Pico y Placa Medellín
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Ingeniero y economista con doctorado en Ingeniería, y doctorando en Historia Empresarial en la Universidad Autónoma de Barcelona. Director de ECSIM y profesor en varias universidades, ha liderado proyectos nacionales e internacionales —públicos y privados— sobre innovación, desarrollo económico y sostenibilidad. Para él, referente en pensamiento empresarial y prospectiva territorial, las ciudades nacen en lo local, pero su destino es el mundo. Solo al abrirse y conectarse logran desplegar su verdadero potencial y construir bienestar duradero.
La informalidad en las zonas rurales es del 83,2%, en las 13 grandes ciudades es del 42,5%. Esta brecha establece dos países con lógicas y acciones diferentes en las que además de informalidad se da ilegalidad y ausencia
del Estado
Por Diego Fernando Gómez - opinion@elcolombiano.com.co
Un profundo problema estructural del país es la informalidad. Representa la gran falla de nuestro Estado. Nuestro “Régimen Laboral” no aplica al 56% de la población (último dato DANE). En los países desarrollados este indicador es menor del 10%. En términos efectivos, esto hace que las reformas pensional y laboral solo apliquen al 44% más rico de la población y solo este porcentaje aporte a la salud, profundizando los niveles de exclusión social y arrastrando un problema creciente en el tiempo. Colombia marcha sobre una ilusión de legalidad.
Sorprendentemente, este gobierno no se ocupó del tema. Al presentar la Reforma Laboral expresó que esta no era para solucionar la informalidad sino para recuperar los derechos perdidos en reformas previas, mejorar las condiciones de los asalariados y los derechos sindicales. Ironicamente, este fue un gobierno de “Clase” que se ocupó primordialmente de los intereses de asalariados estatales sindicalizados, ignorando la realidad social del país.
La informalidad en las zonas rurales es del 83,2%, en las 13 grandes ciudades es del 42,5%. Esta brecha establece dos países con lógicas y acciones diferentes en las que además de informalidad se da ilegalidad y ausencia del Estado. Es cómodo estar en Bogotá o Medellín con altos estándares de vida y cumplimiento de la ley, con economías creciendo y bajos niveles de desempleo. Pero esa comodidad nos crea un velo con el que no valoramos lo que realmente ocurre en el resto del país.
Con ese velo ideológico y de interés de “grupo” el gobierno decretó un aumento del salario mínimo que agravará lo que ya es un enorme problema social de la informalidad. A este sector de la población se le incrementará el costo de vida sin que el salario mínimo les aplique y dificultando cada vez más que se genere una dinámica empresarial formal y de alto valor.
Trágicamente, Quibdó, Riohacha y Popayán son la expresión de la gran falla de la utopía petrista. A pocos meses de terminar este gobierno, tienen los mayores niveles de informalidad y desempleo. Allí el “mínimo” poco aplica. En las grandes ciudades, la informalidad es más baja y el aumento en el salario mínimo se traducirá en aumento de precios para todo el país. Es decir, con Petro y su aumento del salario mínimo, Quibdó pagará más por la inflación y recibirá poco, pues el aumento del salario allí escasamente se aplica.
Ingeniero y economista con doctorado en Ingeniería, y doctorando en Historia Empresarial en la Universidad Autónoma de Barcelona. Director de ECSIM y profesor en varias universidades, ha liderado proyectos nacionales e internacionales —públicos y privados— sobre innovación, desarrollo económico y sostenibilidad. Para él, referente en pensamiento empresarial y prospectiva territorial, las ciudades nacen en lo local, pero su destino es el mundo. Solo al abrirse y conectarse logran desplegar su verdadero potencial y construir bienestar duradero.