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Hemos escuchado los últimos tiempos una creciente denuncia de problemas de inseguridad ciudadana, siendo la extorsión uno de los más relevantes —que ya no es como en el pasado sólo a los grandes empresarios o propietarios, sino a todos los sectores sociales— y la emergencia en algunos municipios de problemas de convivencia ciudadana, que cada vez afectan más las condiciones para una amable situación del compartir. Recordemos que la seguridad es inherente a la existencia humana, porque implica ser capaz de responder a las situaciones que pongan en peligro la vida y la integridad en el presente y el futuro.
Pero lo que es cada vez más evidente es la diferenciación de situaciones consideradas como problemáticas, que en el pasado las denominábamos ‘amenazas’ a la seguridad, en las diferentes regiones y entre los distintos municipios, lo cual tampoco es novedoso, pero ahora emerge con mayor fuerza. Esto se hace más palpable, además, por la generalización del acceso a tecnología —especialmente celulares que permiten una más ágil denuncia y seguimiento a atropellos o delitos contra las personas—. Toda sociedad requiere un orden para que la convivencia entre sus miembros pueda desarrollarse, pero en una democracia ese orden es democrático y necesita también de unos niveles de seguridad; pero, la seguridad está en relación con las amenazas que pongan en riesgo la vida en sociedad.
Frente a este panorama, es clara la necesidad de tratamientos diferenciales y en esto pueden jugar un rol importante los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), liderados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) donde existe un equipo técnico muy competente, si se asumen con la seriedad que los mismos ameritan, esto es, que se hagan diagnósticos de la situación de seguridad y convivencia en cada municipio o departamento con la participación activa de los actores relevantes en cada caso: organizaciones sociales diversas, no sólo las que le gusta al gobernante de turno, la academia en su diversidad, las instituciones policiales y militares, las autoridades civiles, encabezadas por el alcalde o el gobernador según sea el caso, la Personería y/o Procuraduría, la Fiscalía, etc.
Una vez hecho un buen diagnóstico, destacando tanto las problemáticas de seguridad y de convivencia, se deben analizar las posibles estrategias de respuesta y los recursos —tecnológicos, humanos, de información— y necesidades para ponerlas en práctica. Una vez concluido ese proceso de formulación del PISCC, se debe llevar al Comité Territorial de Orden Público y una vez formalizado, se debería hacer una labor de difusión amplia en todo el municipio y departamento, recordando que estos PISCC deben estar articulados con la política nacional de Seguridad y Convivencia que como sabemos está basada en la doctrina de seguridad, fundada en la ‘Seguridad Humana’ donde la prioridad debe ser garantizar la vida de los ciudadanos y velar por el cumplimiento de los derechos humanos y del DIH, que significa poner en el centro y garantizar la vida de los seres humanos y con políticas que apunten a disminuir los graves desequilibrios sociales, por supuesto sin bajar la guardia en el combate a la criminalidad y en la defensa nacional..
