“Ahorro necesario para pensión de salario mínimo saltó de $350 a $550 millones”: presidente de Protección
Juan David Correa, presidente de Protección, revela que el alza del salario mínimo encareció la jubilación un 50%. Además, advierte riesgos fiscales en la reforma y defiende la rentabilidad de las inversiones de los fondos en el extranjero.
El sistema pensional colombiano enfrenta un momento de cambios profundos tras el agresivo ajuste del salario mínimo y el limbo en el que se encuentra la reforma del Gobierno Petro. Juan David Correa, presidente de Protección, analiza cómo producto de los nuevos ajustes el capital necesario para jubilarse –con el mínimo– escaló a niveles preocupantes.
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En esta entrevista, Correa también desglosa el impacto fiscal de los subsidios y advierte sobre los riesgos de repatriar inversiones. Además, defiende la diversificación internacional del ahorro como el motor que genera el 70% de los rendimientos de los aportes de los colombianos.
¿Cómo impacta el reciente aumento del salario mínimo a los fondos de pensiones y a la jubilación de los colombianos?
“Las pensiones se ven afectadas directamente por el incremento del salario mínimo. En Colombia, la pensión mínima está establecida por la Constitución sobre esa base. En la medida en que el incremento sea considerablemente superior a la capacidad de generación de valor de los recursos, los colombianos deberán acumular sumas adicionales para alcanzar su jubilación. Con incrementos tan considerables como el actual, se vuelve más difícil lograr el capital necesario para una pensión mínima”.
¿Tienen un cálculo de cuánto capital extra requerirá ahora un trabajador para pensionarse?
“Hay dos consideraciones. En el régimen público de Colpensiones, los requisitos de semanas y edad se mantienen, pero la mesada se ajusta. En el sistema privado, donde existe la posibilidad de pensionarse anticipadamente si se tiene el capital necesario, el desafío es mayor. Antes del incremento, una renta vitalicia para una pensión de salario mínimo costaba aproximadamente 350 millones de pesos. Con los impactos del aumento salarial y otros decretos, hoy se requieren cerca de 550 millones de pesos. Es un incremento de casi el 50% en la suma necesaria”.
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¿Este impacto se mantiene incluso si entra en vigencia la reforma pensional del Gobierno?
“Sí. Independientemente de la reforma, el sistema pensional colombiano tiene el salario mínimo como variable fundamental. Al ser la mesada mínima, cualquier incremento superior a los cálculos técnicos —por encima de la inflación y la productividad— genera un impacto. Existe un fenómeno técnico llamado deslizamiento, que es la diferencia entre el IPC y el aumento del salario mínimo; cuando esta decisión es política y no técnica, se generan sobrecostos en el sistema”.
¿Qué sucede con quienes ya están pensionados bajo la modalidad de retiro programado en los fondos privados?
“En el retiro programado se calcula anualmente la mesada según el capital acumulado y la esperanza de vida. Como la ley prohibe pagar menos de un salario mínimo, si el salario sube mucho y los rendimientos no alcanzan, el capital se agota más rápido. Esto genera una necesidad de reajuste o un sobrecosto importante para garantizar que el dinero dure toda la vida del pensionado”.
¿En qué estado se encuentra actualmente la reforma pensional?
“La reforma está en un limbo jurídico. Fue aprobada por el Congreso en 2024, pero seguimos pendientes de que la Corte Constitucional decida sobre su exequibilidad. A pesar de esto, hay elementos que ya están en marcha. Uno es la ventana de traslado para personas en sus últimos diez años de vida laboral; en Protección, entre 50.000 y 60.000 personas han decidido pasar a Colpensiones, mientras otras han llegado a nosotros tras recibir la doble asesoría. Este proceso seguirá vigente hasta mediados de 2026”.
Usted ha mencionado puntos positivos de la reforma, pero también críticas estructurales. ¿Cuáles son los mayores riesgos?
“La reforma tiene elementos positivos, como el pilar solidario para población vulnerable y la unificación de regímenes para eliminar inequidades. Sin embargo, no resuelve problemas estructurales: no aumenta la cobertura y plantea una complejidad fiscal inmensa. Al extender subsidios hasta los 2,3 salarios mínimos, el costo para el Estado es muy alto. El pasivo pensional del país, que hoy es del 120% del PIB, podría elevarse hasta el 180% o 200%. Estamos comprometiendo la sostenibilidad fiscal futura del país”.
El Gobierno plantea obligar a los fondos a repatriar sus inversiones en el exterior. ¿Qué implicaciones tiene esto?
“La base de cualquier inversión es la diversificación: no poner todos los huevos en la misma canasta. Gracias a esto, hoy, de cada 100 pesos que recibe un pensionado en Protección, aproximadamente 70 pesos corresponden a rendimientos generados. Actualmente, el 48% de los ahorros de los colombianos —que suman 525 billones de pesos en los fondos privados— está invertido en el exterior”.
¿Qué establece exactamente el borrador de decreto sobre esta repatriación de capitales?
“El planteamiento es que, en un plazo de cinco años, los fondos tengan como máximo un 35% de sus inversiones en el exterior. Esto implicaría traer al mercado local cerca de 13 puntos porcentuales de la inversión total. El riesgo técnico es que limita la capacidad de los colombianos para construir un mayor valor de pensión”.
¿Existe una diferencia marcada entre la rentabilidad de invertir en Colombia frente al mercado internacional?
“Un ejercicio basado en datos desde 2011 lo ilustra: un millón de pesos invertido con diversificación internacional hoy valdría 3,2 millones de pesos. Ese mismo millón invertido solo en el mercado local valdría 1,6 millones. Es decir, la rentabilidad local ha sido la mitad de la internacional. Limitar la diversificación podría destruir valor para el ahorro de los trabajadores”.
¿Cómo visualiza la dinámica del ahorro pensional para el año 2026?
“Tiene perspectivas positivas en cuanto al nivel de empleo. A pesar de la coyuntura, los niveles de ocupación se han conservado. Si bien la informalidad ha subido ligeramente y se ubica entre el 55% y el 60%, su impacto material no ha sido considerable en el flujo de recursos. Mientras no ocurra un deterioro significativo de la formalidad, los aportes no deberían sufrir un impacto negativo”.
¿Cómo se ha comportado el flujo de consignación de las cesantías?
“Estamos terminando la temporada de recaudos y las perspectivas son alentadoras. Estimamos que el recaudo de cesantías en el país crecerá más del 10%. Este incremento se explica por el ajuste salarial y la dinámica del empleo. Para los colombianos es vital contar con ese ‘colchón’ financiero. Todo esto refuerza un mensaje estructural: como sociedad, necesitamos ahorrar más”.
En términos financieros, ¿cuál fue el balance de Protección durante el último año?
“Fue un año muy positivo. Actualmente administramos 220 billones de pesos de 8,5 millones de clientes. Al cierre de diciembre, logramos abonar a las cuentas de nuestros afiliados 21 billones de pesos por concepto de rendimientos. De ese total, 18 billones fueron incrementos para los afiliados a pensiones. Este resultado fue posible porque los mercados generaron oportunidades valiosas, tanto en la deuda pública local como en los mercados internacionales”.
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