Desde que en 2023 el Gobierno del presidente Gustavo Petro resolvió que —ante su fracaso de sacar adelante una reforma en el Congreso— la forma de cambiar a su manera el sistema de salud era intervenir cuantas entidades promotoras de salud (EPS) pudiera. Lo hizo por medio de la Superintendencia de Salud, la entidad con facultades para tomárselas: sacan a las juntas directivas que representan a los dueños y ponen al frente a un agente interventor.
Si bien el Gobierno aseguró que tomaba posesión para solucionar problemas financieros y de atención que estaban presentando, lo cierto es que cada vez hay más datos que muestran que, lejos de arreglar esos líos, terminaron fue incrementándolos y agrandándolos.
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Las más recientes cifras que se conocieron del impacto son de la Unión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (Unips), que publicó su “Análisis financiero y de cartera de las EPS” correspondiente al primer trimestre de 2026.
¿Cómo están las finanzas de las EPS?
El informe evidencia un deterioro sostenido de la situación financiera de las EPS entre el primer trimestre de 2022 y el mismo periodo de 2026. El análisis, elaborado con información reportada a la Superintendencia Nacional de Salud, muestra que el patrimonio negativo, las pérdidas operacionales y la siniestralidad han aumentado de manera progresiva, mientras el número de entidades que reportan información ha disminuido por liquidaciones y falta de entrega de estados financieros, entre ellas Nueva EPS, que no reporta información correspondiente a 2024, 2025 y 2026.
El patrimonio consolidado pasó de un déficit de $429.000 millones en 2022 a $18,2 billones negativos en 2026, multiplicándose 42 veces en cuatro años. Aunque los activos crecieron hasta $20,5 billones, los pasivos aumentaron con mayor rapidez, alcanzando $38,7 billones, lo que refleja que las obligaciones de las EPS crecen a un ritmo muy superior al de sus recursos.
La siniestralidad global (EPS intervenidas y no intervenidas) también alcanzó su peor registro. Mientras en 2023 era de 99,2 %, en 2026 llegó a 105,6 %, lo que significa que por cada $100 recibidos las EPS gastaron cerca de $106 en costos médicos y administrativos. Paralelamente, el resultado operacional registró pérdidas por $2 billones durante el primer trimestre de 2026 y el resultado neto del ejercicio alcanzó pérdidas por $1,21 billones, el doble de las observadas un año atrás.
Las EPS intervenidas presentan un panorama aún más crítico. Su patrimonio agregado pasó de -$1,4 billones en 2022 a -$12,8 billones en 2026. Aunque los ingresos aumentaron hasta $6 billones, los costos médicos ascendieron a $6,7 billones, generando un déficit superior a $1 billón antes incluso de considerar gastos administrativos. Además, la siniestralidad llegó a 117 %, lo que evidencia que estas entidades gastan mucho más de lo que reciben.
Entre tanto, las EPS no intervenidas presentaron una siniestralidad del 99,4 % del primer trimestre de 2022, del 98,9 % en el primero de 2023, del 98,4 % en 2024, del 102,1 % en 2025 y del 100,8 % en lo que va de 2026.
El informe identifica a Coosalud, Famisanar, Emssanar y Asmet Salud como las EPS intervenidas con mayor deterioro patrimonial, mientras que Cajacopi es la única que mantiene patrimonio positivo durante todo el periodo analizado. También advierte que la ausencia de información financiera de Nueva EPS desde 2024 impide conocer el impacto real de la entidad más grande del sistema.
Entre las EPS no intervenidas también persisten dificultades. De las 15 entidades analizadas, ocho presentan patrimonio negativo por $6,1 billones, encabezadas por Sanitas, con -$2,9 billones, seguida por Savia Salud, Compensar, AIC, Mallamas, SER, Comfenalco Valle y Capital Salud. Aunque siete EPS mantienen patrimonio positivo, sus resultados solo reducen parcialmente el déficit agregado, que permanece en -$5,3 billones.
En conjunto, el documento concluye que el patrimonio negativo bruto asciende a $19,23 billones, concentrado principalmente en cinco EPS: Coosalud, Famisanar, Sanitas, Emssanar y Asmet Salud, responsables del 74 % del déficit patrimonial del sector.
