Las 6:07 p.m. del 23 de septiembre de 2015 quedarán para siempre marcadas en la historia de Colombia. En ese instante, un apretón de manos entre el presidente Juan Manuel Santos y alias “Timochenko”, el máximo comandante de las Farc, significó el paso más grande hacia la terminación de un conflicto de seis décadas, cerca de 300.000 muertos, 6’044.355 desplazados y 7’620.114 víctimas registradas.
Ese acto, bajo la mirada atenta del presidente cubano Raúl Castro, se dio en el marco de la firma del cuarto acuerdo de la mesa de conversaciones con la insurgencia, sobre las víctimas y la justicia transicional, cuyo texto definitivo fue llamado “Acuerdo de Creación de una Jurisdicción Especial para la Paz”.
Este avance se suma a los otros puntos preacordados entre 2013 y 2014: desarrollo agrícola integral, participación en política y solución al problema de las drogas ilícitas.
“Vamos a lograr el máximo de justicia posible para las víctimas, la máxima satisfacción posible de sus derechos”, declaró el Jefe de Estado colombiano en La Habana, ante la expectativa mundial y un auditorio conformado por las delegaciones de ambas partes, los representantes de los países garantes (Cuba y Noruega), los acompañantes (Chile y Venezuela) y miembros del Congreso colombiano, entre otros.
Los anuncios conjuntos estuvieron precedidos de una reunión a puerta cerrada entre Santos y el jefe de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverry (“Timochenko”), en la cual decidieron que a más tardar en seis meses debían terminar las negociaciones, fijando como fecha límite el 23 de marzo de 2016.
También pactaron que la agrupación subversiva dejará las armas en un plazo no mayor a 60 días después de la firma final de los acuerdos.
El comunicado conjunto despejó las dudas sobre uno de los aspectos que más esceptisismo generaba en el proceso: la persistencia de los delegados de las Farc en afirmar que no estaban dispuestos a pagar “ni un solo día de cárcel”.
La jurisdicción especial que se propuso contempla condenas entre cinco y ocho años de “restricción efectiva de la libertad en condiciones especiales”.
Este beneficio, similar en tiempo al que se concedió a los paramilitares con la ley de Justicia y Paz (2005), excluye a los desmovilizados que hagan un reconocimiento tardío de sus responsabilidades, quienes purgarán la pena en reclusión convencional. También estarán exentos aquellos que ni siquiera de forma tardía reconozcan los crímenes y sean vencidos en juicio, cuyo castigo será una pena de hasta 2o años tras las rejas.
El acuerdo implica que se constituirá un Tribunal para la Paz, integrado mayoritariamente por magistrados colombianos y con participación minoritaria de jueces internacionales.
Entre los compromisos adquiridos por el Gobierno está “la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos”. El alcance de dicha medida será precisado en una ley sobre el particular.
De este indulto quedaron exentos los delitos de lesa humanidad, como el genocidio, la violencia sexual, la tortura y el desplazamiento forzado.
Si se sumaran todas las condenas vigentes contra el Secretariado de las Farc en la justicia ordinaria, se tendría una pena total superior a los 16 siglos de cárcel para este grupo de líderes insurgentes, de acuerdo con una investigación realizada por EL COLOMBIANO, con base en los expedientes judiciales y los antecedentes registrados en la Dijín.
“Este es un modelo absolutamente respetuoso con las obligaciones internacionales de Colombia (en materia de Derecho) y seguro será tenido en cuenta en otros procesos de paz”, señaló “Timochenko” en su exposición.
Y Santos valoró “el paso que han dado las Farc. Somos adversarios, pero hoy avanzamos en una misma dirección, que es la de la paz”.
En medio de los dos estuvo sentado el presidente cubano, Raúl Castro, quien los felicitó por sus esfuerzos para terminar el conflicto armado colombiano y tener por fin una Latinoamérica en paz.
Al final de las intervenciones y discursos, Castro sirvió de intermediario para el apretón de manos histórico, que tiene a los ciudadanos esperanzados en que este proceso ya no tenga retorno.
Minutos después comenzó la lluvia de declaraciones en Colombia, a favor y en contra de la situación.
El fiscal general, Eduardo Montealegre Lynett, comentó que su Institución empezará a “adaptar de manera inmediata” el método de investigación al modelo de justicia transicional que surgirá de La Habana y ordenó suspender las imputaciones que estaban planeadas contra 50 cabecillas de alto nivel de la subversión.
El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, celebró que se haya acordado excluir de los indultos aquellos delitos de lesa humanidad y el genocidio. “Las víctimas son en sí mismas el eje legitimador del proceso de paz”, precisó.
Y el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, trinó en su cuenta de Twitter que “la paz es la mejor noticia para nuestro soldados y policías”.
De acuerdo con las cifras de su despacho, entre enero y agosto del presente año fueron asesinados 142 miembros de la Fuerza Pública en actos del servicio y 1.409 quedaron heridos. En la confrontación, 132 militantes de grupos armados al margen de la ley también perecieron.
La oposición también se hizo sentir, en cabeza del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. “Para los cabecillas confesos se mencionan trabajos sociales, restricciones de libertades, pero no cárcel”, cuestionó.
Aunque parece haber una alegría generalizada por lo obtenido hasta ahora, lo que viene para el proceso de paz no es un camino de pétalos regados.
En tan solo seis meses, las partes tendrán que ponerse de acuerdo en el punto del fin del conflicto. En el tema ya hay avances, por medio de subcomisiones en las que participan oficiales activos de las Fuerzas Armadas y cabecillas del ala militar de las Farc.
Al respecto no se ha definido la forma en que los rebeldes dejarán las armas. ¿Será una entrega de arsenal al Gobierno o a un tercer país? ¿Las conservarán sin usarlas?
Luego vendrá la etapa de implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. Y el punto más crítico: someter lo pactado a la voluntad del pueblo, cuestión que suscita divergencias entre los que proponen una asamblea constituyente, un referendo o un plebiscito. En todo caso, como lo prometió ante el mundo el propio Santos, “todos los colombianos tendrán la oportunidad de refrendar, de decir sí o no”.
