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Colombia es, sin duda, un país de regiones: diverso, desigual y fragmentado. Desde la Constitución del 91 se intentó cerrar esas brechas mediante un esquema de transferencias que llevara recursos de la Nación a departamentos y municipios. Tres décadas después, el Congreso aprobó una reforma constitucional que amplía esas transferencias del 20 % al 39,5 % de los ingresos corrientes de la Nación en un plazo de doce años a partir de 2027. Además, ordena tramitar una ley orgánica que defina nuevas competencias para los entes territoriales.
Sobre el papel, el propósito es fortalecer la descentralización y en la práctica, la reforma tiene un innegable tufillo electoral. En medio de la campaña presidencial anticipada por el propio presidente, aumentar el flujo de recursos a regiones y alcaldías es políticamente rentable. La discusión no es menor, pues ocurre en un contexto de grandes dificultades fiscales. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal estima que el déficit fiscal alcanzará este año el 7,1 % del PIB y la deuda externa un histórico 61,7 %.
Pese a lo anterior, y dado que el mismo Congreso de la República aprobó dicho acto legislativo, es necesario que el actual borrador de ley orgánica sea procedente y tenga en consideración las falencias del sistema actual, conocido como Sistema General de Participaciones (SGP), y obviamente la mencionada situación fiscal.
La ley orgánica adquiere un papel decisivo, pues las mayores transferencias no se aplicarán sin que esta ley entre en vigor. Para ello se necesita claridad sobre las competencias de departamentos y municipios en los tres sectores a los que se destinan las transferencias —educación, salud y agua potable— y sobre la fórmula como se distribuirán esos recursos que crecerán gradualmente hasta 2039.
El problema es que el borrador del proyecto ignora exactamente eso. No define con precisión las responsabilidades territoriales ni la transición entre el sistema actual y el nuevo. Si no se corrige no habría mayor descentralización ni por ejemplo mejores resultados en la calidad de la educación. A esto se suma un claro componente de economía política: gobernadores, alcaldes y congresistas tienen incentivos para apoyar un aumento de transferencias sin mayores exigencias de competencias y gestión; el Gobierno, por su parte, busca financiar los Centros de Atención Primaria en Salud, desfinanciando el régimen subsidiado; y los sindicatos del sector público, como Fecode, ven en ello una oportunidad para ampliar su influencia.
Antioquia y Medellín deben participar y promover esta discusión. Antioquia concentra una de las mayores proporciones de matrícula y sedes educativas del país (13.0% y 12.0%, respectivamente). La calidad educativa sigue siendo el principal reto para Antioquia y Medellín; el departamento, por ejemplo, presenta puntajes Saber 11 similares al promedio nacional y presenta deficiencias importantes en infraestructura. Y la desfinanciación del régimen subsidiado afectará sin duda a las dos entidades territoriales.
Por eso, esta ley no es un asunto tecnocrático más. De su contenido dependerá la capacidad de los próximos veinte años para cerrar brechas, mejorar la calidad de la educación y la infraestructura, mejorar el régimen subsidiado y hacer realidad la descentralización que se prometió hace más de tres décadas. O, por el contrario, podría terminar siendo otra reforma con más política que transformación, eficiencia y equidad.
