Las 10 promesas en educación que Gustavo Petro ha incumplido
Aunque ese sector fue una de sus principales apuestas, los resultados del Gobierno muestran resultados nulos, a medias, con polémicas o inflados
Comunicador social de la Universidad Santo Tomás. He ejercido desde 2016 en medios como Citytv, Cablenoticias, W Radio, La Liga Contra el Silencio y El Espectador. Llegué a El Colombiano en 2022 para cubrir temas de salud y educación. Me he centrado en el manejo del sistema de salud y la reforma impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro, así como en temas de género. Futbolero e hincha de Atlético Nacional.
Desde el minuto uno de su mandato, el presidente Gustavo Petro se puso el listón: “Ser una sociedad del conocimiento, es decir, una sociedad donde todos sus integrantes tengan el máximo de escolaridad y cultura, no es una utopía (...). Llegó el momento de devolverle la deuda a nuestra educación pública para que alcance a todos y todas, y sea de calidad”, expresó en su discurso de posesión el 7 de agosto de 2022.
Bajo esa premisa es que su gobierno ha orientado los esfuerzos en el sector de educación, y de ciencia y tecnología, aunque eso signifique casar peleas, perjudicar jóvenes y recortar recursos para becas, programas e iniciativas. Si bien el presupuesto para este sector tuvo un récord de $79,2 billones para 2025, históricamente cerca del 92% se va en gastos de funcionamiento —que incluye los del Ministerio de Educación y el pago de salarios de docentes y administrativos—.
Algo que hasta el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) reconoce como una dificultad para hacer frente a las necesidades de acceso y calidad, especialmente en zonas rurales y vulnerables. Aún así, el principal obstáculo que enfrenta el gobierno Petro no es ese contexto, sino las promesas que hizo el hoy mandatario en la campaña de 2022 y sus resultados a siete meses de terminar su periodo. Estos pasan por ser nulos, cumplidos a medias, con polémicas o inflados.
En ese sentido, el exviceministro de Educación Preescolar, Básica y Media, Víctor Saavedra, hizo un compendio de por qué el presidente Petro le incumplió a Colombia con su promesa de “ser una sociedad del conocimiento”.
Allí incluyó la eliminación del subsidio a la tasa de interés de las cuotas del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex); la confusión con el número de nuevos cupos que se han creado; la suspensión de financiación a históricos programas de créditos y becas, como Colfuturo; así como a las abiertas interferencias que han hecho en la autonomía de instituciones como la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia, y la tibia acción frente a los escándalos que rodean a la Fundación de Educación Superior San José.
El listado pasa también por los escándalos en el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), a la que llegaron agresores sexuales, personas sin experiencia y familiares de políticos, como lo denunció este diario en julio pasado; la situación del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), que lejos de apartarse de la histórica politización que ha vivido, la continuó, presuntamente, con el representante a la Cámara David Racero (Pacto Histórico) y la pedida de puestos; al igual que el desfinanciamiento de la agencia de emprendimiento e innovación iNNpulsa, que luego fue unificada con Colombia Productiva.
En este artículo, EL COLOMBIANO seleccionó 10 promesas que Petro ha ido incumpliendo a lo largo de su periodo y las razones. Este diario buscó al Mineducación para preguntarle sobre los hechos expuestos en este informe periodístico (referentes al presupuesto de inversión para educación, matrículas, construcción de sedes universitarias y creación de cupos en educación superior) y agregar un pronunciamiento. Sin embargo, hasta el cierre de la edición, no enviaron respuesta.
La decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana, Luz Karime Abadia, advirtió que para 2025 el presupuesto de educación tuvo un recorte del 8% y que del total de recursos históricamente el mismo porcentaje se destina para mejorar la calidad en los niveles preescolar, básica, media y superior, mientras que el restante 92% se va para gastos de funcionamiento: pagos de nómina, servicios públicos y operación del ministerio.
