Exclusivo | Estos son los 1.970 “elefantes blancos” que Petro le deja a De la Espriella
Un informe de la Contraloría entregado a EL COLOMBIANO revela que el país tiene 1.970 obras sin completar por $67,07 billones, de los cuales 1.029 —por 54,17 billones— siguen sin resolverse.
Estudié periodismo en la Universidad del Rosario en Bogotá, con mención en Relaciones Internaciones. Fui editora del medio universitario Plaza Capital e hice mis prácticas profesionales en la Unidad Investigativa del periódico El Tiempo. En el periodismo tengo gusto por temas investigativos, políticos, de denuncias y sobre coyuntura internacional. Apasionada por la lectura, los capuchinos y los atardeceres.
Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Sociología y estudiante de Maestría en Comunicación y Marketing Político. Ha trabajado en medios como Infobae y El Tiempo en secciones de Actualidad, Bogotá y Política. Más rola que el ajiaco. Le gusta el café, viajar y bordar.
Un informe de la Contraloría General de la República revela que en Colombia hay 1.970 proyectos registrados como “elefantes blancos”, obras inconclusas o proyectos críticos, por un valor conjunto de 67,07 billones de pesos.
El documento, un balance ejecutivo de gestión correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2022 y el 6 de julio de 2026, fue entregado a EL COLOMBIANO y recoge los resultados de la estrategia “Salvando Obras”, creada en 2023 a partir de la experiencia acumulada con el programa “Compromiso Colombia”, implementado desde 2018.
La iniciativa busca identificar tanto las obras que no se culminaron o que, pese a estar terminadas, nunca entraron en funcionamiento, como los llamados proyectos críticos: aquellos que aún tienen contratos vigentes, pero que acumulan suspensiones, adiciones y prórrogas que los acercan a convertirse en obras inconclusas.
Del universo de 1.970 proyectos, el organismo de control destaca que, gracias al trabajo articulado con la ciudadanía y los ejecutores de recursos públicos, se logró la culminación y puesta en funcionamiento de 536 obras entre septiembre de 2022 y julio de 2026, por 9,22 billones de pesos, a las que se suman otras 242 obras, por 2,57 billones, entregadas en administraciones anteriores.
No obstante, persisten 1.029 proyectos por 54,17 billones de pesos con problemáticas en su ejecución, de los cuales 733 ya hacen parte de las estrategias de control fiscal participativo, mientras que 296 se mantienen bajo vigilancia fiscal ordinaria.
La Contraloría también identificó, junto con las comunidades, 134 obras adicionales —por 627.079 millones de pesos— que por razones técnicas, jurídicas o administrativas se consideran irrecuperables.
Sobre las causas de estos retrasos, la entidad señaló que la problemática más recurrente tiene su origen en fallas de planeación, como estudios previos incompletos, errores de diseño e inconsistencias técnicas que terminan generando adiciones contractuales, en muchos casos hasta el límite legal permitido.
A esto se suman los incumplimientos de contratistas e interventores, las suspensiones de actividades y los problemas de flujo de recursos financieros, como retrasos en giros y pagos o insuficiencia presupuestal.
El fenómeno no es nuevo: Colombia ha acumulado, gobierno tras gobierno, obras inconclusas, promesas incumplidas y proyectos aplazados indefinidamente.
La diferencia, en este caso, es que la administración de Gustavo Petro hizo del “cambio” su principal bandera y sostuvo ese discurso hasta el final de su mandato, con anuncios de proyectos emblemáticos y metas ambiciosas en educación, salud e infraestructura.
A pocas semanas de ser sucedido por Abelardo de la Espriella, varias de esas iniciativas siguen en ejecución, mientras otras no han pasado de la etapa de los anuncios.
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Sobre esta dinámica, en entrevista con este diario, el senador electo Luis Carlos Rúa —conocido en redes sociales como el “Elefante Blanco” por su labor denunciando obras inconclusas— aseguró que “lo que pasa es que los elefantes blancos no son una coincidencia, son un modelo de negocio”.
Y explicó que “en la medida en que los contratos tienen enmendaduras, o más bien otrosíes, adiciones, prórrogas, suspensiones... ahí es donde está el negocio, en las adiciones. Y como las obras nos enseñaron en general que eran largas y eternas, entonces la gente no duda, ni sospecha”.
