Cuando Anderson Quinto estaba por recibir su casa nueva no era capaz de dormir por las noches. Y no era solo por la emoción del porvenir, sino por la ansiedad que le generaba pensar en cómo iba a pagarla.
Llevaba algunos años con la idea en mente y finalmente tomó la decisión de buscar un hogar para él y su familia que fuera bonito y cómodo, que les diera independencia, que mejorara su calidad de vida y que estuviera bien ubicado, cerca del colegio de sus hijos, del centro de salud, de zonas de esparcimiento, como canchas y parques, y de la zona comercial del municipio.
Además, debía ser asequible: él vive con su esposa y sus dos hijos y es el único que provee económicamente: “Trabajo en oficios varios en una finca bananera, pero hice el mayor esfuerzo y dejé el desorden financiero”.
Quinto encontró lo que buscaba en un proyecto de vivienda de interés social llamado San Marino II, en Carepa, Urabá antioqueño, que consta de 102 casas unifamiliares construidas con techos altos que favorecen la ventilación cruzada, que tiene la opción de ampliación, un tanque de almacenamiento de agua, jardines y tres zonas de juegos para niños.
Su historia no es ajena a las tendencias actuales: no es el único que busca una vivienda con características y necesidades particulares. De hecho, se trata de una agenda global que la pandemia evidenció: las personas buscan hogares, espacios que sean más que un lugar para dormir y que puedan habitar y disfrutar con conciencia social y medioambiental.
La agencia de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos, ONU-Hábitat, estima que para el año 2030, 3.ooo millones de personas (cerca del 40 % de los habitantes del planeta) necesitarán acceso a viviendas más adecuadas para sus necesidades. Esto implica una demanda de 96.000 casas nuevas cada día.
Estima también que, para el 2050, dos tercios de la población vivirán en áreas urbanas, lo que afecta de forma directa al clima, crea brechas sociales, presiones y conflictos de migración y otras problemáticas.
El Banco Mundial también alertó de la necesidad y oportunidad de crear acciones de desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente, ya que “el cambio climático es un multiplicador de amenazas que puede empujar a millones de personas a la pobreza en los próximos años”.
Por esto, es común escuchar de forma reciente sobre buenas prácticas de hábitat, construcciones sostenibles medioambiental y socialmente, viviendas accesibles y ubicaciones estratégicas.
ONU-Hábitat, por ejemplo, promueve ciudades sostenibles en todos los sentidos, que proporcionen opciones de asentamiento para todas las poblaciones que mejoren su calidad de vida y que ayuden a disminuir la discriminación, la desigualdad espacial y la pobreza en las comunidades urbanas y rurales sin desconocer las realidades, tendencias y particularidades de cada territorio y su gente.
“El acceso a la vivienda es una precondición al acceso al trabajo, la educación, la salud y los servicios sociales”, dijo la entidad que trabaja con más de 90 países.
¿Qué son buenas prácticas?
Una casa bonita, barata, con calidad o amigable con el medio ambiente no es un ejemplo de buenas prácticas de hábitat. Se trata de un concepto más completo, que incluye políticas públicas, colaboración entre sectores y prácticas que permiten tener sociedades con igualdad social, con prosperidad compartida, con opciones de respuesta ante las crisis urbanas y con acción climática.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales indicó que la adecuación de las viviendas está determinada por factores sociales, económicos, culturales, climatológicas, ecológicos y que es fundamental su ubicación espacial.
ONU-Hábitat delimitó siete criterios mínimos para cumplir con la consigna. Hablan de seguridad en la tenencia, que implica asequibilidad y oferta suficiente, con posibilidades de acceso a recursos requeridos, gastos soportables y seguridad jurídica contra desalojo forzoso, hostigamiento y otras amenazas.
Disponibilidad de servicios como agua potable, instalaciones sanitarias, energía para la cocción y alumbrado, entre otros.
Ubicación estratégica, que permita el acceso a opciones de empleo, servicios de atención de salud, escuelas, centros de atención para niños, etc., disminuyendo los costos de transporte.
Asequibilidad económica: el costo debe permitir que las personas accedan sin poner en peligro otras necesidades básicas. La Organización para las Naciones Unidas, ONU, indicó en 2018 que una vivienda asequible es aquella que permite destinar menos de 30 % de los ingresos del hogar en ella.
Habitabilidad: que el espacio tenga condiciones que garantizan la seguridad física de sus habitantes, proporcionando espacios suficientes y protección contra factores como el frío, la humedad, el calor o la lluvia.
Debe ser accesible, indicando que los diseños y materiales utilizados deben considerar las necesidades de poblaciones específicas, como poblaciones vulnerables y marginadas.
Finalmente, debe tener adecuación cultural; es decir, que la vivienda respete las expresiones de identidad cultural de cada población que la habita y la rodea.
¿Y el medio ambiente?
Cualquier acción tiene un impacto y, en temas de construcción, este se da sobre los recursos que se necesitan para construir y para habitar, como la materia prima, la energía o los usos de agua, explicó Lucas Arango, director de la maestría en Bioclimática de la Universidad de San Buenaventura Medellín y gerente general de La B arquitectura + bioclimática.
“Si creemos que todos los recursos son infinitos y que el impacto de la construcción y la habitabilidad es nula, llegará un momento donde habrá un tope, teniendo en cuenta el cambio climático, que ya es una realidad”, agregó.
En la arquitectura, desde el diseño se puede prever gran parte de lo que ocurrirá en construcción: especificación de materiales, cómo será el desempeño energético de la edificación (usar más luz natural, aire natural, equipos eficiente, etc.), aumentar la eficiencia de agua (con equipos ahorradores o recolección de aguas lluvias), entre otros.
Algunos podrían decir que es más caro, agregó Arango, pero “cuando yo ahorro agua o energía, consumo menos y mi factura es menor. Al cabo de unos años se recupera la inversión” y que la sostenibilidad es hacer las cosas bien, sin importar que al principio pueda ser más caro, “esa no debería ser la discusión. No hacerlo pensando en el ambiente es hacerlo mal”.
Finalmente, contó que la sostenibilidad varía de acuerdo con la región, pues el clima es diferente y las respuestas del diseño al clima se deben tener en cuenta, las necesidades y el contexto cambian y los materiales suelen ser aquellos disponibles en la región.
De prácticas a políticas
Uno de los objetivos últimos de las buenas prácticas, contó Orsini, además de las ya mencionadas es poder ajustar las políticas públicas para escalar el impacto de los proyectos. “Desde ahí, los hacedores de políticas públicas pueden obtener ejemplos para enrutar el camino para hacer bien las cosas en temas de hábitat”.
El Vivienda, Ciudad y Territorio explicó a este diario que “desde el artículo 51 de la Constitución Política, y fortalecido por la Corte Constitucional (Sentencia T409/13), hemos entendido la vivienda digna como un derecho y, a partir de este concepto, hemos construido una política de vivienda que es hoy referente internacional”.
Agregó que la institución fue reconocida con el Pergamino de Honor 2020, otorgado por ONU Hábitat, “por su liderazgo en el desarrollo de una política urbana que promueve la vivienda sostenible y las ciudades que ponen la vivienda en el centro”.
Finalmente, desde 2019, Colombia ha presidido el Foro Minurvi, en cabeza del ministro Jonathan Malagón, presidencia que fue reelegida en 2020.
3.000
millones de personas necesitarán acceso a viviendas más adecuadas a sus necesidades para 2030.
2
tercios de la población mundial vivirán en áreas urbanas para el año 2050.
