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Entre junio y julio de 2025, Migración Colombia reportó más de 381.000 movimientos migratorios en esta terminal, un aumento del 14% frente al año anterior. El día más crítico se registraron más de 14.000 personas en tránsito, muchas enfrentando filas de hasta seis horas, con funcionarios agotados, turistas indignados y connacionales humillados. Esta situación impacta a Medellín, ciudad que ha apostado por el turismo, los negocios y los eventos internacionales como motores estratégicos de desarrollo. Sin entrada digna, toda esa apuesta corre el riesgo de desmoronarse.
¿Y qué hace el Gobierno Petro? Nada. El Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2026 es una radiografía de sus prioridades: apenas $271 mil millones para Migración Colombia, y de eso, más del 75% es para gastos de funcionamiento. Solo $17 mil millones para inversión real en tecnología, infraestructura o personal. Con ese presupuesto no hay política migratoria que funcione.
Los 10 funcionarios por turno que hay hacen milagros: largas jornadas, sueldos precarios y condiciones indignas. El 74% de los trámites siguen siendo manuales y el sistema Biomig, que debería ser la solución tecnológica, apenas cubre el 26% de los procesos. No hay suficientes equipos, ni personal, ni liderazgo.
Desde 2024, la Alcaldía de Medellín ha dirigido al menos tres comunicaciones formales a Migración Colombia, ofreciendo apoyo logístico, personal especializado y articulación operativa para mejorar la atención migratoria en el Aeropuerto José María Córdova. ¿La respuesta? Silencio, dilaciones y una negativa contra el desarrollo de Medellín y Antioquia.
Migración Colombia ha optado por maquillar la crisis. En su comunicación oficial a la Alcaldía, aseguran estar trabajando con la ANI y AIRPLAN en un proyecto de ampliación y modernización del área de control migratorio, que supuestamente iniciaría en septiembre. Anuncian también la incorporación de 8 nuevos oficiales, para un total de 17 funcionarios por turno, más dos supervisores y un coordinador operativo.
Quienes transitan a diario por ese aeropuerto saben que esos funcionarios no están. Las filas persisten, la frustración entre usuarios aumenta y el caos operativo continúa. Todo esto ocurre cuando Medellín recibe miles de visitantes por eventos de talla internacional. Lo que debería ser una vitrina de país se ha convertido en mala experiencia y todo un viacrucis.
Pero el problema no es solo migratorio. La infraestructura del aeropuerto está rezagada. Desde 2016 se habla de la urgencia de una segunda pista y una nueva terminal. Hoy el José María Córdova opera por encima de su capacidad óptima. La Aeronáutica Civil ha realizado anuncios para este segundo semestre de 2025, pero hasta ahora no hay nada concreto.
En 2024, el aeropuerto movilizó más de 13 millones de pasajeros, un incremento del 13% con respecto a 2023, y para 2025 se espera una cifra aún mayor, si se tiene en cuenta que solo Medellín proyecta recibir alrededor de 2 millones de turistas nacionales e internacionales este año.
A esto se suma otro cuello de botella: la movilidad hacia el aeropuerto. El acceso vial sigue dependiendo de vías que colapsan en horas pico o ante cualquier contingencia. Los servicios de transporte autorizados tampoco dan abasto. A 2024, solo operaban 270 taxis autorizados y 27 buses habilitados para atender a millones de viajeros, lo que resulta insuficiente frente al volumen diario de pasajeros.
Lo dijo Fico Gutiérrez sin rodeos: “Ni rajan ni prestan el hacha”. Es una muestra del desgobierno y del odio estatal hacia esta tierra pujante.
