, en 2015, la Superindustria ya había multado a la Organización Roa Florhuila. En ese entonces le impuso una sanción por $33.800 millones por violación del régimen de libre competencia. Según la autoridad, influenció los precios de venta de arroz blanco al consumidor final.
