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De conformidad con el artículo 262 de la Constitución Política, los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos pueden decidir que sus listas de candidatos a corporaciones públicas sean cerradas y bloqueadas o abiertas con voto preferente. Y en cuanto al ciudadano, la modalidad del voto señala la mejor opción que se le abre en la manifestación de sus preferencias. En la lista cerrada solo puede expresar preferencia por la lista de su partido o movimiento tal como está presentada; en cambio, en el voto preferente se admite que el votante introduzca modificación en la lista al preferir un nombre, lo que significa una modificación en el orden de los nombres propuestos por el partido, movimiento o grupo. La alternativa escogida por el votante tiene consecuencias técnicas y efectos políticos, por lo que es objeto de controversia en el momento de seleccionar los candidatos y el orden que tienen en la lista.
Las listas cerradas y bloqueadas brindan beneficios a las agrupaciones políticas: favorecen la construcción de una relación sólida entre los ciudadanos y los partidos políticos, promueven la cohesión y la unidad interna, facilitan la elaboración de las listas y el escrutinio de los votos, permiten la alternancia en las listas de hombres y mujeres y contribuyen a darle una mayor claridad ideológica y programática a los partidos. Sin embargo, debe expresarse que esta modalidad tiene también desventajas para el proceso democrático: limitan la participación directa del votante en la elección de candidatos específicos, obligan a votar por colores, logotipos y símbolos y no por personas, favorecen a los dirigentes de los partidos ya ellos tienen la facultad para decidir quienes van a ser elegidos, mueven a los aspirantes a someterse sin condiciones a quienes tienen el poder para elaborar las listas, inducen a los elegidos a querer estar bien con los jefes partidistas, dado el riesgo que corren los inconformes en la conformación de las listas, bloquean el surgimiento de tendencias que disientan o critiquen las decisiones, posiciones u orientaciones de los directivos, lo que puede conducir al adocenamiento de los partidos.
Por su lado, las listas con voto preferente ofrecen ventajas y beneficios a los electores y a la democracia: consagran el derecho de los ciudadanos a escoger el que cada votante considere mejor candidato por su capacidad y honestidad, aumentan la representatividad al hacer que sean elegidos los que prefieren los ciudadanos, disminuyen el poder del aparato del partido y aumentan el del ciudadano, incrementan el grado de conocimiento de los candidatos por parte de los votantes y la responsabilidad elegido ante sus electores, permiten establecer una relación más directa entre electores y elegidos, hacen que el votante disfrute de una opción más amplia para escoger no solo entre partidos y movimientos sino también entre candidatos individuales y facilitan la elaboración y presentación de las listas. Empero, debe reconocerse que a esta modalidad le achacan todos los males de la política: fomentan la corrupción, incitan la división y la confrontación interna en los partidos, aumentan los costos de las campañas electorales, estimulan la indisciplina, parlamentarizan y personifican la política, facilitan la compara venta de votos, promueven el clientelismo, posibilitan el ingreso de dineros ilícitos a las campañas y dificultan la votación.
Aun así, no es posible establecer con seguridad una relación causa-efecto entre la lista con voto preferente y los estragos que le imputan, porque más que esta modalidad del voto, son los políticos, no todos por fortuna, los que compran votos, corrompen el electorado, violan los topes de gastos y acuden a la financiación ilegal. Por eso, más que en el voto preferente, los males de la política radican en los malos políticos, que precisamente el voto preferente permite eliminar de las listas.
