Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4
La economía de un país es un sistema con múltiples elementos y variables, altamente dinámico. Se caracteriza por la continua y multidimensional interconexión entre diversos componentes de su propio sistema, así como con los de otros sistemas presentes en la sociedad, tales como educación, bienestar, cultura, desarrollo, salud, por mencionar unos pocos. Cada componente y sus numerosas variables influyen en las demás, a la vez que son retroalimentadas por ellas, generando efectos que pueden amplificar o mitigar impactos en magnitudes insospechadas.
Imaginemos la economía como un rompecabezas grande, de tres mil piezas, el cual venimos armando hace tiempo. Y por fin, cuando empezamos a vislumbrarlo como un todo armónico y podemos observar cómo cada ficha se entrelaza con sus vecinas y estas con otras más, súbitamente alguien toma la ficha central y mete en reemplazo una de tamaño enorme y desproporcionado en relación con las demás, desbarajustando la imagen y orden previos. Es lo que ha pasado al aumentar el salario mínimo en 23,2%, más de cuatro y media veces la inflación anual de 5,10%.
Estando en campaña, fue una decisión claramente populista. Petro, luciendo inseguro, lo presentó llamándolo “salario vital”, con una argumentación deshilvanada y ambigua. Pretendió destacar el mayor poder adquisitivo que tendría el SMLMV, objetivo loable, pero no exclusivo de su cosecha. El país, en construcción colectiva e institucional, ha venido por años comprometido con tal propósito, haciéndolo con debida prudencia y máxima concertación, evitando que lo comido saliera por lo servido, resultado mínimo que seguramente en esta ocasión ni siquiera se logrará.
Ratificando lo dicho, baste una mirada retrospectiva con cifras oficiales entre 2000 y 2025. Indican que el SMLMV, incluido auxilio de transporte, creció en dicho período 567%, en tanto que el IPC lo hizo en 352%, con lo que se evidencia la ganancia del poder adquisitivo del primero en algo más del 60% en términos generales, realidad nada despreciable.
Sin embargo, para qué ocultar algo más relevante en el campo laboral, como es la alta informalidad del empleo en Colombia, realidad a la que no contribuirá por mejorarla el desmedido aumento. Estadísticas del DANE, presentadas en la Gran Encuesta Integrada de Hogares para el periodo septiembre a noviembre de 2025, reflejan que de los 24,3 millones de ocupados únicamente 10,8 millones (44,6%) son formales, quedando 13,5 millones (55,4%) en informalidad, con todos los vacíos que esta condición implica en términos de protección social. La misma encuesta revela esta problemática, destacando que solo 12,3 millones de trabajadores cotizan al régimen contributivo en salud, y apenas 10,5 millones lo hacen en pensión.
Afinando la mira desde otra perspectiva, se observa que de cada 10 empleos nacionales, 7 están en las micro y pequeñas empresas, de los cuales 5,3 (el 76%) son informales. Ante tan grave realidad social, la tan cuestionada decisión de quien viene atentando contra toda institucionalidad, debe obedecer a propósitos no confesables. Aquí tenemos un gigantesco reto para afrontar. Hacerlo es una obligación moral y legal, que como Estado, empresas y trabajadores debemos afrontar mancomunada y solidariamente, sin dilación ni vacilación.