Es por eso que desde EL COLOMBIANO seleccionamos una serie de promesas o «misiones» que esta gestión se propuso lograr, pero que, a pesar de los años, quedaron inconclusas, sumándose así a la ya larga colección de “elefantes blancos” que tiene el país.
En educación: de la prosa a lo incumplido
El ministro de Educación, Daniel Rojas, estuvo en el municipio de Soledad en enero de este año poniendo el primer ladrillo para la esperada construcción de la Universidad del Atlántico en esa zona.
Una infraestructura prometida desde hace meses, pero que, luego de varios anuncios y pese a estar en construcción, todavía no se ha llevado a cabo.
El proyecto contempla una inversión de 47.000 millones de pesos y es financiado por el Gobierno Nacional. Ese día, Rojas destacó que “hoy pusimos la primera piedra de la nueva sede de la Universidad del Atlántico en Soledad”.
Pero así tal como reza el refrán: “del dicho al hecho hay mucho trecho”, y esa promesa, hasta el momento, es lo único que hay. La ampliación de esta sede universitaria proyecta beneficiar a 2.000 estudiantes.
La obra tiene previsto ejecutarse durante este año y ser entregada en el último trimestre. Tan solo unos meses después de que acabe la gestión de Gustavo Petro.
El representante electo Daniel Briceño fue hasta el lote en Soledad donde se está llevando a cabo la construcción de esta sede educativa.
No era la primera vez que iba, pero sí encontró lo mismo que ya había visto: un lote vacío, con poca gestión y apenas unas cuantas maquinarias en el terreno baldío.
A través de un video difundido en redes sociales, Briceño cuestionó las demoras en la construcción de esta universidad prometida, pero con la que han hecho ‘la vista gorda’.
“El ministro de Educación, el señor Daniel Rojas, vino a hacer un ‘show’ y a poner la supuesta primera piedra”, señaló. De acuerdo con lo que aseguró el representante electo, el avance de la obra sería mínimo frente a los recursos comprometidos.
“Estamos ya entrando en el mes de mayo y el avance real es del 8%. Cuando vine hace seis meses, el avance era del 1%, ahora van en el 8%. Sin embargo, no sabemos el avance del 8% de qué se trata, porque hay más de 44 mil millones de pesos comprometidos aquí”, dijo.
Pero no es el único caso. El concejal Fabián Puentes, de la bancada del Partido MIRA en el Concejo de Bogotá, denunció que un análisis técnico de las respuestas oficiales entregadas por el Ministerio de Educación Nacional, el IDU y la Agencia Atenea evidencia que, aunque el Multicampus Universitario de Suba, en la capital, se presenta públicamente como un proyecto “en ejecución”, la obra definitiva aún no ha sido materialmente iniciada.
Y es que hasta hubo una apertura de la convocatoria académica 2026-2 del Multicampus, que ya oferta más de 300 cupos en formación técnica, tecnológica y profesional, pese a que todavía no existe infraestructura definitiva construida.
“Nos preocupa que se estén generando expectativas en miles de jóvenes cuando los propios documentos oficiales reconocen que el proyecto sigue en fase de estructuración, factibilidad y futuras contrataciones”, señaló Puentes.
Según conoció este diario, los documentos institucionales contradicen los anuncios públicos sobre el avance: “El propio Ministerio de Educación reconoce que todavía no existe contratación definitiva ni del ejecutor principal de la obra ni de la interventoría para la fase convencional del proyecto”.
Puentes explicó que la estructuración integral y de factibilidad del proyecto, a cargo de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), se extenderá hasta diciembre de 2026, mientras que el inicio académico se realizará, por ahora, en infraestructura modular.
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“Nos alarma que las estructuras modulares terminen convirtiéndose en soluciones permanentes, especialmente cuando las propias respuestas oficiales hablan de una vida útil superior a 20 años para estas estructuras”, agregó.
Entre los hallazgos adicionales, el concejal señaló que el IDU reconoce ocupaciones pendientes en el Lote 2, destinado a la construcción, y que el Lote 3 no podrá entregarse hasta contar con licencia de construcción y contrato de obra definitiva, pues el proyecto funciona actualmente bajo un contrato de comodato temporal.
Aunque se han anunciado $215 mil millones para la obra mediante CONPES y vigencias futuras, la financiación integral depende aún de trámites presupuestales y cierres financieros pendientes.
