Antioquia no salió bien librada en el más reciente informe de riesgo electoral publicado ayer por la Defensoría del Pueblo. Junto a Córdoba y Chocó, el departamento es uno de los territorios a nivel nacional en los que ese ente expresó su consternación por la seguridad de los candidatos y la sociedad civil para los próximos comicios legislativos y presidenciales.
El informe no solo puso de nuevo en primer plano la crítica situación de orden público por la que atraviesan municipios como Briceño, San Andrés de Cuerquia, Segovia y Remedios, sino que también fue el detonante para un nuevo choque entre los gobiernos departamental y nacional por las inestables condiciones en esas zonas.
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El reparo central fue formulado por el gobernador Andrés Julián Rendón, quien señaló al gobierno del presidente Gustavo Petro como el principal responsable del fortalecimiento de los principales grupos armados que amenazan las elecciones y que precisamente ocuparon un lugar especial en las preocupaciones de la Defensoría.
“La dificultad más grande que se tiene de cara al proceso electoral la genera el mismo Gobierno Nacional con su política equivocada de Paz Total, que lleva tres años permitiéndole a los criminales que crezcan a través de la contemporización que ejerce con ellos”, dijo el gobernador.
Las alertas de la Defensoría
A escasos meses del inicio formal de los comicios al Congreso, la Defensoría del Pueblo presentó este martes su Alerta Temprana de Riesgo electoral, una radiografía de 168 páginas en las que detalló los riesgos más importantes de cara a la cita en las urnas que se avecina y los municipios en los que se requieren acciones más urgentes.
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De los más de 1.100 municipios que se midieron en el informe, el grueso de las preocupaciones se centró en 62, en los que se hizo un llamado a la acción inmediata, y otros 162, en los que se hizo un llamado a la acción urgente. Si bien la zona más crítica es el suroccidente del país, en donde departamentos como Nariño y Cauca concentran la mayor parte de municipios con llamado a la acción inmediata (36), la región noroccidental —conformada por Antioquia, Córdoba y Chocó— no se quedó y registró 10 municipios en alerta máxima y 38 en los que se hizo un llamado a la acción urgente.
En el caso de Antioquia y su vecindario, la Defensoría expresó su consternación por la presencia de agrupaciones como el Clan del Golfo, el ELN, las Disidencias de las Farc y múltiples grupos de crimen organizado.
En los municipios más delicados, el llamado del Ministerio Público fue el de incrementar la presencia de la Fuerza Pública y priorizar las medidas de protección a candidatos, periodistas, juventudes, víctimas y firmantes de paz.
En la presentación, la defensora del Pueblo, Iris Marín, defendió además la metodología del informe, luego de que voces desde el Gobierno Nacional como el ministro del Interior, Armando Benedetti, pusieran en entredicho el conocimiento del ente del territorio colombiano.
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En medio de esa situación el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, resaltó su preocupación por los municipios con mayor nivel de riesgo, como Briceño. “Briceño llegó a ser un municipio libre de coca y minas antipersona, pero hoy, conjuntamente con Valdivia, constituye un enclave cocalero que se disputan los distintos grupos criminales. Es una situación muy lamentable a la que se ha llegado por cuenta de decisiones equivocadas del Gobierno Nacional”, expresó.
A renglón seguido, Rendón también resaltó ver preocupante que en la lista de municipios sensibles aparezcan incluso algunos del Valle de Aburrá como Bello. Finalmente, señaló que, con miras a esas zonas más críticas, se está convocando un comité de garantías para evaluar la situación y tomar medidas.
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