No es nuevo decir que durante los gobiernos de Gustavo Petro y Andrés Julián Rendón el gobierno central y el regional tuvieron la peor relación de su historia reciente. Desde la región se acusa al gobierno Petro de estigmatizar al departamento y dejarlo solo en grandes obras, especialmente de infraestructura: las 4G, el Túnel del Toyo, el Tren del Río, la ampliación del José María Córdova y el acueducto de Urabá son solo algunos de los proyectos claves del departamento, pero no para el Gobierno Nacional.
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Sin embargo, la inacción del Gobierno Nacional en estos frentes no significa necesariamente que no esté interesado en lo que pasa en el departamento o en ejercer poder en él. De hecho, el gobierno Petro ha intentado en diversos frentes y ocasiones hacerse con el mayor poder regional posible para tomar decisiones y manejar presupuestos multimillonarios que antes estaban en manos de poderes regionales. En otras palabras, ha querido (y ha logrado) quitarle autonomía a la región a través de intervenciones, vigilancias y golpes burocráticos.
Ejemplos hay en todos los frentes —salud, educación, movilidad, cajas de compensación— y tamaños: desde la EPS Savia Salud, que antes estaba mal pero que ahora está peor, hasta la Universidad de Antioquia, donde le hicieron el “chú-chú-chú” al rector que el mismo Gobierno Nacional ayudó a elegir un año antes.
Un recuento: a mediados de 2023, la Supersalud ordenó la intervención forzosa de Savia Salud, la principal EPS del régimen subsidiado de Medellín y Antioquia que atiende a cerca de 1,7 millones de personas en el departamento. El argumento fue que para ese entonces la EPS tenía deudas por cerca de $800.000 millones con la red prestadora, esto sumado a un aumento en las quejas de los usuarios ante la Supersalud por las demoras en las citas médicas, entregas de medicamentos y dificultad para acceder a exámenes médicos.
Pues bien, ya han pasado más de dos años desde que el Gobierno Nacional asumió las riendas de la EPS y, en lugar de mejorar, ha empeorado. Tanto es así que en ese lapso ya han pasado cuatro gerentes interventores y ninguno ha dado pie con bola. Para comienzos del año pasado, los pasivos ya eran de más de $1,2 billones, es decir, 33% más que los que tenía cuando pasó al control del Gobierno Nacional. Por otra parte, los desacatos de los afiliados crecieron más del 600% entre 2022 y 2025. No obstante, en mayo pasado el Ministerio de Salud ordenó prorrogar la intervención otro año.
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En septiembre de ese mismo año la Superintendencia de Subsidio Familiar ordenó la intervención de Comfenalco, la caja de compensación que afilia a más de 420.000 trabajadores antioqueños, alegando presuntos malos manejos financieros, especialmente un presunto “riesgo jurídico y patrimonial” por el giro de $10.000 millones de recursos remanentes a una fiducia.
En marzo pasado, cuando faltaban un par de semanas para que el Gobierno Nacional decidiera si levantaba o continuaba la intervención, el entonces gerente interventor aseguró que la caja tenía “las condiciones financieras y jurídicas para no seguir intervenida”. Sin embargo, el Gobierno no solo extendió la intervención un año más sino que sacó al interventor para nombrar a Javier Ricardo Torres, un abogado caleño sin ninguna experiencia ni en Antioquia ni en cajas de compensación.
Pero no en todos sus intentos por patear el tablero del poder regional, el presidente Petro ha tenido éxito. Hay que recordar que también en 2023 cambió a sus cinco representantes en la junta del Metro y semanas después citaron a una junta extraordinaria para remover al gerente Tomás Elejalde y poner en su lugar a un aliado de Daniel Quintero, algo que finalmente no logró tras una masiva presión de la opinión pública.