“Aquí no se trata de frenar el Multicampus; se trata de garantizar que los jóvenes de Suba reciban una infraestructura educativa completa, transparente y funcional”, remató el concejal.
La salud: entre el sueño y la realidad
Una de las obsesiones de Petro, desde que fue alcalde de Bogotá, fue la de reactivar el funcionamiento del hospital San Juan de Dios. Anunciado para ser restaurado y transformado desde noviembre de 2023. Luego de muchos desacuerdos entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá, anunciaron a principios de 2026 que habían logrado un acuerdo para intervenir el histórico centro médico.
En cuanto al avance físico, el edificio Mantenimiento ya fue entregado (diciembre de 2024) y funciona como centro educativo, siendo el único completamente terminado. Otros edificios avanzan de forma parcial.
Pero hay retrasos notorios: el Instituto Materno Infantil debía entregarse restaurado en el primer trimestre de 2026 y sigue sin completarse, y la Torre Central, pieza clave del complejo, apenas tiene estudios y diseños.
De hecho, en agosto de 2025, Petro regañó públicamente a sus ministros de Salud (Guillermo Alfonso Jaramillo) y de Cultura (Yannai Kadamani) por los retrasos en la intervención de esa torre. La meta oficial del Gobierno es llegar a agosto de 2026 con el 70% del complejo en obra y el 30% completamente terminado.
Sin embargo, a pesar de que las obras para la intervención están en ejecución y de que, por ende, no hay atención a pacientes, el MinSalud ha estado contratando personal para su funcionamiento.
Justo este 2 de julio de 2026, se expidió el Decreto 0685, con el que eliminó el requisito que ataba la contratación de personal a la entrega real de los edificios ya recuperados, y lo sustituyó por un criterio ambiguo de “operatividad territorial”.
Ese cambio abrió la puerta para vincular a 1.686 empleados —con un costo estimado de al menos $200.000 millones anuales— en una infraestructura que, a la fecha, sigue sin estar lista para atender a un solo paciente. Pero hay más.
“Ya ha pasado que pongo la primera piedra y no ponen ninguna más”, dijo Petro en un evento. Y en efecto, algo así pasó en el municipio de Miraflores, que debía levantarse el Hospital de Primer Nivel Albert Schweitzer.
El contrato, a cargo del Consorcio Hospital Miraflores 3378, tenía que entregarse a finales del 2025. Con corte a febrero de este año, como reveló la congresista Katherine Miranda, no había una sola estructura visible que justificara los recursos comprometidos.
Y, sin embargo, ya se habían girado más de 8.749 millones como anticipo, casi el 30 % de un contrato que en total asciende a 29.163 millones. Ya en agosto de 2025, la Procuraduría había abierto una investigación disciplinaria contra las partes involucradas en el proceso contractual.
El grueso de la plata es de la Nación. Del total, 4.747 millones fueron aportados por el departamento, mientras que casi el 80 % del dinero lo dio el Estado. Hizo parte de un “megagiro” que le hizo el Gobierno, por medio del Ministerio de Salud, a las regiones.
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A mayo de 2024 ya había destinado más de 230.000 millones de pesos para mejorar infraestructura física; en una semana incluso comprometió casi la mitad de ese monto, según conoció El Tiempo.
El hospital fue asignado tras un proceso de licitación que comenzó el 2 de febrero de 2024 y terminó el 9 de mayo con la adjudicación al Consorcio Hospital Miraflores 3378, que fue el único que se presentó a la licitación.
Cabe señalar, sin embargo, que quien contrató, adjudicó y supervisó la obra no fue el Ministerio, sino una entidad territorial: la ESE Red de Servicios de Salud de Primer Nivel del Guaviare, junto con la Alcaldía de Miraflores y la interventoría local.
Es allí, y no en Bogotá, donde debía ejercerse el control diario sobre el anticipo y el cronograma, y donde, según lo que se sabe hasta ahora, ese control simplemente no se llevó a cabo.
Esto se confirma con la investigación disciplinaria que abrió la Procuraduría en mayo de 2025 contra el alcalde de Miraflores, Edwin Iovanni Díaz, y seis personas más, por posibles irregularidades en el contrato.
