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Gustavo termina su gobierno, al parecer, sin entender la diferencia entre la retórica y las acciones. En sus discursos del 20 de julio, desconociendo la realidad del país, defendió su política de paz total y advirtió que desmontarla sería un retroceso en la reducción de la violencia: ¿no ha visto el presidente que volvieron los bombazos en el Cauca, que subieron los homicidios y que el año pasado mataron al senador Miguel Uribe?
El mensaje iba dirigido al presidente electo, Abelardo De la Espriella, quien reiteró que acabará con esa estrategia a partir del 7 de agosto y que dará un ultimátum a las organizaciones terroristas: sometimiento a la justicia o persecución implacable.
El nuevo gobierno le dará entierro a la paz total, la principal bandera con la que Petro llegó al poder en 2022. El mandatario prometió entonces acabar con seis décadas de conflicto armado y abrir negociaciones con los grupos al margen de la ley: el ELN, el Estado Mayor Central (disidencia de las Farc), la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo, las Autodefensas de la Sierra Nevada y las bandas criminales de Medellín, Quibdó y Buenaventura, entre otras.
Claro, no era esta la primera vez que un gobierno se sentaba a negociar con grupos guerrilleros o terroristas. En las últimas décadas lo intentaron Belisario Betancur, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Varios de esos procesos terminaron en fracaso o en polémica. Con el ELN han pasado seis gobiernos y 30 años de negociaciones que no han desembocado en nada.
Petro, que militó en el M-19, quería pasar a la historia como el único mandatario capaz de lograr una paz total y duradera con estos grupos terroristas, paramilitares y narcotraficantes. Era un objetivo ambicioso que arrastró problemas desde el comienzo por falta de planeación y de estrategia. Cuatro años después, los resultados son desastrosos: la paz total terminó en un fracaso total. Los grupos armados se empoderaron, ampliaron su control territorial, aumentaron los secuestros y los asesinatos, e incumplieron los ceses al fuego que, mientras tanto, mantuvieron maniatada a la fuerza pública.
Por eso De la Espriella promete un cambio radical. Terminará todos los diálogos, acabará con las consejerías de Paz y Reconciliación y creará una Consejería para la Seguridad. Revisará el Acuerdo de Paz firmado en el gobierno de Juan Manuel Santos –que cuenta con blindaje constitucional– y ya advirtió que, a su juicio, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, líder de las extintas Farc, debería estar preso, aunque ese no es un asunto que le competa al Ejecutivo, e igual sucede con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Hay quienes celebran lo que promete De la Espriella porque creen que el país volvió a las épocas del Caguán; otros advierten que Colombia podría entrar en una etapa de violencia todavía mayor. Lo cierto es que la paz no se logra de la noche a la mañana y menos sin un plan, como fue el caso de La Paz Total. Más de 70 años de violencia y el surgimiento de toda clase de grupos terroristas y de delincuencia común demuestran que la solución va más allá de instalar una mesa sin objetivos claros y verificables; además, derrotarlos por la vía armada exige esfuerzo, estrategia, recursos e inteligencia, y mientras tanto se pueden seguir perdiendo vidas, como ocurrió en estos cuatro años.
Las cifras del gobierno lo confirman. En 2025 se reportaron 14.038 homicidios, uno de los años más violentos de la última década. En enero de ese año se registró, en el Catatumbo, el mayor desplazamiento en la historia del país: más de 80.000 personas huyeron de sus hogares y cerca de 200 murieron en enfrentamientos entre el ELN y el frente 33 de las Farc. El gobierno Petro deja más de 50.000 homicidios, por encima de los 46.797 del gobierno Duque y de los 44.901 del segundo mandato de Santos.
En extorsión, 2025 cerró con 13.417 casos, después de que 2024 llegara a una cifra récord de 13.802. En secuestro, 2025 también fue el año más crítico de la última década, con 701 casos.
El Clan del Golfo pasó de 4.500 a cerca de 10.000 hombres entre 2022 y 2026 y ya tiene presencia en 296 municipios de 17 departamentos. El Estado Mayor Central, al mando de alias Iván Mordisco, pasó de 3.275 integrantes a casi 5.000. Las disidencias de alias Calarcá pasaron de 1.200 a cerca de 3.000, el ELN de 2.500 a cerca de 7.000, y la Segunda Marquetalia –responsable del asesinato de Miguel Uribe– suma ya más de 2.000 integrantes. Más de 600 municipios del país registran presencia de una o varias de estas organizaciones terroristas, sin contar la delincuencia común.
Con estas cifras sobre la mesa, ya no quedan razones para seguir defendiendo estos procesos. Es hora de hacer borrón y cuenta nueva: fortalecer a las Fuerzas Militares, aumentar la presencia del Estado en las zonas más golpeadas y ofrecer, junto con la seguridad, los proyectos sociales y las obras que traen progreso y desarrollo.
La paz no se decreta ni se declara: se construye, y eso solo lo saben quiénes de verdad la buscan. Ojalá al país le vaya mejor con el gobierno que entra, porque con el de izquierda los cambios sí se vieron, pero para mal.