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La muerte del niño Kevin Acosta no debe ser tratada como una desgracia clínica, un accidente doméstico o un episodio lamentable dentro de un sistema imperfecto. Eso es lenguaje para diluir responsabilidades. Para anestesiar conciencias. Para proteger al gran poder de un homicidio.
En este desenlace fatal hay hechos que encajan, con inquietante precisión, en la estructura jurídica del homicidio culposo por una ostensible omisión estatal. Pero no cualquiera. Del más alto nivel. De un Presidente que ordenó a rajatabla, hace más de dos años, intervenir lo que hubiese que intervenir sin importar las consecuencias fatales que eran y son evidentes. De un Ministro que ha hecho caso omiso, con arrogancia e irresponsabilidad, de las órdenes del más alto tribunal del país. De un gobierno que ha hecho de la intervención a la Nueva EPS un circo mortal, un juego de intereses corruptos como el mismo Petro lo ha reconocido, pero sin asumir su papel de gran director de todo la estructura.
Kevin llevaba más de un mes sin recibir su medicamento. Su madre afirma que desde que fue diagnosticado, a los nueve meses de edad, jamás había faltado el tratamiento, la “pésima” Ley 100 se lo garantizó siempre, a pesar del enorme costo que ella jamás habría podido cubrir. Ni trabajando 100 años... hasta ahora. Y cuando su condición se agravó, el traslado a atención de alta complejidad se demoró dos días en un paciente cuya estabilidad dependía del tiempo.
Pero lo que siguió hace aún más gravoso el panorama.
En lugar de reconocer la magnitud de la falla, el aparato político activó un perverso mecanismo: desplazar la culpa hacia la víctima. Señalar la actividad del niño. Insinuar decisiones familiares. Construir una narrativa que diluya la responsabilidad institucional en circunstancias privadas. Y como si no bastara, violaron la reserva de historia clínica.
En el centro de todo Catherine Pico, madre cabeza de hogar en extrema vulnerabilidad económica, quien durante años sostuvo rigurosamente el tratamiento de su hijo, conocía cada riesgo clínico y rechazó procedimientos médicos de alto peligro cuando el medicamento no estaba garantizado. Hoy enfrenta no solo la pérdida, sino la presión de un aparato político que está mucho más dispuesto a defender su relato que a asumir su responsabilidad.
El derecho público es claro: la responsabilidad no se desplaza hacia abajo cuando el deber está definido hacia arriba. Hacia lo más alto.
El funcionamiento del sistema recae en Guillermo Jaramillo, encargado de garantizar que la estructura opere con diligencia suficiente para proteger la vida. Y la dirección política superior del Ejecutivo corresponde a Gustavo Petro, que interviene, orienta y controla el modelo de salud.
En este terrible episodio la muerte no es un infortunio médico y entra en el terreno de la responsabilidad penal por negligencia.
No se habla de intención, basta con no haber evitado una muerte evitable.
La muerte de Kevin no es solo una tragedia de miles del sistema de salud. Es una prueba de hasta dónde llegan la negligencia y arrogancia del poder por no reconocer sus fallas.
Y si el Estado no responde cuando falla en proteger la vida de un niño, entonces el problema no es de salud.
Es moral.
Es político.
Y puede ser penal.