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Corredores viales e infraestructura
A nivel territorial, fueron han sido varios los recursos que se giraron, pero que al final las obras quedaron en veremos. Y entre los varios giros a las regiones, en el Chocó, uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado, el Ministerio de Salud giró en diciembre de 2022 recursos por 10.640 millones de pesos para construir una sede de atención a víctimas y unidad de salud mental.
Pero esa plata, en lugar de convertirse en obra, quedó guardada en una cuenta bancaria durante más de un año: para abril de 2024, el propio gobernador encargado del Chocó, Boris Andrés Peña Mosquera, reconoció ante la Asamblea Departamental que los recursos ya no alcanzaban para ejecutar el proyecto, porque los precios de los materiales habían subido.
Tuvieron entonces que tramitar una ordenanza solo para poder reincorporar esos $10.656 millones —con todo y rendimientos financieros— al presupuesto de 2024, antes siquiera de poder sacar la licitación de la obra.
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Solo después de esa reincorporación llegó la licitación que terminó adjudicada a la Unión Temporal Salud Mental Chocó 2024, hoy con apenas 40% de avance físico y que debía terminar en diciembre de 2025.
El Gobierno fue quien giró casi el 73% del valor total del contrato ($14.640 millones), pero la responsabilidad territorial tiene una capa adicional: la Gobernación del Chocó, hoy en cabeza de Nubia Carolina Córdoba Curi, dejó esa plata nacional sin ejecutar durante más de un año.
Un desastre natural y viviendas en el olvido
El deslizamiento de tierra en Piojó, Atlántico, que ocurrió el 22 de noviembre de 2022, luego de que fuertes lluvias provocaran el hundimiento del terreno donde se asentaba parte del casco urbano, dejó a más de 150 familias sin vivienda y varias casas completamente destruidas e inhabitables.
Desde entonces, el proceso de reconstrucción ha estado marcado por retrasos: la UNGRD llegó a comprar un lote por 1.200 millones de pesos a cuatro kilómetros del casco urbano para reasentar a las familias, pero, tras dos años y medio, anunció que no ejecutaría el proyecto allí porque el terreno queda demasiado lejos.
Hace un año, la Contraloría calificó la intervención de la UNGRD como ineficiente y exigió a la entidad, sin resultados contundentes hasta ahora, la entrega de un cronograma claro, un presupuesto definido y un plan integral de intervención para atender a los damnificados.
Los aeropuertos a los que les faltó
En Bahía Solano (Chocó), Magüí Payán (Nariño), Cumaribo y La Primavera (Vichada) son cuatro terminales aéreas que quedarán sin terminar cuando concluya el gobierno Petro.
Hacen parte del programa Aeropuertos para los Servicios Aéreos Esenciales (Asaes), pensado para conectar por aire zonas donde no hay carreteras y de las que dependen cerca de 122.000 personas.
Se destinaron $363.763 millones de pesos y ya se desembolsó el 60% ($214.000 millones), sin claridad sobre en qué se invirtió, como reveló la Unidad Investigativa de Caracol Radio. El avance físico es mínimo: Cumaribo (18,4%), La Primavera (15,3%), Bahía Solano (5,5%) y Magüí Payán, que ni siquiera ha iniciado obras. También se han detectado sobrecostos.
Preguntas y respuestas
- ¿Cuántos elefantes blancos hay en Colombia y cuánto dinero representan?
- La Contraloría reporta 1.970 proyectos clasificados como elefantes blancos, obras inconclusas o proyectos críticos en Colombia, con un valor cercano a 67,07 billones de pesos comprometidos en estas iniciativas.
- ¿Por qué existen tantos elefantes blancos en Colombia?
- Las principales causas son fallas de planeación, problemas en diseños y estudios previos, incumplimientos contractuales, suspensiones, falta de recursos y modificaciones constantes que retrasan la ejecución de las obras públicas.
- ¿Cómo identifica la Contraloría los elefantes blancos en Colombia?
- La Contraloría los identifica mediante seguimiento fiscal, denuncias ciudadanas y la estrategia “Salvando Obras”, que revisa proyectos inconclusos, sin funcionamiento o con riesgos de convertirse en obras abandonadas.
- ¿Qué pasará con las obras inconclusas que deja el gobierno Petro?
- Las obras pendientes deberán ser evaluadas por las próximas administraciones para definir si continúan, se ajustan o se cierran. La decisión dependerá del estado técnico, financiero y jurídico de cada proyecto.