Datos de esa cartera muestran que el gasto público en educación como porcentaje del PIB en este gobierno ha sido de 3,4% (2022), 3,7% (2023) y 4,1% (2024). Desde 2002 el porcentaje más alto ha sido del 4,4% (2003, 2004 y 2020) y el más bajo ha sido del 3,3% (2007).
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Los datos del Sistema de Información Nacional de Educación Básica y Media (Sineb) del ministerio muestran que las matrículas para educación básica (grados 1° a 9°) en el gobierno Petro han tenido disminuciones históricas. En el sector oficial, la tasa de crecimiento anual en primaria (1° a 5°) fue del –2,2 % en 2022, del –2,4 % en 2023 y del –2,2 % en 2024. El porcentaje más bajo de los que hay registro fue de –2,8 % en 2017.
En secundaria (6° a 9°) fue del –3 % en 2022, del –3,9 % en 2023 y del –3,4 % en 2024. La cifra de 2023 es la más alta desde 2016. Entre tanto, en el sector privado hubo una tasa de crecimiento en primaria del 4,1 % en 2022, del 5 % en 2023 y del –0,6 % en 2024. El porcentaje más bajo fue del –9,3 % en 2021. En secundaria fue del 1,9 % en 2022, del 1,6 % en 2023 y del –1,3 % en 2024. La cifra más baja data también de 2021 con un –4,3 %.
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En mayo de 2024, el presidente Petro puso en marcha el cambio de modelo de salud para los maestros. El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, dijo que era un piloto de la reforma al sistema general que impulsaron sin éxito en el Congreso. Ese viraje terminó en que, para agosto de 2025, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) tenía un déficit de $2,7 billones. Tanto así que el entonces vicepresidente de esa entidad, Aldo Cadena, pidió que se trasladaran $1,17 billones de las pensiones y cesantías de los maestros para tapar ese hueco. En diciembre pasado la Fiduprevisora (que administra la plata del Fomag) confirmó ese movimiento de recursos.
Durante la campaña de 2022, el entonces candidato Gustavo Petro prometió condonar la deuda de los jóvenes con el Icetex. A siete meses de terminar su gobierno, esa promesa quedó en que, para diciembre de 2025, a 8.345 jóvenes se les condonó total o parcialmente su crédito educativo. La cifra de personas con créditos activos con esa entidad es de 887.393.
No obstante, las noticias para quienes estaban pagando las cuotas de sus créditos educativos fueron malas para sus bolsillos. En febrero de 2025 el Icetex anunció que eliminaba el subsidio a la tasa de interés para los beneficiarios en periodo de pago.
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La razón expuesta fue la “compleja situación fiscal” del país, lo que implicó que esas personas (en su mayoría de estratos 1, 2 y 3) enfrentaron tasas de interés de entre el 12,2 y el 17,2 por ciento efectivo anual (EA). Eso terminó subiendo en hasta un 90 % el valor de sus cuotas mensuales.
El Ministerio de Educación habla de 130 proyectos de infraestructura para la educación superior en 25 departamentos, y de que esa cifra se alcanzó en “tan solo tres años”, cuando solo había 19, según sus guarismos.
La información de la Oficina de Infraestructura Educativa de esa entidad advierte que de ese total están en estructuración 67, en contratación 9, en ejecución 35, terminados 14 y suspendidos 3. Pero solo 46 son construcciones (no mejoramientos, ampliaciones o adecuaciones). De esos 46 proyectos, 34 están en ejecución o estructuración, uno está suspendido y 6, terminados (dos fueron estudios y diseños).
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La ley del embudo fue lo que aplicó el gobierno Petro con tres universidades cuyos nombres se hicieron mediáticos en los últimos años: la Nacional, la de Antioquia y la Fundación San José. En la Nacional, desde marzo de 2024, intervino para no firmarle la posesión al rector legalmente electo (José Ismael Peña, según el Consejo de Estado) y, en noviembre de 2025, cuando convocó a sesión al Consejo Superior que nombró un rector encargado.
