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En el afán de justificar una reforma al sistema de salud a como dé lugar se volvió costumbre manipular las cifras para desacreditarlo y hacerlo ver como el peor del mundo. Se aprovechan del desconocimiento de congresistas y población en general sobre lo que sucede en el mundo frente a situaciones similares que demuestran que intencionalmente se oculta o tergiversa la información.
Es el caso de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias en el sector salud -PQRD- o “quejas” que interponen los usuarios ante alguna inconformidad con el servicio. Estas reflejan mejor que la tutela las dificultades que enfrenta el sistema de salud, dado su volumen casi tres veces mayor sumado a la facilidad para colocarlas sin la mediación de un juez y desde la comodidad de la casa.
Las quejas son un fenómeno mundial que afecta por igual a todos los países independientemente de su nivel de desarrollo. Surgen mayoritariamente por el crecimiento de la demanda de servicios de salud que supera los recursos disponibles de infraestructura, talento humano y financieros. Su principal consecuencia es el racionamiento o la negación de servicios que generan listas de espera para ser atendidos, con la consecuente insatisfacción de la población.
En Colombia, durante el 2020 se contabilizaron 850.931 PQRD por alguna insatisfacción con el servicio, cifra que frente a la población afiliada en ese año (46.176.508 habitantes) representan 1,8 quejas por cada 100 afiliados. Es una cantidad relativamente baja si se compara con los países de la OECD donde la insatisfacción de los usuarios afecta en promedio a 28 de cada 100, es decir 16 veces más.
La mayoría de las quejas en las EPS son por demoras o falta de oportunidad en los servicios (93,5% en 2020 entre los diez primeros motivos). Al medir la oportunidad como el tiempo promedio para acceder a una cita con un médico especialista, en Colombia fue de 10 días con un mínimo de 4,65 y un máximo de 14,5. Para la misma cita con un especialista en los países de la OECD, el 23% de los pacientes en Suiza (el más bajo) y el 61% en Noruega (el más alto) debieron esperar al menos 30 días.
En Colombia esta es una situación común a todas las EPS que no obedece a una negación del servicio por parte de estas como se ha querido hacer ver para justificar su eliminación. Las condiciones de insuficiencia o limitación de la oferta de servicios no pueden ser atribuidas a negligencia del asegurador, máxime cuando se les limita poder intervenir para mejorarla.
Por tanto, no tiene sustento empírico creer que la insatisfacción de los usuarios se va a mejorar con la eliminación de las EPS. Por el contrario, se va a agravar al desaparecer un agente que podría contribuir a mejorar la insuficiencia de servicios que padece el país. Estas son medidas que contrario a lo que se predica, atentan contra el interés general de la población.
