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Zozobra provocó entre los habitantes de 14 municipios del Atlántico, incluido el Distrito de Barranquilla, la instalación de banderas, vallas y panfletos alusivos al Frente Carlos Daniel Fulaye Vargas, del Bloque Manuel Aristides Meza Páez, del Clan del Golfo, en la madrugada del 12 de agosto. En los medios de comunicación se vio a un sorprendido Gobernador, Eduardo Verano de la Rosa, solicitar a Gustavo Petro un mínimo de claridad sobre la manera en que el Gobierno Nacional y esta estructura criminal desarrollarán las negociaciones anunciadas el pasado 5 de agosto.
En efecto, las acciones intimidatorias registradas en este Departamento, se dan tras el anuncio de la instalación de un “Espacio de Conversación Sociojurídico” con esa estructura al margen de la Ley, a la que ya habían favorecido con un cese al fuego en diciembre de 2022, sin que se hubiera avanzado en su sometimiento a la justicia.
Por el contrario, en los dos años de este Gobierno, el Clan del Golfo ha consolidado su poder ilícito, creciendo en número de integrantes y diversificando su ya sofisticado portafolio de actividades ilegales. En la actualidad, se estima que este “holding criminal” genera ingresos anuales por USD 4.400 millones, derivados de la minería ilegal, y el tráfico de drogas ilícitas, armas y migrantes.
En 2023, esta última actividad criminal le reportó ganancias por USD 68 millones, poniendo a sus cabecillas en el centro de atención del Departamento de Estado de Estados Unidos, que autorizó, en junio de 2024, el pago de recompensas hasta por USD 8 millones, por información que conlleve su captura o a la interrupción de la explotación de migrantes.
Lo ocurrido en el Atlántico evidencia, una vez más, el fortalecimiento inusitado de esta organización, que, en los años de la “Paz Total”, ha pasado de delinquir en 255 (2022) municipios a hacerlo en 392 (2023), lo que representa un crecimiento del 53,7%; en este mismo periodo, según lo afirmó Danilo Rueda, Excomisionado de Paz, pasaron de 9.000 a 14.000 integrantes.
El poderío de esta estructura criminal, que está a cargo de alias “Chiquito Malo”, desde la extradición a Estados Unidos de alias “Otoniel”, le permite una posición privilegiada, que sin duda aprovecharán para procurarse el mayor beneficio posible.
Ya lo advirtió Chiquito Malo: “No existe ninguna posibilidad de que se acepte una Ley de Sometimiento.
En el pasado, varias agrupaciones armadas como las AUC aceptaron una Ley de Sometimiento que no condujo a una paz estable y duradera”. Esto, a pesar de que la Ley 2272 de 2022 (Ley de Paz Total), no permite, con este tipo de organizaciones (Clan del Golfo, Estado Mayor Central de las FARC y la Segunda Marquetalia), salidas distintas al sometimiento a la justicia. Sin contar con que, además, a la fecha no existe norma que establezca las reglas para materializar ese sometimiento a la justicia.
A pesar de conocer este vacío, Petro y su bancada no han impulsado en el Congreso -que es el único competente, según la sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional-, la aprobación del marco jurídico.
La pregunta es ¿por qué Petro embarca a Colombia en estas negociaciones o conversaciones sin marco jurídico, a pesar de que en la práctica, solo están sirviendo para que los criminales consoliden su poder en el territorio?; ¿por qué la Fiscalía General, además de congelar las órdenes de captura, les está otorgando patente de corso para que continúen delinquiendo a través de la Resolución 0282?