En la UdeA el ministerio destituyó al rector John Jairo Arboleda por haber “dificultado” la labor de vigilancia sobre la institución y dejar inconclusa una estrategia para “corregir su situación financiera”. Entre tanto, con la San José — señalada de dar títulos falsos y que está verificando la validez de 44.000 títulos— recién en noviembre le abrió una investigación por posibles incumplimientos en procesos de graduación.
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“El diablo está en los detalles”, dice el viejo y conocido refrán. El Presidente y su ministro Daniel Rojas “confundieron” número de cupos con número de estudiantes. Así quedó expuesto cuando ambos, en agosto de 2025, mencionaron que su meta de política de educación superior es crear 500.000 cupos y que en lo que va del mandato han podido crear 190.000. Pero lo que se incrementó fue el número de estudiantes y no de cupos, que es distinto.
“Sí hay 190.000 nuevos estudiantes en educación superior durante el Gobierno”, explicó el entonces subgerente de Prospectiva y Desarrollo Nacional, Mario Valencia. Y es diferente porque, a modo de ejemplo, una universidad puede contar con 80 cupos un año y ocuparlos todos.
Al siguiente año esa institución aumenta sus cupos a 82 y entran la misma cantidad de estudiantes: esto querría decir que habría 82 estudiantes nuevos, pero solo 2 cupos nuevos.
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Imbuido en la lucha y el odio de clases, el Gobierno dejó de financiar el Programa Crédito Beca (PCB) de Colfuturo: una alianza que durante dos décadas permitió que más de 17.000 colombianos cursaran maestrías y doctorados en universidades de alto nivel en el extranjero. Por eso, la entidad operará en 2026 sin el respaldo financiero del Estado.
Los datos de Colfuturo señalan que los beneficiarios de sus becas entre 2007 y 2025 corresponden en su mayoría (59 %) a estratos 1, 2, 3 y 4, pero según Petro, solo se las da “a personas del estrato 4, 5 y 6, solo en Bogotá y Medellín”.
Entre tanto, al convenio de becas Fulbright Colombia, que tenía en apoyo del Ministerio de Ciencia, también le suspendieron la financiación. Por ello, en mayo pasado solo se ofertaron cinco cupos de becas para estudiar una maestría en Estados Unidos. Según explicó Fulbright, el Gobierno decidió hacer una revisión del impacto que han tenido los becarios en el país.
En mayo de 2025, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) hizo un recorte presupuestal de $30.000 millones, que afectó convenios que tenía en Bogotá con la Secretaría de Integración Social y otros programas como hogares comunitarios e infantiles y la atención a menores de edad.
La directora de la entidad, Astrid Cáceres, dijo que fue un acuerdo común entre la Nación y el Distrito que la ciudad puede asumir la financiación. En Medellín el recorte, según el alcalde Federico Gutiérrez, fue pasar de $72.000 millones anuales a solo $20.000 millones.
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Flor de un día fue el anuncio de Gustavo Petro de abrir una convocatoria a tres días de iniciar su mandato para que las personas con título de doctorado pudieran “colaborar con la conducción del Gobierno”. A mediados de 2024 —casi dos años después—, las respuestas a dos derechos de petición que enviaron el concejal de Bogotá, Julián Sastoque, y la senadora María Fernanda Cabal indicaron que ningún doctor ni doctora estaba trabajando con el Ejecutivo.
A Sastoque le contestaron de Presidencia que el Departamento Administrativo estaba “adelantando el proceso de recopilación y verificación de la información”, mientras que a Cabal le respondieron que no habían contratado a nadie como resultado de la convocatoria del presidente.
Lo paradójico es que de los ministros que ha tenido Petro, solo tres tenían doctorado: el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo; el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, y la actual ministra de Ciencia.
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