El golpe más reciente del gobierno Petro en las instituciones regionales y quizás el más fuerte de los que ha dado ocurrió la semana pasada: en vísperas de año nuevo y con los estudiantes, profesores y administrativos de vacaciones, el ministro de Educación, Daniel Rojas, sacó al rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda, en una jugada política que cocinó durante meses en medio de una crisis financiera que enfrenta la Universidad, que acumula déficit anuales de más de $100.000 millones y que debe reducir sus gastos en al menos un 10% este año si no quiere seguir pasando penas.
No obstante, expertos han asegurado que la razón principal de ese déficit financiero tiene que ver con un problema estructural de financiación de las universidades públicas en Colombia que durante 30 años recibieron recursos de la nación indexados a la inflación, cuando los costos educativos crecían muy por encima de esa medida, pues las universidades se ampliaron, recibieron más estudiantes y los profesores se especializaron y empezaron a cobrar mucho más.
El cambio de ese esquema de financiación se cambió por fin a finales del año pasado, pero no fue suficiente para salvarle el puesto a Arboleda, a quien todavía le quedaban dos años de rectoría. Incluso, una vez ordenaron su salida y el nombramiento del médico Héctor Iván García, el Ministerio anunció una transferencia adicional de $70.000 millones.
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Y es que si bien Arboleda había recibido críticas por el supuesto derroche financiero de la Universidad, a la que la plata no le alcanzaba a pesar de que tanto el Gobierno Nacional como el departamental le habían aumentado las transferencias por encima de lo mínimo que establecía la ley, lo cierto es que no hay condenas de presuntos hechos de corrupción.
De ahí que desde la región hayan reclamado que la radical decisión de remover al rector Arboleda, pasando por encima del Consejo Superior Universitario, el máximo órgano de la institución que lo eligió, es una violación a la autonomía universitaria y una nueva intromisión en una gran institución antioqueña (la segunda mejor universidad pública del país, según escalafones académicos) que para este año (electoral, además) tiene un nada despreciable presupuesto de $1,77 billones. Incluso el gobernador Andrés Julián Rendón, que no era afín a Arboleda y que incluso votó por otra candidata en las elecciones de 2024, consideró inconveniente su remoción abrupta: “Una cosa es que el rector sea un mal administrador; otra muy distinta es que, una vez más, Petro vulnere la autonomía de una institución que pertenece a los antioqueños”, señaló.
Pero, ¿qué pretende el Gobierno Nacional poniendo sus fichas en las principales instituciones de Antioquia? El diputado Luis Peláez (de oposición a Rendón, por demás) aseguró que lo que buscan es que personas cercanas al proyecto político del presidente “acumulen más poder, más dinero, más burocracia” y, en ese sentido, más votos. “Los aliados de Petro como Julián Bedoya y Carlos Andrés Trujillo ya tienen Corpourabá y Corantioquia, Savia Salud, Comfenalco y ahora tendrán la U. de A.”, señala.
En su opinión, lo que ha pasado con las instituciones intervenidas es que se convierten en un fortín burocrático donde no se tiene en cuenta ni la experiencia ni la calidad de los servicios, de allí que poco o nada haya mejorado en esas entidades después de las intervenciones.
Sobre la incursión en la Universidad de Antioquia, Peláez asegura que si realmente el Gobierno Nacional hubiera querido ayudar hubiera llegado con más recursos hace dos años cuando se agravó la crisis. Además, señala que el presidente Petro y su gabinete, tan exigentes que han sido para calificar y sacar funcionarios en las instituciones antioqueñas, no son precisamente un ejemplo de buenas prácticas administrativas y financieras.
“Es un gobierno que llega tarde a los problemas, que no tiene autoridad moral para hablar de corrupción, malos manejos o derroches. Si el déficit financiero es razón para sacar al rector, también habría que sacar al presidente Petro por eso”, asegura.
Peláez ve con preocupación el manejo que la nueva administración pueda darle a la Universidad precisamente en un año electoral, pues en la educación, como en la salud, al ser servicios vitales, tienen reglas de juego diferentes y más laxas a la hora de contratar. “Ahí no aplica Ley 80 ni Ley de Garantías”, concluyó.
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