A tan solo dos días de que entre en vigor la Ley de Garantías, el Gobierno Nacional aprobó la creación de 800 nuevos cargos en Colpensiones. La denuncia ocurre en medio de cuestionamientos en diferentes entidades del Estado sobre despidos y contrataciones aceleradas antes de que entre en vigencia la ley.
Esta decisión se toma por medio de la firma del Decreto 0076 del 27 de enero de este año, mediante el cual se modifica la planta de personal de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), una entidad adscrita al Ministerio del Trabajo.
De acuerdo con el decreto, que ya aparece en el Diario Oficial, la decisión se adopta con el objetivo de avanzar en la política de formalización del empleo público, contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo de este Gobierno.
Tras un análisis institucional, Colpensiones concluyó que requería la creación de 800 nuevos empleos con vocación de permanencia, atendiendo necesidades comerciales, administrativas y operativas de la entidad.
La denuncia la dio a conocer el exconcejal Daniel Briceño, ahora candidato a la Cámara por Bogotá. En el que aseguró que “Jaime Dussan y Petro acaban de crear 800 nuevos puestos en Colpensiones antes de la entrada de la ley de garantías”.
Además, agregó que “mientras buscan saquear los ahorros de los colombianos en los fondos privados de pensión, avanzan en burocracia y politiquería. Empleo militante”.
Lo que modifica
La norma se encargaría de modificar parcialmente el artículo segundo del Decreto 310 de 2017, que regulaba la planta de personal de Colpensiones.
Según lo expuesto en el decreto, la Junta Directiva de Colpensiones aprobó la modificación de la planta en su sesión del 16 de enero de 2026, decisión que fue posteriormente sometida a consideración del Gobierno Nacional.
Justamente, durante esta misma semana, se dieron a conocer despidos previos antes de que entre a regir esta ley. Casualidad o no, el aumento de la burocracia coincide con esta fecha. Precisamente, el apuro parece ser evidente porque la Ley de Garantías, que entra a regir en el marco del calendario electoral, busca limitar este tipo de decisiones administrativas para evitar el uso de recursos públicos con fines políticos.
Esto sucede, además, en medio de que aún no se conoce el futuro de la reforma pensional. Desde el sindicato de la entidad ya se ha venido denunciando esta situación. Desde Bogotá se realizó hoy una protesta en contra de esta decisión que se tomó desde el Gobierno Nacional.
“Sintracolpen seguirá exigiendo procesos de selección transparentes, cumplimiento de la convención colectiva de trabajo y la defensa del mérito de los trabajadores que llevamos años en la entidad”, se lee en un mensaje publicado en la cuenta oficial del Sindicato de Trabajadores de la Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones.
Otros casos
Hace tan solo dos días se dio a conocer que en el Dapre se produjo la desvinculación de al menos 30 funcionarios. La medida declaró insubsistentes a funcionarios que contaban con años de experiencia en esta entidad tan cercana a la Presidencia de la República.
En contraste, luego, desde el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, se aclaró que se habría tratado “solamente” de 12 funcionarios a los que se les pidió la remoción.
Sin embargo, también se conoció de otros casos, particularmente en la Cancillería. Al interior de esa entidad y desde el sindicato se estipuló que se trató de una salida de un “número significativo” de trabajadores de consulados, misiones diplomáticas y sedes. Hay casos de dos funcionarios que llevaban entre 18 y 30 años de carrera diplomática que salieron en los últimos días.
A EL COLOMBIANO la presidenta del sindicato de ese ministerio (que es la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular—Unidiplo), Ana María Moreno, le dijo que “funcionarios de carrera, que llevan hasta 15 años vinculados, nos dicen que no habían visto una oleada tan alta en tan poco tiempo”. Así mismo, aseguró que tienen mapeadas al menos 52 desvinculaciones.
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