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Los resultados de las pruebas PISA confirman un oscuro panorama en la educación de Colombia. Con puntajes de 381 en matemáticas, 399 en lectura y 414 en ciencias, el país se ubica muy por debajo del promedio OCDE. La verdadera tragedia es que apenas tres de cada diez estudiantes alcanzan el nivel mínimo en matemáticas, lo que significa que la mayoría de jóvenes de quince años es incapaz de interpretar una situación matemática simple.
Ante esta crisis, la izquierda y los sectores sindicales recurren a excusas externas, responsabilizando a la pandemia o a las brechas socioeconómicas. El problema es estructural y de gestión política. Aunque el presupuesto para educación ha crecido notablemente y desde 2018 es el sector con más recursos, dicha inversión no se traduce en mejoras palpables dentro de las aulas.
El nudo gordiano radica en los maestros públicos que no logran que sus estudiantes avancen, a pesar de haber mejorado su formación. En Colombia nos enfrentamos a un gremio que se niega a ser evaluado con rigor; las evaluaciones actuales no miden la idoneidad docente real. La cruda realidad queda al descubierto al contrastar los colegios públicos frente a los privados. Mientras los privados registraron un promedio de 430 puntos en matemáticas, las escuelas oficiales —particularmente las rurales— quedaron rezagadas con apenas 362 puntos. Esta diferencia equivale a casi dos años de escolaridad real.
Los hijos de familias adineradas reciben herramientas para competir, mientras que el Estado condena a los jóvenes más vulnerables a un sistema oficial que no les enseña ni lo básico, ensanchando la desigualdad. El manejo de la educación pública está en manos de un sindicato que adoctrina políticamente y no educa. A las directivas sindicales parece importarles poco los estudiantes; su preocupación es el aumento de privilegios corporativos, operando con lógicas que paralizan el calendario escolar con paros recurrentes y condenando a los niños de menores recursos a una formación de tercera categoría.
Esta captura institucional perpetúa una brecha abismal entre la educación pública y la privada, convirtiendo al aparato estatal en una trampa de pobreza. Para superar esta mediocridad, Colombia requiere soluciones estructurales inmediatas que pongan fin al secuestro educativo y prioricen el aprendizaje real. Hay que buscar acuerdos con Fecode. Si no se logran, es indispensable estructurar un sistema de evaluaciones obligatorias, transparentes e independientes vinculadas a la permanencia en el cargo y a incentivos económicos reales. Un buen maestro es aquel que demuestra la capacidad de extraer los mejores rendimientos de sus alumnos. Asimismo, hay que romper el monopolio estatal de la oferta e introducir el sistema de bonos escolares. Si el sistema público es incapaz de ofrecer calidad, el Estado debe financiar la demanda, permitiendo que las familias de estratos bajos elijan libremente si quieren matricular a sus hijos en colegios privados. El subsidio debe seguir al estudiante, destruyendo la trampa de obligar a los más necesitados a asistir a la escuela oficial del barrio sin importar qué tan mala sea. Adicionalmente, urge una reforma curricular radical. El Ministerio de Educación debe limpiar los planes de estudio del sesgo ideológico impuesto por el activismo sindical y enfocar los esfuerzos en competencias del siglo XXI: la enseñanza de ciencias exactas, comprensión lectora analítica y matemáticas aplicadas. El sistema debe adaptarse a la era digital, instruyendo en el uso de inteligencia artificial, programación y ciberseguridad.
Mantener el esquema actual, donde el sindicato dicta las reglas y los niños pierden el año antes de empezarlo, es agudizar la brecha social, condenar a los pobres a la pobreza y enterrar la competitividad del país.
