El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que también ejerce como fiscal y juez supremo con poder sobre la libertad de las personas, viene ordenando detenciones de comerciantes y empresarios, a los que culpa de “guerra económica”, acaparamiento (de productos que no hay) y de obligar a los venezolanos a largas filas para comprar productos básicos. Es una forma autoritaria de ocultar los efectos de una política económica desastrosa, que castiga la iniciativa privada, el libre intercambio de bienes y servicios y la eficiencia empresarial. Cárcel para los comerciantes, como para la oposición
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