Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4
En toda democracia moderna, los indicadores económicos y sociales cumplen una función esencial, ofreciendo una lectura objetiva del desempeño del Estado y de la evolución del bienestar colectivo. En muchos países, y particularmente Colombia y en este gobierno, los indicadores han quedado confinados a la interpretación política, gremial y técnica, sin apropiación de la ciudadanía que les dé sentido público.
Los indicadores convierten datos en conocimiento práctico que permiten tener una visión clara de la realidad y evaluarla. Son fundamentales para corregir el rumbo si fuese necesario, consolidar tendencias favorables, optimizar recursos y asegurar que las acciones se alineen con objetivos establecidos. Para evaluar la bondad o no de un indicador, no basta con mirar la magnitud que lo califica (6, por ejemplo), sino encontrar y entender causas subyacentes que lo determinan. Un mismo resultado, según su contexto, puede ser bueno, deficiente, o malo.
Las presentaciones dadas a los últimos indicadores de desempleo y crecimiento del PIB no pasan de ser falacias con propósitos políticos, pero alejadas de la preocupante e inaceptable realidad que los soportan. Se presenta como éxito gubernamental la sostenida caída del índice de desempleo, situándose en 8,6% en agosto pasado, con una tasa de ocupación del 58,4%. Lo destacable detrás de este “logro” es que más de la mitad de tales “ocupados” son trabajos informales y en rebusque, sin seguridad social ni garantías de ninguna clase, lo que socialmente deberíamos considerar como inaceptable.
En cuanto al desempeño económico, el crecimiento acumulado del PIB del primer semestre del año de 2,4% no es éxito destacable, como lo han presentado; es un crecimiento apenas medio, relacionado con el lánguido 1,5% del mismo período del 2024.
Más grave aún es que la cifra de este crecimiento no devela una realidad que pareciera consolidarse, tal como es que ella está sustentada en el sector terciario, particularmente por la actividad comercial, que crece en el acumulado 4,8%, en tanto que los sectores primarios (Agricultura y Minería) y secundario (Manufactura y Construcción) presentan caídas del PIB del -2,3% y -1,1% respectivamente. Muy llamativo también es saber que el valor de las ventas del comercio al detal, determinado por el consumo de los hogares, crece a la tasa de 10,8%.
La inquietud es de dónde proviene el apalancamiento que mantiene tan activo el consumo mientras los sectores productivos se estancan o retroceden. Una hipótesis, con alto grado de verosimilitud, es que buena parte de esa liquidez proviene de fuentes no sostenibles y algunas ilegales. Las remesas, de gentes de bien emigrantes en busca de oportunidades, están en más de US$13.000 millones año, a las que se sumarían las partidas que analiza Néstor H. Martínez en reciente columna de El Tiempo, “Crece economía subterránea”, por US$15.300 millones por producción y tráfico de cocaína y US$3.125 millones por exportación de oro proveniente de la creciente minería ilegal. En suma, $130 billones por año, más para vergüenza que orgullo.
La ciudadanía, universidades y centros de pensamiento deben apropiarse de los datos y alzar su voz. Si la verdad estadística no se convierte en conciencia social, el país seguirá celebrando espejismos.