Las deudas que tienen las EPS
El estudio también revisó las cuentas por pagar de las EPS y las cuentas por cobrar de las IPS con base en la Circular Conjunta 030 de 2013, cuyo objetivo es facilitar la conciliación y el saneamiento de cartera entre aseguradores y prestadores de servicios de salud. En el proceso participaron 4.194 IPS del régimen contributivo y 3.723 del subsidiado, predominando ampliamente las instituciones privadas.
En el régimen contributivo, las EPS reportaron $31,9 billones en cuentas por pagar, mientras las IPS informaron $41,2 billones en cuentas por cobrar, reflejando diferencias importantes entre ambas fuentes. En el régimen subsidiado, las cuentas por pagar ascendieron a $9,5 billones y las cuentas por cobrar a $12,3 billones.
El informe destaca que los mayores niveles de coincidencia entre la información reportada por EPS e IPS se presentan en las instituciones públicas, mientras que las privadas registran diferencias significativas. En el régimen contributivo, la coincidencia total alcanza el 101% en las IPS públicas, frente al 73 % en las privadas. En el subsidiado, las IPS públicas llegan al 98 %, mientras las privadas apenas alcanzan el 67 %.
Estas diferencias evidencian problemas persistentes en la calidad de la información, los procesos de conciliación y el reconocimiento de las obligaciones financieras, por lo que el documento recomienda fortalecer los sistemas de información y promover espacios permanentes de conciliación entre aseguradores y prestadores.
No solo son las deudas, son las demoras
Uno de los principales hallazgos es el elevado nivel de mora de la cartera. En el régimen contributivo, el 93 % de las cuentas por pagar reportadas por las EPS supera los 60 días de antigüedad, equivalente a $29,8 billones. Las IPS también reportan que $38,5 billones de sus cuentas por cobrar tienen más de 60 días de vencimiento.
En el régimen subsidiado la situación es similar. El 90 % de las cuentas por pagar de las EPS ($8,63 billones) y el 92 % de las cuentas por cobrar de las IPS ($11,2 billones) corresponden a cartera vencida superior a 60 días.
El informe también analiza las EPS sometidas a medidas especiales de vigilancia o intervención. Estas entidades concentran aproximadamente 46 % de los afiliados del sistema, es decir, cerca de uno de cada dos usuarios del país. En el régimen subsidiado representan el 59 % de los afiliados, mientras que en el contributivo corresponden al 31 %.
Nueva EPS concentra el mayor número de afiliados bajo medidas especiales, con 11,3 millones de usuarios, seguida por Coosalud, Famisanar, Emssanar y Asmet Salud. En conjunto reúnen el 89 % de los afiliados de las EPS intervenidas.
Respecto a la cartera, Nueva EPS reportó $21,1 billones en cuentas por pagar distribuidas entre 2.274 IPS, la totalidad con más de 90 días de mora. El documento resalta que esta cifra prácticamente duplica la registrada un año antes. Famisanar reportó $2 billones, de los cuales el 73 % supera los 90 días, mientras Coosalud informó $1,9 billones, con el 57 % en mora.
En términos agregados, las EPS adeudan $41,5 billones, de los cuales $38,4 billones corresponden a cartera superior a 90 días. Las EPS intervenidas presentan la situación más crítica: concentran $27,3 billones en obligaciones y 97,6 % de esa cartera se encuentra vencida.
La conclusión del informe de la Unips
El informe concluye que la situación financiera de las EPS continúa deteriorándose como consecuencia del aumento del patrimonio negativo, las pérdidas y la siniestralidad. Las entidades intervenidas presentan la mayor vulnerabilidad financiera y atienden a cerca de la mitad de los afiliados del sistema.
Asimismo, persisten elevados niveles de cartera vencida entre EPS e IPS, con más del 90% de las obligaciones superando los 60 días de antigüedad. A esto se suman diferencias importantes entre la información reportada por aseguradores y prestadores, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los procesos de conciliación, saneamiento de cartera y calidad del reporte financiero para mejorar la sostenibilidad del sistema de salud colombiano.
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