La salida del ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, volvió a poner sobre la mesa un patrón que se ha repetido varias veces durante el gobierno de Gustavo Petro: cuando un alto funcionario contradice públicamente una de las principales apuestas del Ejecutivo, su permanencia en el cargo suele quedar en entredicho.
Esta vez ocurrió apenas horas después de que Cuervo reconociera en una entrevista que otorgar estatus político a las disidencias de las Farc “no fue una buena decisión”. Ese mismo día, el presidente le pidió la renuncia.
En contexto: Petro sacó a su ministro de Justicia por no estar de acuerdo con la desobediencia civil de Cepeda y criticar la paz total
No era la primera vez que el ministro marcaba distancia de la Casa de Nariño. Meses atrás también había expresado reparos frente a la posibilidad de convocar una asamblea nacional constituyente, otra de las propuestas impulsadas por el Ejecutivo.
Aunque oficialmente el Gobierno no ha vinculado la salida con esas declaraciones, el episodio revive una constante que ha acompañado buena parte del mandato: varios funcionarios que hicieron públicas sus diferencias con el presidente terminaron dejando sus cargos poco después.
Los ministros que dijeron “no” y terminaron fuera
Quizá el caso más recordado ha sido el del entonces ministro de Educación, Alejandro Gaviria. Desde el comienzo del gobierno expresó reparos frente a la reforma a la salud que impulsaba el Ejecutivo.
Cuando iba a ser radicada la reforma por primera vez, Gaviria (exministro de Salud), junto a otros de sus compañeros de gabinete, le hicieron llegar advertencias sobre las falencias de esa reforma al Presidente: alertaban sobre todo de una imposibilidad para financiar el sistema que proponía. Días después salió del gobierno, apenas duró seis meses como ministro.
Apenas dos meses después, y en medio de un gran remezón ministerial, también salieron del gabinete Cecilia López y José Antonio Ocampo.
López había manifestado desacuerdos con algunos puntos de la reforma agraria y con la posibilidad de adquirir tierras mediante mecanismos distintos a la compra voluntaria. Señaló incluso que miembros del Ejecutivo pretendían meter un artículo a última hora en el Plan Nacional de Desarrollo para facultar al Gobierno a realizar “expropiaciones exprés” de tierras.
Por su parte, Ocampo mantuvo una postura más moderada frente a varias de las reformas económicas y defendió una mayor prudencia fiscal, posiciones que contrastaban con algunos sectores del Gobierno.
Y algo similar pasó con Diego Guevara. Su permanencia fue una de las más cortas, aunque en su caso habría renunciado por su cuenta. Apenas semanas después de asumir el cargo, reconoció públicamente que era necesario hacer recortes presupuestales para cumplir la regla fiscal, una posición que chocó con la intención del presidente de mantener el impulso al gasto. Pocos días después salió del Ministerio.
Más recientemente, Laura Sarabia dejó el Ministerio de Relaciones Exteriores para recibir el “castigo”, como el mismo Presidente dijo, de ser embajadora en el Reino Unido. Tras expresar reparos frente al manejo del contrato para la expedición de pasaportes, Sarabia sostuvo que no podía acompañar una medida con la que no estaba de acuerdo.
Las discusiones al interior del Ejecutivo no son inusuales en cualquier administración. Lo que ha llamado la atención en este gobierno es que varias de esas diferencias terminaron trasladándose al escenario público y, en distintos casos, fueron seguidas por la salida de los funcionarios involucrados.
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