Varias entidades del Departamento de Antioquia que trabajan en la protección de la infancia han denunciado que el Estado no les ha pagado lo correspondiente a los contratos que tienen suscritos para ejecutar los programas en favor de los niños. Y son ellos, los niños, los que se ven más afectados por esta situación. No se sabe bien si es por problemas de papeleo, por duplicidad de trámites o por inadecuada presentación de las cuentas de cobro. El hecho es que todos los responsables debían sentarse a clarificar los procedimientos. Los niños no tienen por qué asumir las consecuencias.
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